Aunque existe una prohibición constitucional para que los servidores públicos afecten la equidad en los comicios e influyan en las preferencias electorales, el gobernador Jaime Bonilla Valdez inició una campaña para promover la participación “masiva” a favor del Movimiento de Regeneración Nacional en Baja California. Con una canción transmitida antes de dirigirse a la ciudadanía este sábado, desde las cuentas oficiales del mandatario se pidió, en presencia de quien será la candidata morenista a la gubernatura de ese estado, evitar “que vuelva el PRIAN, que vuelva el PRIAN”.
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Se prenden los focos amarillos y rojos en la administración de Claudia Sheinbaum, respecto a las irregularidades presentadas en los vales de estímulo de fin de año para los trabajadores de la Ciudad de México, y es que la firma TENGO! by Broxel, que lleva Gustavo Gutiérrez, presentó indicios de que los problemas supuestamente originados en la adhesión de medidas de seguridad, tienen de trasfondo la falsificación de los mismos.
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Nos cuentan que fue el 17 de diciembre pasado cuando Broxel publicó en sus redes un comunicado para informar que el 100 por ciento de sus vales de papel eran legítimos y podían ser utilizados tanto en comercios de Mercomuna participantes, como en tiendas de la talla de Suburbia, Chedraui y Soriana, y que “ciertos casos aislados en la verificación de estas nuevas medidas de seguridad” fueron atendidos. Sin embargo, posteriormente se lanzó una nueva alerta.
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Otro comunicado fue girado el 21 de enero de este año, aunque en esta ocasión en lo oscurito y para avisar, a estas mismas cadenas de prestigio, que circulan réplicas de los papeles entregados a los trabajadores del gobierno capitalino. Como asunto se lee “Medidas de Seguridad” y entre los detalles a observar, la compañía resaltó el logo alterado de la marca, pues en sus ejemplos puede leerse “Proxel” en lugar de “Broxel”. Ante esto, hay que recordar que el contrato fue hasta por tres mil 820 millones de pesos y se presumieron ahorros… ¿pero a qué costo?
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Dicen los que saben que algunos empresarios tratan de alertar a la titular del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Raquel Buenrostro. Que mientras ella tenía sus energías invertidas en mantener y aumentar las recaudaciones, aún ante la pandemia de Covid-19, en su equipo asignaron por adjudicación directa un contrato por más de 54 millones de pesos para que Decoaro y Supervisión limpiara las instalaciones en Área Metropolitana y Ciudad de México, del 24 de enero al 31 de diciembre pasado.
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Y que a pesar de que el Administrador de Operación de Recursos y Servicios “6”, Luis Alfonso Caballero, aseguró que el procedimiento se basaba en el Contrato Marco elaborado por las secretarías de Hacienda y la Función Pública, aceptó costos mensuales de 8 mil 400 pesos por cada trabajador, mientras el documento fijó como monto máximo de referencia 7 mil 715 pesos.
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Cuentan que el Sindicato Nacional de las Empresas Productivas del Estado (SNEPE) emprenderá diversos recursos legales contra la subdirección de Capital Humano y la Dirección de Administración de Servicios de Petróleos Mexicanos.
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Esto porque, aseguran, se les niega el reconocimiento como sindicato y se les bloquean labores a pesar de contar con una toma de nota vigente hasta 2024. Y es que, tras hacer varias propuestas para mejorar y economizar la operación de Pemex, el organismo liderado por Eliel Flores Ángeles recibió apenas la semana pasada un correo desde esas áreas en el que se les informa “que tras realizar consulta con la Unidad de Concertación Laboral de la Coordinación de Relaciones Laborales y Recursos Humanos, se nos comenta que no es posible brindarle a usted la atención solicitada, ya que no cuenta con la representación legal del sindicato por el que dice actuar”. Huele a protección al sindicato de Carlos Romero Deschamps.
