Algunos ven con interés la táctica diplomática del canciller MARCELO EBRARD, quien logró que la OEA sesione hoy en Washington para analizar la crisis política de Bolivia. Además, sorteó ayer las presiones de los reporteros que le pidieron explicar por qué México apoya un régimen que ha sobrevivido por reelección.
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Dicen los que saben que la segunda entrega del Informe de la Cuenta Pública 2018, liberada hace unos días por la Auditoría Superior de la Federación resultó, como todos lo esperaban, el balcón más grande para los funcionarios de la pasada administración.
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Revelan que en el último año de gobierno de Enrique Peña Nieto, se detectaron irregularidades en prácticamente todas las dependencias y rubros, incluso en los más de 400 millones de pesos destinados a la rendición de cuentas y transparencia. El problema, nos cuentan los expertos, es que el trabajo de David Colmenares y su equipo de poco servirá si, como en años anteriores, estas anomalías no derivan en denuncias que detonen procesos judiciales. Si hay impunidad pues.
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En Puebla, Ricardo Velázquez Cruz, Consejero Jurídico del Gobierno de Miguel Barbosa, se apunta como el funcionario con más denuncias y procesos administrativos iniciados contra funcionarios de administraciones anteriores.
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Que además de revocar hace un par de semanas 33 patentes de notarías presuntamente entregadas de manera irregular, esta semana emprendió otras 26 querellas contra exfuncionarios morenovallistas que obtuvieron títulos profesionales “patito” en una institución educativa estatal. Incluso, Velázquez Cruz inició ya el proceso para retirar la patente de la Notaría del exgobernador Mario Marín, del cual, por cierto, también fue Consejero Jurídico.
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Y nos aseguran que la inversión en exploración en la industria minera será de alrededor de 685 millones de dólares este año y las empresas del sector proponen que Hacienda, de Arturo Herrera, les haga una deducción de 100 por ciento de esos gastos en el año en que se erogan, como se hace, alegan, en todos los países mineros.
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Esta es una de las metas en las que trabajan Fernando Alanís Ortega y Karen Flores Arredondo, presidente y directora de la Cámara Minera de México (Camimex), respectivamente, además de que encabezan las propuestas de ese sector para que se establezca una política más adecuada para el pago de impuestos, lo cual incluye un retorno más rápido del IVA.
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Las compañías buscan un mejor tratamiento fiscal, para un sector importante en este rubro, ya que las firmas mineras pagaron casi 47 mil millones de pesos el año pasado en impuestos y derechos. ¿Qué dirá el presidente López Obrador? ¿Les preguntará acaso de qué sabor quieren su nieve?
