El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) recalificó positivamente seis recomendaciones que se hicieron a México a las medidas para combatir el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo, específicamente en materia de organizaciones sin fines de lucro, nuevas tecnologías, personas políticamente expuestas y transferencias electrónicas. Al dar a conocer la noticia, Santiago Nieto Castillo, titular de la UIF, agradeció a las autoridades que participaron en el proceso para mejorar la calificación del país y recordó que sólo falta solventar una recomendación sobre controles internos, filiales y subsidiarias.
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Luego de que se hizo público el primer reporte de la Línea 12 del Metro en donde se apuntaron fallas en la construcción de la obra que se llevó a cabo durante la gestión de Marcelo Ebrard, muchos se preguntan cuál habrá sido el acuerdo entre los otros dos jefes del Gobierno capitalino para que parte de la responsabilidad no recayera en alguno de ellos por faltas de mantenimiento o por el recorte presupuestal al sistema de transporte. Los mal pensados aseguran que el foco de la tragedia está especialmente puesto sobre el canciller porque en Palacio Nacional se cree que ayudó a cierto senador a operar electoralmente en contra de la 4T en la Ciudad de México, por lo que no habría ya mucho interés en ayudarlo con el problema generado a raíz de la tragedia.
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Nos recuerdan que la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA) es un órgano privado autorizado por la entonces Secofi, de Jaime Serra, luego Secretaría de Economía de Tatiana Clouthier, para acreditar que operen organismos de certificación, unidades de verificación y laboratorios relacionados a normas oficiales mexicanas. Dicen los enterados que está encabezada desde hace más de dos décadas por Maribel López Martínez, quien durante años se ostentó y firmó documentos como ingeniero ante autoridades y sector privado, pero resultó que nunca terminó la carrera, como Fausto Alzati pues.
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Que esta ejecutiva era uña y mugre con la priista-panista subsecretaria Rocío Ruiz y el perseguido por presunta corrupción Alberto Esteban Marina y María Eugenia Bracho, de Profeco, que supuestamente le han permitido mantenerse en la EMA, la cual dirige como si fuera negocio propio. Hoy se sabe que el gobierno de la 4T desde la secretaría de Economía trabaja un nuevo modelo para aplicar la normalización bajo el paraguas del T-MEC y romper monopolios privados en esta materia. Y que ellos lo saben.
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Aquí le contamos el conflicto a detalle hace unos días. El Presidente del Consejo Nacional de Seguridad Privada (CNSP), Raúl Sapién Santos, es uno de los expertos que pide a Industrias Tecnos, del joven León Brener-Hellmund, aclarar algunas de las interrogantes alrededor del robo de más de siete millones de balas transportadas por dos tráilers en Guanajuato.
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“La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) investiga el robo de siete millones 114 mil 500 cartuchos útiles en Guanajuato que eran transportados por dos tractocamiones hacia Texas. La investigación de la Sedena presume que el asalto fue cometido por uno de los cárteles más poderosos del país y planeado por personas que sabían el valor de la carga, misma que era custodiada por el Cuerpo de Seguridad Auxiliar del Estado de México (Cusaem), que incurrió en diversas irregularidades”, dice Sapién Santos.
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El Presidente del CNSP señala que una de las irregularidades encontradas es que los efectivos del Cusaem dijeron desconocer el contenido del cargamento y declararon que para protegerlo sólo llevaban dos armas cortas y una larga, a pesar de tratarse de una carga tan valiosa y “atractiva”. Otras de las anomalías señaladas por la Sedena son que el C5 de Guanajuato recibió la alarma de la desaparición de los dos tractocamiones de Industrias Tecnos cuatro horas después del robo, en tanto que la Secretaría de Seguridad Pública estatal no fue notificada que por su territorio pasaría ese cargamento y la Guardia Nacional tampoco tenía conocimiento del traslado de la carga.
