En las ya anunciadas pesquisas de personajes políticos que han aprovechado la emergencia sanitaria para hacer campaña rumbo al 2021, el INE de Lorenzo Córdova deberá revisar los movimientos del Diputado Federal SERGIO GUTIÉRREZ LUNA, quien aspira a convertirse en presidente municipal de Minatitlán, Veracruz. Nos detallan que, en la mencionada localidad, el morenista reparte gel antibacterial y productos desinfectantes en botellas etiquetadas con su nombre y cargo, además de que sus colaboradores colocan propaganda sobre esta entrega en las unidades de transporte público. Lo anterior resulta una clara violación al Artículo 134 constitucional, que prohíbe la promoción personalizada, el uso de recursos públicos con fines políticos y la entrega de dádivas; por lo que sobre Gutiérrez Luna podría haber muy pronto una investigación de oficio.
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En la 4T se preparan ya para las comparecencias ante el Congreso las secretarias del Bienestar, María Luisa Albores, y de Energía, Rocío Nahle, esta última para que explique el impacto de la decisión de frenar el desarrollo de las energías limpias en el país. Aseguran que los diputados y senadores de Morena hacen labores de cabildeo para que la oposición trate bien a sus funcionarias, para que eviten descalificaciones o confrontaciones y, de preferencia, se promuevan reuniones de trabajo “propositivas” con preguntas consensuadas que las secretarias federales puedan responder durante su correspondiente sesión.
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Quien no se anduvo por las ramas para acusar que el Gobierno Federal optó por abandonar a los estados en plena crisis económica y sanitaria, fue el michoacano Silvano Aureoles. En un primer saque, criticó el recorte por 89 mil millones de pesos que sufrirán este año las participaciones federales para estados y municipios, y enseguida se lanzó contra el titular de Hacienda, Arturo Herrera, por su falta de interés para escuchar las necesidades de las administraciones locales.
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“Nos resultó una mojarra enjabonada el secretario”, asestó el gobernador. Su enojo podría quedar como una simple anécdota, si no fuera porque también es compartido por sus homólogos de Durango, Tamaulipas, Nuevo León, Colima, Jalisco y Coahuila, quienes el viernes pasado coincidieron en que no están dispuestos a permitir más abusos del gobierno central.
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Dicen los que saben que el Gobierno Federal implementará una estrategia para prevenir y enfrentar la inseguridad que afecta al sector minero, favorecida fundamentalmente porque los yacimientos se encuentran en lugares remotos, en donde realizan actividades diversas los grupos de la delincuencia organizada con una total impunidad.
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En las últimas semanas ha preocupado la acción de la delincuencia organizada en zonas mineras. Dos ejemplos de ello, fueron las amenazas de un grupo delincuencial de destruir instalaciones de la canadiense Torex Gold, en Cocula, Guerrero, y el robo de barras de doré (mezcla de oro y plata), en un yacimiento de la firma Mina de Oro Nacional, a inicios de abril, en Sahuaripa, Sonora.
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La semana pasada se instaló la Mesa Nacional de Seguridad en la Minería, en la que estuvieron presentes los secretarios de Economía, Graciela Márquez, y de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, así como el subsecretario de Minería, Francisco Quiroga, y el subsecretario de Seguridad Pública, Ricardo Mejía Berdeja, con el fin de definir una estrategia conjunta.
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Va en serio. En el encuentro, participó la plana mayor en materia de Seguridad, porque además de estar presente Alfonso Durazo, también participaron: los generales Luis Rodríguez Bucio, comandante de la Guardia Nacional, y Audomaro Martínez, director del Centro Nacional de Inteligencia, así como el contra almirante, Marco Antonio Peyrot, experto en seguridad y exsecretario de Marina.
