El secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval González, sorprendió al adelantar un proyecto de los militares para surtirle armas a los policías mexicanos. “Hay un proyecto dentro de nuestra industria militar que en esta administración también se ha generado. Se han incrementado las capacidades de nuestra industria militar y hemos pensado como proyecto que en algún momento, ya una vez concluida toda la infraestructura que se tiene en Oriental, Puebla, también podríamos hacer el análisis de tener la posibilidad de fabricar armas como lo hacemos actualmente para nuestra institución, fabricar esas armas para la policías, y de tal manera que el armamento, las municiones, todo lo que tiene que ver ahorita con estas armas de la policía sería más fácil tenerlas, tener un control de ellas, no depender del extranjero para poder adquirir el armamento que requieren las policías”.
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Que este fin de semana hubo noticias calientes a propósito del escándalo en que se vio involucrado Ignacio Mier, coordinador de la bancada de Morena en San Lázaro a partir del reportaje que reveló la llamada Operación Angelópolis, una trama de presunto lavado de dinero, operaciones con recursos de procedencia ilícita y evasión fiscal por 400 millones de pesos detectada por una investigación de la UIF a la empresa Multisistema de Noticias Cambio.
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Resulta que por este caso el sábado fue detenido Arturo Rueda, director de Diario Cambio, socio de Mier y a quien en los círculos poblanos se señala como el real propietario de esa empresa y en este contexto se presenta el homicidio de la activista Cecilia Monzón. En vía de mientras le tocará a Fiscalía de Puebla y a la recién designada como nueva Auditora Superior de Puebla, Amanda Gómez Nava, revisar todos los contratos con el gobierno estatal y los municipales de obras o servicios públicos de las empresas relacionadas con Multisistemas de Noticias Cambio y sus presuntas operaciones ilegales.
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Como sucedió en el caso de los abogados cercanos al ex consejero jurídico Julio Scherer Ibarra, el Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, podría sufrir en los siguientes días otro par de reveses en casos que son de su principal interés personal.
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El primero es el de la Universidad de las Américas Puebla, en el que consiguió órdenes de aprehensión irregulares contra la familia Jenkins, pues se había determinado ya en esa carpeta un No Ejercicio de la Acción Penal. El segundo asunto es el referente a la persecución de los científicos del Conacyt, en el que se insiste en ampliar la investigación contra los académicos, a pesar de que un juez negó ya órdenes de captura contra los acusados.
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Con las elecciones tan apretadas en Aguascalientes y Durango, se han reportado y denunciado ya algunos casos de violencia en el marco de los comicios. En Durango, por ejemplo, fue secuestrado el hermano de un empresario que públicamente apoyó a la morenista Marina Vitela. En tanto, en Aguascalientes la también morenista Nora Ruvalcaba denunció que un comando armado ingresó al domicilio de algunos miembros de su equipo de campaña, para agredirlos físicamente.
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