Dicen los que saben que el pasado 12 de enero venció el plazo para que la Notaría Número 53 del estado de Puebla, propiedad del exgobernador MARIO MARÍN TORRES, concluyera totalmente operaciones, básicamente porque su titular, sobre el que pesa una orden de aprehensión, no pudo presentarse en un muy largo periodo de tiempo a realizar las funciones que le otorga la ley.
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La Consejería Jurídica del gobierno de Miguel Barbosa debe ya tener en su poder toda la evidencia de los actos en los que el Gober Precioso actuó como fedatario, claro, con excepción de esos dos libros de registro que desaparecieron a mediados del año pasado, cuando la notaría en cuestión fue víctima de un muy, pero muy extraño asalto. ¿No sabía?
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Los gasolineros están enojados, lo ven como una agresión poco sana. Resulta que los participantes del mercado de hidrocarburos saltaron al ver la campaña “Por el Rescate de la Soberanía” que lanzó en diversos medios de comunicación Petróleos Mexicanos hace unos días, para promover el consumo de los combustibles de Pemex.
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Lo preocupante del asunto, acusan importantes empresarios gasolineros, es que el organismo que dirige Octavio Romero Oropeza utilice las mismas consignas políticas que el presidente Andrés Manuel López Obrador empleó en la lucha contra el huachicoleo, en un sector supuestamente abierto a la libre competencia.
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A tres días de que se lleve a cabo la primera sesión del año del Consejo Directivodel Fonacot, cercanos a sus integrantes nos comentan que se reunieron con el fin de analizar su participación en la creación del Fondo de Protección de Pagos, que aprobó el director del organismo, Alberto Ortiz Bolaños.
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La preocupación crece entre los del Fonacot, sobre todo al tomar en cuenta que dicho Fondo podría estar violentando la Ley de Seguros y Fianzas. Es tema que por lo menos compete a la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, y al secretario de Hacienda, Arturo Herrera.
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¿Quién ordenó la censura? Desde que arrancó este 2020, los investigadores que trabajan en el Archivo General de la Nación, que encabeza Carlos Enrique Ruiz Abreu, no pudieron consultar el Fondo Documental de Investigaciones Políticas y Sociales, porque supuestamente está en proceso de revisión. Lo que guarda ese archivo es todo lo generado por las agencias de inteligencia extintas en 1985 y las estrategias para controlar a la oposición política en México.
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Los del Inai, de Francisco Javier Acuña, propusieron una mesa conjunta con los del Archivo General de la Nación para analizar el tema y establecer una postura pública ante este ocultamientos de información del que pocos saben.
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Lo que los expertos sospechan es que aunque la cuatroté dijo que se abrirían los archivos ocultos, ya se arrepintieron. La Dirección General de Investigaciones Políticas y Sociales y de la Dirección Federal de Seguridad vigilaron, la primera desde 1942 y la segunda desde 1947, a personajes de oposición como Cuauhtémoc Cárdenas, Manuel Clouthier y al mismísimo presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. ¿Algo que no debemos saber?
