Luego de que explotara un ducto marítimo de Pemex, bajo responsabilidad de Octavio Romero, en una plataforma de Campeche, generando un incendio cuyas imágenes dieron la vuelta al mundo, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que se llevará a cabo una investigación sobre lo ocurrido. Los enterados aseguran que la indagatoria podría iniciarse con los registros de las juntas que el mandatario llevaba a cabo con el equipo que atendía entonces la estrategia para terminar con el robo de combustible, esto porque los expertos advirtieron desde entonces que se requerían verificaciones y auditorías de mejora constante para detectar cualquier posible riesgo, sobre todo, en el Golfo de México, mismas que se dejaron de hacer supuestamente por falta de personal capacitado.
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Dicen los que saben que adentro del IMSS, de Zoé Robledo, reiteran que no se concretó una adjudicación directa en la compra de 100 ventiladores a favor de Bidcom Energy, empresa que desde marzo fue inhabilitada por la Secretaría de la Función Pública (SFP), todavía en esos días bajo el mando de Irma Eréndira Sandoval, por lo que al menos durante tres años y nueve meses no tendrá ya ningún contrato con dependencias o en términos simples, con este Gobierno ya no podrá hacer dinero con nadie. Y no hizo plata tampoco con el Instituto, aseguran a la sombra de los murmullos.
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“Se recibieron 21 ofertas las cuales fueron evaluadas en los términos Técnicos, Legales–Administrativos y Económicos por la Oficina de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios, así como por la Jefatura de Servicios de Prestaciones Médicas, en abril del 2020, determinándose la viabilidad a favor de la empresa Bidcom Energy”, nos recuerdan desde los pasillos del IMSS, a unos pasos del hotel Four Seasons, nuestras fuentes que no necesariamente visten de blanco.
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“El fallo se dio a favor de la empresa en términos de garantía a la entrega inmediata. Los productos se encontraban al costo promedio del mercado, con base en criterios donde la disponibilidad era un factor fundamental derivado de la situación de la pandemia. Además de las características técnicas y de mantenimiento; la compra no fue concretada ni se realizó pago alguno. Se realizó el procedimiento de rescisión administrativa y se dio vista al Órgano Interno de Control y se le impuso una sanción a la empresa”. Respuesta a la sombra de las suspicacias.
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Nos hacen ver que el envío de remesas de los migrantes a nuestro país crece constantemente y este mes de mayo alcanzó un nivel récord de cuatro mil 514 millones de dólares. Los principales beneficiarios de estos envíos, sin embargo, no son siempre las familias receptoras, sino los intermediarios que cobran comisiones que van desde cero comisiones, hasta los 9.99 dólares por envío, que es el caso de Moneygram, de W. Alexander Holmes. Eso, además de fijar tipos de cambio desiguales pero que pocas veces corresponde al oficial para la compra de divisas por parte de los intermediarios financieros.
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Suena a tema viejo en las redacciones de negocios de la Ciudad de México, pero es una realidad que continúa repitiéndose, empresas que cobran comisiones altas y ajustan su tipo de cambio a conveniencia por cada dólar enviado con manos gastadas y mucho sudor de por medio. Sigue la falta de regulaciones, los anuncios de Gobierno festejando el trabajo ajeno como logro propio y la acción de diputados migrantes que conocen del tema de primera mano.
