/ miércoles 15 de diciembre de 2021

A mitad de sexenio: ¿más pobreza, menos clase media? 

Para evaluar la primera mitad del sexenio y, desde un diagnóstico lo más objetivo posible, hacer las revisiones necesarias para la segunda, hay que distinguir entre popularidad del gobierno y resultados. Separar percepciones de mediciones. No es lo mismo cómo le va a un proyecto político, en función de si es popular en las encuestas, y cómo al país, conforme a datos y hechos.

No puede medirse ni demostrarse si, como se afirmó, hay una revolución de las conciencias y menos si resulta irreversible. Sí evaluar, con indicadores concretos y de fuente técnica e imparcial, una promesa fundamental de la campaña del ahora gobierno: combate a la pobreza. Al corte, los resultados no son favorables.

En el último reporte de pobreza multidimensional del Coneval, de 51.9 millones de personas bajo esa condición en 2018 pasamos a 55.7 millones en 2020. En tanto, la pobreza extrema escaló 24%, a 10.8 millones. Por otro lado, el Inegi recién informó que, conforme a la actualización del ejercicio para cuantificar la clase media, con base en la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de Hogares (ENIGH), la proporción de personas perteneciente a ese sector cayó por primera vez en ocho años: de 42.7 a 37.2 por ciento de la población entre 2018 y 2020.

De 53.5 millones de personas de clase media en 2018 pasamos a 47.2 millones en 2020: 6.3 millones menos. Se rompió una tendencia de mejora paulatina. También la población ubicada en la clase alta disminuyó, de 1.8 millones a poco más de un millón. En cambio, la que puede clasificarse en la clase baja subió de 69.9 a 78.5 millones.

Desde luego, hay que hacer acotaciones. La actual administración enfrentó la pandemia y la mayor recesión desde 1932. Aunque también eso puede matizarse: sin plan contracíclico, nuestro gobierno destinó menos del 1% del PIB a estímulos y apoyos a familias y empresas, la respuesta más débil entre los países en desarrollo, según el FMI.

Recordemos que al inicio de la pandemia, desde la sociedad civil se propusieron subsidios a las cuotas de seguridad social en pymes para conservar empleos y un ingreso universal para trabajadores informales a un costo de 1.2% del PIB. Un monto considerable, pero que habría mitigado el empobrecimiento. En cambio, obras como el aeropuerto de Santa Lucía se mantuvieron. Se contuvo, hasta cierto punto, el endeudamiento gubernamental (no como proporción del PIB), pero la gente y los negocios sí tuvieron que endeudarse, gastarse sus ahorros, migrar o cerrar. México ya tenía una tasa neutra de migración; ahora vuelve a crecer la salida de connacionales.

Más allá de la pandemia, difícilmente puede reducirse la pobreza con menos crecimiento, tendencia que precedió al Covid, y una política asistencial que, en el saldo, parece ser inefectiva.

Sobre el crecimiento, es improbable que lleguemos a un promedio anual de 1% en el sexenio, la mitad del que se tuvo en tres décadas, de por sí insuficiente. Tomando en cuenta que en 2019 y 2020 el PIB cayó 0.1 y 8.3 por ciento, así como las estimaciones recién presentadas por Banco de México para este año y el próximo (5.4 y 3.2 por ciento), apenas llegaríamos a 0.9% anual… siempre y cuando crezcamos al 2.5% en 2023 y 2024, lo que suena optimista, máxime con el descenso drástico de la inversión, que antecede a la pandemia y persiste, acentuado con decisiones como la cancelación del aeropuerto de Texcoco y que puede verificarse en el histórico de inversión física.

Así, el prometido 4% de crecimiento anual excedería cinco veces lo conseguido en los hechos. No por nada desde el año pasado se empezó a hablar, desde el gobierno, de que el crecimiento no es importante, sino la felicidad o la economía moral, conceptos difícilmente medibles.

Mientras tanto, en términos de PIB per Cápita, hay una caída desde más de 156 mil pesos anuales, al cierre del periodo pasado, a menos de 141 mil; con todo y que la población ha dejado de crecer significativamente. Significa menos dinero por repartir, al margen del problema histórico de distribución del ingreso.

En cuanto a las políticas sociales, La tendencia apunta a la regresividad. Desde el Gobierno se ha asegurado que hasta 95% de las personas en pobreza extrema recibe, a través de sus programas, ayuda. Sin embargo, más allá de la retórica, los resultados de la ENIGH, sugieren otra cosa al “primero los pobres”. Un análisis con esa base del Instituto de Estudios sobre Desigualdad destacó que en 2016, 61% de los hogares más pobres era beneficiario de programas sociales; en 2020, fue sólo 35%; en cambio, en el mismo lapso se duplicó el porcentaje de beneficiarios en los más ricos. Aunque hay menos beneficiarios entre los más pobres, aumentó 30% el monto de las transferencias que reciben; pero el incremento en el otro extremo fue 48 por ciento.

En cuanto al salario mínimo, en este sexenio ha sido elevado de forma extraordinaria: en 2019, 16.2%; 2020, 20%; y 2021, 15%. Para 2021 se acordó un 22 por ciento. Empero, la informalidad, la precariedad y la pobreza laboral aumentaron. De acuerdo con el Coneval, la población con ingreso laboral inferior al costo de la canasta alimentaria al corte del tercer trimestre de 2018 estaba en 39.3%; al tercer trimestre de este año, fue 40.7 por ciento.

En suma, la economía mexicana se empequeñeció y hay más pobres, menos ricos y menos clasemedieros. Los resultados de la política social muestran que ésta no ha compensado el declive económico ni sus efectos. Más bien es probable que haya amplificado la desigualdad.

