No solo en Baja California se cuecen habas, pues todo parece indicar que en el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México también se ampliará el plazo de su presidente, RAFAEL GUERRA, de uno a cuatro años. Luego de que la Suprema Corte resolviera hace unos meses que el abogado podrá reelegirse en noviembre próximo en su encargo, será solamente cuestión de apurar el cabildeo con los diputados del Congreso capitalino para dejar listas las adecuaciones correspondientes a la recién estrenada Constitución de la ciudad que le permitan participar en la contienda.
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Una y otra vez lo dicen los que saben, parece que a los legisladores, a los políticos mexicanos pues, no les ha quedado claro lo que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dice al respecto de los Impuestos Especiales a alimentos, bebidas como el refresco y al tabaco. No hay que ser Esther Duflo para entender, pero bueno, ellos hablan otro lenguaje, digamos, menos sofisticado, la lengua de los abogados y los ministros.
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De entrada el Presidente ha reconocido públicamente que el impuesto no ha funcionado, lo cual se refleja en cifras como las de la OCDE, las cuales indican que en México uno de cada tres adultos es obeso y que este problema representa casi nueve por ciento del gasto en salud. Por otro lado, López Obrador se ha reunido con los líderes empresariales, como Carlos Salazar del CCE, Antonio del Valle del CMN, Francisco Cervantes de Concamin y José Manuel López Campos de Concanaco para hablar sobre el impuesto y ha quedado claro, una vez más, que no existirá aumento alguno.
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Pese a todo, algunos legisladores de Morena como Alfonso Ramírez Cuéllar y Manuel Huerta, insisten en la aplicación de un aumento real del impuesto, ojo, esto no es lo mismo que la actualización mencionada por López Obrador, la cual se realiza en función de factores como la inflación. La pregunta es, ¿hasta qué punto el Presidente y Alfonso Romo permitirán que en el Congreso se propongan iniciativas que van en contra de todo lo que el Ejecutivo ha declarado y pactado?
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Nos cuentan que más de 8.4 millones de mexicanos (40 por ciento de los inscritos en el IMSS) trabajan bajo algún tipo de subcontratación, de los cuales más de un millón son madres solteras y 2.5 millones está constituido por jóvenes. Que 97 por ciento de los clientes de servicios de subcontratación son Pymes, que actualmente¡ reciben financiamientos de hasta dos meses para pagar la nómina, y que, por la naturaleza del régimen, no cuentan con la infraestructura necesaria para absorber a los empleados que laboran por subcontratación.
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Con ello, la retención del IVA, lejos de favorecer la recaudación, compromete a los sectores más expuestos, propicia la economía informal —que en 2019 alcanzó a 30.9 millones de personas, la cifra más alta de la que se tiene registro— y provocará la desconfianza de los inversionistas, nos advierten los fiscalistas. Esto se pone bueno.
