/ lunes 11 de enero de 2021

“Abrir o morir”

Cada semana se multiplican despidos y quiebras de restaurantes en nuestros barrios. En la Zona Metropolitana del Valle de México se han cerrado más de 13,500 establecimientos desde el inicio de la pandemia.

La declaración del semáforo rojo en la capital por la extrema gravedad de los contagios y la saturación de la ocupación hospitalaria motivó a las autoridades a restringir su apertura al público hasta nuevo aviso. Desde hace casi un año, los restaurantes están asfixiados por la baja del consumo, los costos por capacitaciones y adecuaciones sanitarias y los gastos fijos mensuales. Están obligados a invertir para vender a domicilio o someterse al oligopolio neoliberal (no regulado) de las aplicaciones digitales de envío que se vuelven socios obligados, cobrando al restaurante hasta el 30 % de la venta original.

Ante este panorama gris, varias agrupaciones, asociaciones civiles, establecimientos y profesionistas del sector presentaron un desplegado, llamado de auxilio, firmado ya por cerca de 100 mil personas, y algunas propuestas al Gobierno local como la apertura a un 25% o 35% con terrazas. “Abrir o morir”: hoy varios decidieron abrir con medidas sanitarias a pesar de la restricción. El sector restaurantero está percibido por las autoridades entre las primeras fuentes en la cadena de contagio. Pero su cierre afecta a toda una cadena de empleos, incluyendo a proveedores y productores en el campo. Su descontento se agudizó frente a la incomprensión y la aplicación dispareja de estas limitaciones: los puestos de comida en el espacio público, tianguis o mercados o sectores “esenciales” (como el de la construcción) siguen funcionando en la Ciudad.

La polarización no es la solución. Criminalizar al comercio popular en vía pública tampoco. Este sector se ha visto violentado por la omisión legislativa del Congreso de la Ciudad, al no regular los derechos de las personas no asalariadas como lo mandataba la Constitución local. Pero las restricciones sanitarias deben aplicarse con congruencia y bajo el principio de igualdad. Los apoyos económicos de contención también, rompiendo con la obsesión de austeridad en una de las peores crisis de nuestra historia.

Antes de la pandemia las y los trabajadores de la restauración ya ejercían su profesión en la precariedad, dependiendo de las propinas para completar su salario. Hoy, también enfrentan la incertidumbre por estos cierres. El subsidio único de 2 mil pesos por persona otorgado por el Gobierno de la Ciudad de México para las y los empleados de este sector no alcanza el nivel de un salario mínimo mensual (3 mil 746 pesos). Los microcréditos o la condenación de un mes de impuesto sobre la nómica tampoco permiten cubrir los efectos de meses de aprieto o de endeudamiento de los restaurantes.

La atención debe enfocarse en el aumento de la capacidad hospitalaria y reducción de contagios, pero también en prevenir y contener la otra pandemia socioeconómica. Si el Gobierno actual tiene la mayoría y es de izquierda: ¿por qué no redirigir el presupuesto, suspendiendo temporalmente gastos en infraestructura? ¿Por qué no impulsar un ingreso mínimo vital? Mientras, como ciudadanía corresponsable, consumamos (para llevar y con empaques reusables) a los restaurantes locales para que vivan.

Cada semana se multiplican despidos y quiebras de restaurantes en nuestros barrios. En la Zona Metropolitana del Valle de México se han cerrado más de 13,500 establecimientos desde el inicio de la pandemia.

La declaración del semáforo rojo en la capital por la extrema gravedad de los contagios y la saturación de la ocupación hospitalaria motivó a las autoridades a restringir su apertura al público hasta nuevo aviso. Desde hace casi un año, los restaurantes están asfixiados por la baja del consumo, los costos por capacitaciones y adecuaciones sanitarias y los gastos fijos mensuales. Están obligados a invertir para vender a domicilio o someterse al oligopolio neoliberal (no regulado) de las aplicaciones digitales de envío que se vuelven socios obligados, cobrando al restaurante hasta el 30 % de la venta original.

Ante este panorama gris, varias agrupaciones, asociaciones civiles, establecimientos y profesionistas del sector presentaron un desplegado, llamado de auxilio, firmado ya por cerca de 100 mil personas, y algunas propuestas al Gobierno local como la apertura a un 25% o 35% con terrazas. “Abrir o morir”: hoy varios decidieron abrir con medidas sanitarias a pesar de la restricción. El sector restaurantero está percibido por las autoridades entre las primeras fuentes en la cadena de contagio. Pero su cierre afecta a toda una cadena de empleos, incluyendo a proveedores y productores en el campo. Su descontento se agudizó frente a la incomprensión y la aplicación dispareja de estas limitaciones: los puestos de comida en el espacio público, tianguis o mercados o sectores “esenciales” (como el de la construcción) siguen funcionando en la Ciudad.

La polarización no es la solución. Criminalizar al comercio popular en vía pública tampoco. Este sector se ha visto violentado por la omisión legislativa del Congreso de la Ciudad, al no regular los derechos de las personas no asalariadas como lo mandataba la Constitución local. Pero las restricciones sanitarias deben aplicarse con congruencia y bajo el principio de igualdad. Los apoyos económicos de contención también, rompiendo con la obsesión de austeridad en una de las peores crisis de nuestra historia.

Antes de la pandemia las y los trabajadores de la restauración ya ejercían su profesión en la precariedad, dependiendo de las propinas para completar su salario. Hoy, también enfrentan la incertidumbre por estos cierres. El subsidio único de 2 mil pesos por persona otorgado por el Gobierno de la Ciudad de México para las y los empleados de este sector no alcanza el nivel de un salario mínimo mensual (3 mil 746 pesos). Los microcréditos o la condenación de un mes de impuesto sobre la nómica tampoco permiten cubrir los efectos de meses de aprieto o de endeudamiento de los restaurantes.

La atención debe enfocarse en el aumento de la capacidad hospitalaria y reducción de contagios, pero también en prevenir y contener la otra pandemia socioeconómica. Si el Gobierno actual tiene la mayoría y es de izquierda: ¿por qué no redirigir el presupuesto, suspendiendo temporalmente gastos en infraestructura? ¿Por qué no impulsar un ingreso mínimo vital? Mientras, como ciudadanía corresponsable, consumamos (para llevar y con empaques reusables) a los restaurantes locales para que vivan.