Dicen que en Palacio Nacional no pasó desapercibido el comentario de la presidenta de la Mesa Directiva, Olga Sánchez Cordero, sobre que Adán Augusto López, secretario de Gobernación, tiene muy buenas posibilidades de ser candidato en 2024. Lo anterior porque, aunque el exgobernador de Tabasco es uno de los funcionarios favoritos del presidente Andrés Manuel López Obrador, el plan es seguir impulsando desde todas las plataformas posibles a la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, como la primera opción de la autonombrada cuarta transformación. En tanto, el actual encargado de la política interior se mantiene como un atractivo y tentador Plan B.
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Durante el fin de semana se conoció que las autoridades estadounidenses indagan el curso de las campañas en Tamaulipas ante presuntos apoyos criminales que reciben tanto el candidato del PAN, César Verástegui, como el de Morena, Américo Villarreal. La respuesta de los morenistas ante los mencionados señalamientos fue cobijar a Villarreal Anaya en el mismísimo Senado de la República, en donde organizaron un evento para cerrar filas con el aspirante ante las averiguaciones que se le siguen en agencias como la DEA, por supuestamente haber recibido recursos del finado y polémico empresario Sergio Carmona Ángulo.
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“Durante mucho tiempo se utilizó al gobierno de la ciudad y a los organismos autónomos para ir repartiendo plazas de cuotas a partidos políticos y nosotros estamos en contra de eso, lo que queremos es que el recurso público se utilice para beneficio del pueblo, no para beneficio de unos cuantos”, dijo Claudia Sheinbaum, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, al referirse al Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) y las nuevas medidas de austeridad que quieren imponerles. Para muchos quedó claro que poco podrán negociar con ella, no habrá más dinero, aunque no lo quieran entender.
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Que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, estaba muy contento ayer por el voto de la ministra Loretta Ortiz Ahlf, con el que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), declaró constitucional la figura de los superdelegados. Que no van en contra de la Constitución, aseguran los enterados.
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Al que no le fue nada bien en Palacio Nacional fue a J. Thomas Hill, director ejecutivo de Vulcan Materials Company, empresa que el presidente López Obrador acusa como una de las que verdaderamente contaminan en Quintana Roo con su banco de piedra caliza. Que el mandatario le recordó que ya no creen en ellos, porque le prometieron que ya no seguirían destruyendo el entorno y cuando fue a darse una vuelta por la planta se encontró con que lo engañaron. Ayer, alrededor de dos horas sirvieron para dejar en claro que no quieren nada con ellos en la 4T. No habrá ningún arreglo.
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Al que le fue peor fue a Javier May, titular de director del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) y encargado de la construcción del Tren Maya. Acudió a Palacio Nacional la tarde de este lunes, pero no le permitieron ingresar al recinto. Visiblemente molesto se fue, sin querer explicar por qué lo batearon. Iba acompañado de tres funcionarias y aunque les pidieron esperar unos minutos, tuvieron que irse. No lo recibió López Obrador.
