Dicen los que saben que José Luis Vargas Valdez, magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, anda muy molesto por el tema de las camionetas blindadas. A través de Enrique Balp Díaz, director de comunicación de la Sala Superior del TEPJF, dice que no le asignaron vehículos: “Las camionetas se encontraban en un taller mecánico para realizarles trabajos de hojalatería, pintura y estética automotriz, cuando el CJF solicitó el 17 de noviembre su devolución con el fin de reasignarlas a jueces y magistrados que forman parte del propio Consejo”.
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Nos cuentan que se detectó un mal uso de esas unidades desde hace varios meses, mientras que el vocero Enrique Balp asegura que las camionetas blindadas nunca fueron usadas por el presidente José Luis Vargas Valdez ni por ninguna otra magistrada o magistrado del TEPJF, a pesar de que aceptaron el préstamo temporal.
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Aunque aceptan que no querían regresarlas. “El 23 de noviembre, el TEPJF pidió al CJF reconsiderar la solicitud de devolución de los vehículos por el diagnóstico de riesgos que existe en algunas partes del país en materia de seguridad, solicitud que no tuvo respuesta. El TEPJF hizo la devolución el 27 de noviembre”.
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Resulta que este fin de semana, diversas organizaciones campesinas, petroleras, mineras y de transportistas firmaron lo que denominaron un “Convenio de Unidad por México” con el que acordaron impulsar conjuntamente una agenda de proyectos productivos con los que pretenden apoyar a la sociedad en general.
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El mencionado acuerdo fue suscrito por entes como la Confederación Nacional de Organizaciones Agropecuarias y Forestales, de Armando Rendón; el Sindicato Nacional de las Empresas Productivas del Estado, de Eliel Flores Ángeles; la organización de Minería de Zacatecas, de Jesús Carrillo, y el movimiento Reconciliándonos México Renace, de Juan Ramón Félix.
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A partir de esta semana quedó establecido en el Diario Oficial de la Federación un acuerdo que adiciona requisitos para que los prestadores de servicios de activos virtuales se den de alta como actividad vulnerable.
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La medida tiene como objetivo que dichos proveedores estén regulados por la Secretaría de Hacienda, de Arturo Herrera, y cuenten con una licencia o registro que permita asegurar el cumplimiento de las medidas de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo establecidas por el Grupo de Acción Financiera Internacional.
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“Si no ha subido el maíz, si no han subido los energéticos, si no han subido otros insumos, no habría motivo para subir la harina de maíz nixtamalizada ni la tortilla”, dijo ayer en la mañanera Ricardo Sheffield, ante las amenazas en las calles de este país de que este producto básico de nuestra alimentación subirá de precio. “La tortilla en tortillerías a lo largo de este año ha tenido un aumento de 1.3 por ciento acumulado en todo el año, y de autoservicios la tortilla ha tenido un aumento de 0.9 por ciento a lo largo del año”.
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