Para evaluar la primera mitad del sexenio y, desde un diagnóstico lo más objetivo posible, hacer las revisiones necesarias para la segunda, hay que distinguir entre popularidad del gobierno y resultados. Separar percepciones de mediciones. No es lo mismo cómo le va a un proyecto político, en función de si es popular en las encuestas, y cómo al país, conforme a datos y hechos.

No puede medirse ni demostrarse si, como se afirmó, hay una revolución de las conciencias y menos si resulta irreversible. Sí evaluar, con indicadores concretos y de fuente técnica e imparcial, una promesa fundamental de la campaña del ahora gobierno: combate a la pobreza. Al corte, los resultados no son favorables.

En el último reporte de pobreza multidimensional del Coneval, de 51.9 millones de personas bajo esa condición en 2018 pasamos a 55.7 millones en 2020. En tanto, la pobreza extrema escaló 24%, a 10.8 millones. Por otro lado, el Inegi recién informó que, conforme a la actualización del ejercicio para cuantificar la clase media, con base en la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de Hogares (ENIGH), la proporción de personas perteneciente a ese sector cayó por primera vez en ocho años: de 42.7 a 37.2 por ciento de la población entre 2018 y 2020.

De 53.5 millones de personas de clase media en 2018 pasamos a 47.2 millones en 2020: 6.3 millones menos. Se rompió una tendencia de mejora paulatina. También la población ubicada en la clase alta disminuyó, de 1.8 millones a poco más de un millón. En cambio, la que puede clasificarse en la clase baja subió de 69.9 a 78.5 millones.

Desde luego, hay que hacer acotaciones. La actual administración enfrentó la pandemia y la mayor recesión desde 1932. Aunque también eso puede matizarse: sin plan contracíclico, nuestro gobierno destinó menos del 1% del PIB a estímulos y apoyos a familias y empresas, la respuesta más débil entre los países en desarrollo, según el FMI.

Recordemos que al inicio de la pandemia, desde la sociedad civil se propusieron subsidios a las cuotas de seguridad social en pymes para conservar empleos y un ingreso universal para trabajadores informales a un costo de 1.2% del PIB. Un monto considerable, pero que habría mitigado el empobrecimiento. En cambio, obras como el aeropuerto de Santa Lucía se mantuvieron. Se contuvo, hasta cierto punto, el endeudamiento gubernamental (no como proporción del PIB), pero la gente y los negocios sí tuvieron que endeudarse, gastarse sus ahorros, migrar o cerrar. México ya tenía una tasa neutra de migración; ahora vuelve a crecer la salida de connacionales.

Más allá de la pandemia, difícilmente puede reducirse la pobreza con menos crecimiento, tendencia que precedió al Covid, y una política asistencial que, en el saldo, parece ser inefectiva.

Sobre el crecimiento, es improbable que lleguemos a un promedio anual de 1% en el sexenio, la mitad del que se tuvo en tres décadas, de por sí insuficiente. Tomando en cuenta que en 2019 y 2020 el PIB cayó 0.1 y 8.3 por ciento, así como las estimaciones recién presentadas por Banco de México para este año y el próximo (5.4 y 3.2 por ciento), apenas llegaríamos a 0.9% anual… siempre y cuando crezcamos al 2.5% en 2023 y 2024, lo que suena optimista, máxime con el descenso drástico de la inversión, que antecede a la pandemia y persiste, acentuado con decisiones como la cancelación del aeropuerto de Texcoco y que puede verificarse en el histórico de inversión física.

Así, el prometido 4% de crecimiento anual excedería cinco veces lo conseguido en los hechos. No por nada desde el año pasado se empezó a hablar, desde el gobierno, de que el crecimiento no es importante, sino la felicidad o la economía moral, conceptos difícilmente medibles.

Mientras tanto, en términos de PIB per Cápita, hay una caída desde más de 156 mil pesos anuales, al cierre del periodo pasado, a menos de 141 mil; con todo y que la población ha dejado de crecer significativamente. Significa menos dinero por repartir, al margen del problema histórico de distribución del ingreso.

En cuanto a las políticas sociales, La tendencia apunta a la regresividad. Desde el Gobierno se ha asegurado que hasta 95% de las personas en pobreza extrema recibe, a través de sus programas, ayuda. Sin embargo, más allá de la retórica, los resultados de la ENIGH, sugieren otra cosa al “primero los pobres”. Un análisis con esa base del Instituto de Estudios sobre Desigualdad destacó que en 2016, 61% de los hogares más pobres era beneficiario de programas sociales; en 2020, fue sólo 35%; en cambio, en el mismo lapso se duplicó el porcentaje de beneficiarios en los más ricos. Aunque hay menos beneficiarios entre los más pobres, aumentó 30% el monto de las transferencias que reciben; pero el incremento en el otro extremo fue 48 por ciento.

En cuanto al salario mínimo, en este sexenio ha sido elevado de forma extraordinaria: en 2019, 16.2%; 2020, 20%; y 2021, 15%. Para 2021 se acordó un 22 por ciento. Empero, la informalidad, la precariedad y la pobreza laboral aumentaron. De acuerdo con el Coneval, la población con ingreso laboral inferior al costo de la canasta alimentaria al corte del tercer trimestre de 2018 estaba en 39.3%; al tercer trimestre de este año, fue 40.7 por ciento.

En suma, la economía mexicana se empequeñeció y hay más pobres, menos ricos y menos clasemedieros. Los resultados de la política social muestran que ésta no ha compensado el declive económico ni sus efectos. Más bien es probable que haya amplificado la desigualdad.