La semana pasada fue nefasta para la figura de los súper delegados del gobierno federal: primero la renuncia de Carlos Lomelí, a su puesto en Jalisco, por sus incontables polémicas personales; después por el efímero exdelegado en Baja California, JAIME BONILLA, actual gobernador electo, quien armó un sospechoso tinglado extemporáneo para extender su mandato tres años más, un movimiento que ya le llaman Bonillazo.
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Dicen los que saben que en Palacio Nacional acaban de poner a revisión a todos los demás delegados, quienes habrían sido nombrados de buena fe, pero que por alguna extraña razón resulta que no son los angelitos puros e incorruptibles que se esperaba. Muchos son operadores políticos locales, expertos en elecciones y sus secretos, más que eficientes administradores de la bola de delegaciones federales que desaparecieron y de las que hoy se tienen que hacer cargo solitos. No se extrañe que en los próximos días haya una epidemia de renuncias “por motivos personales” por ese motivo.
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Que en la Secretaría de Turismo de Quintana Roo, que lleva Marisol Vanegas, trabajan a marchas forzadas para integrar un informe en el que se detallen los resultados que se han obtenido con la estrategia para combatir el sargazo, plan en el que colaboran la administración estatal, los municipios afectados, los empresarios y la Semar, de Rafael Ojeda. El mencionado Informe deberá ser presentado en la segunda sesión de la Cumbre del Sargazo, la cual, nos adelantan, se llevará a cabo en la Isla de Guadalupe, en Baja California, en octubre próximo, con la participación de alrededor de 13 países del Caribe afectados por la llegada de las grandes cantidades de alga.
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Los aspirantes al programa Prepa en Línea de la SEP, que esperan la convocatoria de ingreso desde el pasado mes de junio, tendrán que seguir aguardando hasta que sus cerca de tres mil coordinadores y tutores fumen la pipa de la paz con el titular de la Secretaría, Estaban Moctezuma, y el subsecretario de Educación Media Superior, Juan Pablo Arroyo. El conflicto, nos explican, radica en que se detuvieron los pagos de los docentes durante siete meses y, ahora que finalmente comenzaron a depositarse las nóminas, los mismos quieren que se eliminen los contratos por outsourcing y se inicie un proceso de basificación que les permita mejorar sus condiciones laborales. Y que les aseguren por cierto que les van a pagar.
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Después de una pequeña rebatinga que estuvo a punto de costarle su existencia, el Gobierno federal se convenció de mantener con vida (y presupuesto) a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas a la que algunos no le veían razón de ser y sí en cambio candidata a generar ahorros. Mañana miércoles se cierra el registro para los candidatos que aspiren a encabezarla. Uno de los ya anotados, por ejemplo, es el abogado Luis Fernando Rosas, profesor de la Escuela Libre de Derecho y experto en derechos humanos. Por ahí anda el perfil de quienes tienen hasta mañana para anotarse en la dependencia que habrá de dar seguimiento, entre otros, a los diversos casos de desaparecidos en el país y a las víctimas de la creciente inseguridad.
