Dicen los que saben que RICARDO GALLARDO, diputado federal por el Verde Ecologista en San Luis Potosí, anda en la mira de las autoridades, porque lo señalan como presunto involucrado en una gran defraudación fiscal, se habla de al menos 16 millones de pesos. El legislador, conocido como El Pollo, ha recurrido a diversas acciones legales, que el sabe debido a su profesión de abogado, para deslindarse de esas acusaciones, sin embargo, la Procuraduría Fiscal ha recurrido a un amparo para que se permita que continúen sus procesos y de esta manera aclare o enfrente a la justicia.
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Nos cuentan que el asunto ya se encuentra en manos del Tribunal Unitario del Noveno Circuito, el cual deberá resolver cómo seguirá el proceso, ya que continúa vigente. Quien fuera presidente del municipio de Soledad de Graciano Sánchez entre 2012 y 2014, ha enfrentado diversas acusaciones en su contra y como servidor público está obligado a poner sobre la mesa detalladamente sus ingresos y sus oportunas declaraciones fiscales.
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Que la Red Carreteras de Occidente (RCO) podría quedarse con un contrato valuado en más de mil 719 millones de pesos, al convertirse en concesionaria de la construcción, equipamiento, operación, explotación, conservación y mantenimiento del libramiento carretero poniente en el estado de Aguascalientes.
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La entidad que gobierna Martín Orozco Sandoval emitirá el fallo de la Licitación Pública Nacional número 001/19, este miércoles 22 de julio. No obstante, entre las proveedoras del sector preocupa que RCO se convierta en la ganadora, ya que en medios locales se le vincula con el titular del ejecutivo local.
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A pesar de que algunos diputados radicales intentaron sabotear el proceso de selección de los cuatro nuevos consejeros del Instituto Nacional Electoral, parece que la Junta de Coordinación Política no cederá ante el berrinche y logrará dejar listos los nombramientos este miércoles, sin mayores contratiempos.
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Fuentes cercanas al proceso nos dicen que entre los perfiles con mayores oportunidades se encuentran Javier Aparicio del CIDE, Jesús Arturo Baltazar, del IEE Puebla, Carla Humphrey de la UIF, y Jessica Rojas del instituto electoral del Edomex; personajes cuyas credenciales servirían para disminuir los costos de los comicios, erradicar la violencia política de género de las campañas, detectar el financiamiento ilícito de candidatos y promover los derechos electorales de grupos vulnerables.
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Nos llaman la atención, porque en la Auditoría Superior de Puebla, a cargo de Francisco Romero Serrano, están muy movidos tratando de que los entes obligados contraten a auditores externos palomeados por esa institución para que revisen sus finanzas; esto a pesar de que la Ley permite a los sujetos elegir cualquier despacho de una lista previamente avalada por la ASE para realizar sus auditorías correspondientes. Dicen quienes ya recibieron la “recomendación” que la promesa de la auditoría local consiste en que, de escoger a ciertos auditores afines a Romero Serrano, se puede garantizar que no tendrán problema alguno en los resultados de los ejercicios fiscales.
