Ya se acerca la Navidad y el tema de la corrupción envuelta para quedar bien es algo que preocupa mucho al gobierno. “En ningún caso las personas servidoras públicas podrán recibir obsequios, regalos o similares, por parte de proveedores o contratistas con los que el Gobierno Federal guarde o haya guardado vinculación”, se encargó de recordar la Secretaría de la Función Pública, de IRMA ERÉNDIRA SANDOVAL, hace unos días.
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“Los actos de simulación que tengan como finalidad transgredir el presente acuerdo y que comprometan el ejercicio del empleo, cargo o comisión, así como la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el servicio público, serán sancionados en términos de las disposiciones aplicables”. ¡Abusados funcionarios! Tal vez no se desplomen las ventas de Etiqueta Azul en las tiendas, pero seguramente esto sí tendrá un impacto en el mercado de lujo de este país. ¿Se acuerdan de China?
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Y los proveedores y vendedores deben también tener cuidado, porque todo lo que regalen, será público de inmediato, lo que puede verse como una forma de delatar a los corruptores. “En caso de que las personas servidoras públicas del Gobierno Federal, sin haberlo solicitado, reciban por cualquier medio, de cualquier persona obsequios, regalos o similares, con motivo del ejercicio de sus funciones, empleo, cargo o comisión deberán informarlo inmediatamente al Órgano Interno de Control en la dependencia y entidad o Unidad de Responsabilidades de la Empresa Productiva del Estado, en que se encuentren adscritas, dichas unidades administrativas llevarán un registro de los mismos”, dice Función Pública.
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Mientras avanza el proceso que busca eliminar a los llamados “acopiadores”, Seguridad Alimentaria Mexicana de Ignacio Ovalle puso manos a la obra para que los productores estén enterados de los precios mínimos a los que deben vender sus mercancías.
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En el caso del frijol, por ejemplo, se estableció mediante precio de garantía que el kilo de grano debe pagarse en no menos de 14.5 pesos, por lo que se informa ya a los agricultores que, si los recolectores que aún operan en el mercado les ofrecen sumas inferiores o condiciones de pago desfavorables, apuesten mejor por vender directamente a Segalmex.
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Está claro que el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador no está dispuesto a aceptar las recomendaciones de la Auditoría Superior de la Federación para desaparecer las denominadas Tiendas ISSSTE, mismas que en los últimos cinco años han registrado pérdidas para el erario público por casi ocho mil 400 millones de pesos. La semana pasada, por ejemplo, el director general Luis Antonio Ramírez confirmó que se ordenó saldar la deuda del organismo y que, mediante la firma de convenios con instituciones bancarias, pretende rescatar a su quebrada cadena comercial.
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“A mí me gustaría que nuestros adversarios, que hablaban de que a sangre y fuego se mantuviera el operativo, ya ha pasado el tiempo, ya más tranquilos, más serenos, ofrecieran una disculpa; o si no es eso, rectificaran, que no sigan en la autocomplacencia. Porque vaya que se lanzaron fuerte, fue como un linchamiento mediático a los miembros del Gabinete de Seguridad; revisen cómo fue la conferencia del día siguiente y cómo estuvo la prensa, los medios, casi todos”. Palabras del Presidente de México al recordar el pleito perdido en Culiacán.
