Ayer al mediodía, al término de la reunión de trabajo con el gobernador del Banco de México y luego de que su titular, Alejandro Díaz de León, fuera despedido con felicitaciones, a diferencia de la escenificada antier en que se dio un encontronazo entre el subsecretario de Salud, Hugo López Gatell, y la bancada de Acción Nacional, que terminó en zafarrancho, el presidente de la Junta de Coordinación Política en el Senado de la República, RICARDO MONREAL, dejó ver que este tipo de reuniones llegaron a su fin, después de los rudos cuestionamientos al vocero de la pandemia que, dicen los que saben, fue a reclamar a Palacio por el maltrato.
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Nos explican que el reclamo del PAN, principalmente, reventó un ejercicio positivo y sobre todo útil de la Junta de Coordinación Política en tiempos de grave crisis y orilló al senador Ricardo Monreal a suspender las ya previstas reuniones de trabajo con los titulares del IMSS, Zoé Robledo; Juan Antonio Ferrer, del Insabi; y con Graciela Márquez Colín, de la Secretaría de Economía.
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Finalmente apareció la solicitud de Cooperación Internacional que la DEA envió al gobierno mexicano para congelar las cuentas de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, un documento que se incluyó en la carpeta general del proceso judicial y que, por confidencialidad de los agentes que participan en la investigación, no puede ser ventilado en audiencias públicas.
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De ahí que el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito admitió ya el incidente de modificación de suspensión interpuesto por la Unidad de Inteligencia Financiera de Santiago Nieto, y seguirá el proceso jurídico hasta que la Fiscalía General de la República, bajo el mando de Alejandro Gertz Manero, consiga asegurar las cuentas, o bien, declare abiertamente que no hay delito que perseguir.
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Por lo pronto, sobre los 151 millones de dólares, que Gerardo Sosa Castelán y el patronato de la UAEH tienen en seis cuentas bancarias de HSBC, de Noel Quinn, pesa un segundo acuerdo de bloqueo que imposibilita la utilización de los fondos.
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Nos informan que ni las propias funcionarias emanadas del Movimiento de Regeneración Nacional, de Morena pues, aprueban la campaña “Cuenta Hasta 10” que el Gobierno cuartotransformista lanzó contra la violencia de género.
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Varias legisladoras de aquel partido en el poder, como la diputada Lorena Villavicencio, no dudaron en manifestar su desacuerdo con la estrategia que pretende frenar las agresiones contra las mujeres con un simple conteo, y que no envía un mensaje contundente de cero tolerancia ante dichas conductas.
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Al respecto, la jefa de Gobierno capitalina, Claudia Sheinbaum, no tuvo más opción que decir que no había visto aún la propaganda para no pronunciarse al respecto. Del enojo que causó entre colectivos feministas, organizaciones civiles, víctimas y deudos de víctimas de feminicidio, ya mejor ni hablamos.
