Dicen los que saben que en Fonatur, de Rogelio Jiménez Pons, tienen muy claro que el Tren Maya se entrega en el 2024 y traen los motores a toda marcha. Al interior del Fondo Nacional de Fomento al Turismo nos cuentan que ya se decidió que a los gobiernos locales y ejidos que obstaculizan el proyecto… se les fue el tren. Se quedaron en el camino. Quien estorbó, se quedó sin la inversión millonaria, los empleos y las mejoras a la infraestructura que se podían detonar con esta oportunidad de desarrollo. Los técnicos están cambiando rutas y estaciones para darle la vuelta a los estorbos, a los obstáculos en las vías. El sexenio va a la mitad y se acabaron los tiempos de negociaciones, para el equipo del arquitecto ya quedó clara la ruta a seguir.
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Que en este año de pandemia los bancos y sus clientes se han visto enfrentados como nunca y el problema es que una gran mayoría de las demandas de las instituciones financieras y demás asuntos a tratar se ven en el Juzgado 25 de lo Civil en la Ciudad de México, sin importar en dónde se haya originado el problema entre el cliente y el negocio, ese es el problema.
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Las queja más común que tienen los usuarios de la banca es que ellos nunca se enteran de lo ocurrido en el Juzgado, de sus decisiones, requerimientos y desarrollo de los casos. A los bancos les urge resolver y tienen buenas relaciones con los notificadores que no entregan la información a tiempo y los deudores no se enteran de lo que está pasando. Por eso pierden los pleitos y al final este juzgado actúa muy rápido a la hora de requisar las propiedades ganadas gracias a las facilidades del Juzgado. Es decir, sienten que son despojados a la mala de sus propiedades y los bancos hacen como que no saben nada. Y las autoridades, menos.
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Según la más reciente evaluación de gobernadores realizada por México Elige, los mandatarios estatales mejor calificados por el manejo de la pandemia fueron los emanados del Revolucionario Institucional y del Partido Acción Nacional. Tan solo en los primeros cinco lugares se encuentran los de Sinaloa, Yucatán, Querétaro, Quintana Roo y Sonora con índices de aprobación superiores al 57 por ciento; en contraste, a quien peor le fue en la medición es al titular del Ejecutivo en Morelos, Cuauhtémoc Blanco, con apenas un 28 por ciento de simpatía entre sus gobernados.
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Nos cuentan que el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) empezó una colaboración con el gobierno de Oaxaca, que lleva Alejandro Murat, para la instalación de lavamanos en escuelas públicas de la entidad. Para ello, el organismo internacional hizo una inversión inicial de 10 millones de pesos que se suman a los 200 millones que el Instituto Estatal de Educación Pública, de Francisco Ángel Villarreal, destinó a la primera etapa de rehabilitación de baños e instalaciones hidráulicas de unas 500 instituciones académicas.
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Nos dicen que la comunidad académica de la Universidad Autónoma de Puebla estará completamente involucrada en el diseño del plan para el regreso a clases presenciales. De ahí que, aspirantes, docentes, alumnos y personal administrativo podrán emitir sus opiniones y sugerencias a través de un cuestionario en línea para determinar cuál será el método para retomar las actividades de forma segura en la institución que dirige Alfonso Esparza Ortiz.
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En cuanto al impuesto global a empresas tecnológicas, la plataforma mexicana safeshopping.news advierte que hay empresas nacionalizadas especializadas en temas digitales, en general mucho más pequeñas que las extranjeras, que compiten contra las grandes multinacionales y para cumplir con principio de equidad fiscal el reto será estructurar este nuevo impuesto global de forma que las más pequeñas no vayan resultar afectadas. Asimismo, imponer nuevos impuestos a las empresas nacionales puede tener efectos regresivos y beneficiar, contradictoriamente, a las extranjeras, pues la competencia no podría sostener el costo que implica.
