Dicen los que saben que diversas organizaciones civiles y defensores de derechos humanos pedirán próximamente a la nueva titular de la CNDH, ROSARIO PIEDRA IBARRA, un informe del estatus en el que se encuentran los múltiples procesos y acciones de inconstitucionalidad que promovió Luis Raúl González durante su periodo. ¿Interesante verdad? ¿Será que dará la cara ahora sí?
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Que es obligado que hable Piedra. Porque unos de ellos, han estado enfocados en bloquear algunos de los proyectos estratégicos del presidente Andrés Manuel López Obrador. Nos adelantan además que aprovecharán para indagar cuántos procedimientos similares ha iniciado o prepara esta nueva gestión pues, en los últimos meses, han prosperado, o amenazan con hacerlo, diversas iniciativas que constituirían violaciones a los derechos fundamentales.
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Nos cuentan que, en próximos días, se votará en el Congreso del Estado de Tabasco una iniciativa de ley que obligaría a los medios de comunicación que acuden al recinto a cumplir con un protocolo de seguridad; mismo que contempla la creación de un padrón pormenorizado, horarios específicos en los que pueden permanecer en la Cámara y hasta un listado de áreas prohibidas para los periodistas.
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La mencionada propuesta, impulsada por la presidenta de la Junta de Coordinación Política en el Congreso estatal, Beatriz Milland Pérez, ya fue refutada por la bancada priista que lidera Gerald Washington Herrera, toda vez que se trataría de un acto, más que de seguridad, de censura, que bien podría caer dentro del mote de Ley Mordaza.
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Resulta que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) no autorizó recursos para la modernización de la carretera Agua Prieta-Bavispe, ese camino donde en su última visita del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, se le ponchó la llanta de suburban blindada que lo llevaba a muy temprana hora a una reunión con la familia LeBarón a la comunidad de La Mora, en Sonora.
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La dependencia a cargo de Arturo Herrera Gutiérrez asignó una partida presupuestal 116 millones 891 mil 110 pesos para la modernización de la carretera que va de Janos a Agua Prieta, y otros 194 millones 818 mil 518 pesos para la ampliación y rehabilitación de la carretera federal Agua Prieta a Cananea. ¿Entonces?
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Resulta que el Archivo General de la Nación (AGN) eliminó los nombres de los agentes y encargados de la Dirección Federal de Seguridad (DFS) de cada uno de los legajos entregados a través del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai).
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Esos nombres eran públicos y aparecían en esos archivos por aquellos días en que el presidente Andrés Manuel López Obrador ordenó transparentarlos. También sellaron con bloques negros los nombres de militantes, conferencistas, estudiantes, profesores y ciudadanos en aras de conversar la identidad intacta de personajes, que quizá ya no estén en la tierra. Vivos.
