Cómo estarán las cosas en el país que, con las más recientes detenciones de exfuncionarios en Estados Unidos, como Genaro García Luna y SALVADOR CIENFUEGOS ZEPEDA, en los sondeos de opinión rumbo a las elecciones de 2021 las casas encuestadoras incluyen ya en sus estudios una pregunta sobre si los votantes consideran que los diferentes candidatos a cargos de elección de popular están involucrados con el narcotráfico.
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Dicen los que saben que en el estado de Guerrero, por ejemplo, la firma Enkoll realizó hace unos días este ejercicio, y descubrió que la población sospecha de esos vínculos con casi todos los personajes políticos de la entidad.
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Aunque hay algunos casos que sí son extremos, como el del actual Senador con licencia, Félix Salgado Macedonio, donde hasta el 48 por ciento de los encuestados opina que el también exalcalde del municipio de Acapulco tiene relación con el crimen organizado, por lo que ahora que busca la candidatura de Morena a la gubernatura de su estado, el personaje debe hacer mucho trabajo para cambiar esa percepción.
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Nos recuerdan que las autoridades estadounidenses han estado investigando al cártel H-2 desde hace mucho tiempo, los consideran una violenta organización mexicana de narcotráfico con sede en Nayarit y Sinaloa, que era dirigida por Juan Francisco Patrón Sánchez.
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El Departamento de Justicia de Estados Unidos recuerda que el cártel H-2 tenía numerosas células de distribución en Estados Unidos, incluso en Los Ángeles, Las Vegas, Ohio, Minnesota, Carolina del Norte y Nueva York. Además de un bajo perfil que le permitía operar en las sombras a sus personajes clave.
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La DEA estima que entre enero de 2013 y febrero de 2017, el cártel H-2 distribuyó mensualmente aproximadamente 500 kilogramos de heroína, 100 kilogramos de cocaína, 200 kilogramos de metanfetamina y tres mil kilogramos de marihuana en Estados Unidos y ganó millones de dólares. Édgar Veytia, el exfiscal general de Nayarit, pasará dos décadas en la sombra de una prisión de EU precisamente por ayudar a este grupo. Las dudas giran en torno a los documentos de su sentencia, hasta hoy confidencial, que pueden implicar en nuevas revelaciones a personajes con una boca más grande dentro de la cadena alimenticia.
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Y en medio de un reclamo generalizado por el incremento de casos de acoso y violencia de género en las escuelas y universidades, la diputada federal por Tamaulipas, Olga Sosa Ruiz, presentó una iniciativa de ley que busca proteger a las mujeres en los sistemas educativos, y que obligará a la Secretaría de Educación Pública a implementar un protocolo que atienda este tipo de situaciones que pueda generar conflictos mayores.
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A la par de estas obligaciones, la iniciativa —que ya es un dictamen aprobado por unanimidad— otorga facultades a la SEP para que diseñe su propio modelo de trabajo en la materia, mismo que deberá procurar un sistema educativo libre de violencia contra las mujeres.
