/ viernes 27 de septiembre de 2019

Acceso a la información, el desafío

El acceso a la información, es un derecho humano y como tal, se encuentra respaldado tanto por ordenamientos nacionales como internacionales. En términos prácticos, significa que no puede existir impedimento alguno para que la sociedad conozca -salvo las limitaciones establecidas en la ley- la información en poder de la autoridad en los distintos órdenes de gobierno.

En el caso mexicano, este tema registra avances y retrocesos. Tanto los distintos gobiernos como los nuevos sujetos obligados a garantizar el acceso a la información -partidos políticos, sindicatos, fideicomisos y fondos públicos, entre otros, que reciban o ejerzan recursos públicos- aún siguen encontrando la manera de retrasar o cumplir de manera parcial con lo que puntualmente establece la ley.

Sin embargo, no podemos dejar de reconocer que el acceso a la información, es resultado, por una parte, de la transición democrática iniciada por nuestro país a finales del siglo pasado y por la otra, de la presión derivada de los procesos de ciudadanización y avance de las tecnologías de la información que caracterizan a las sociedades contemporáneas.

Ambas tendencias convergieron en la aprobación de ordenamientos jurídicos que dieron paso a la actual Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como a la creación de instituciones como elInstituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.

Hoy en día, formalmente contamos con un entramado institucional y legal que se debe cumplir, pero que también es urgente fortalecer y seguir consolidando, mucho más cuando son evidentes las intenciones del actual gobierno por debilitar e incidir en la vida interna de los organismos autónomos.

El fortalecimiento de dicho entramado es fundamental. Por ejemplo, las sanciones por incumplimiento a la Ley van apenas desde una simple “Amonestación Pública”, hasta multas por mil quinientas veces la Unidad de Medida y Actualización como máximo. Tal parece que nos encontramos en una situación de estancamiento y, consecuentemente, debemos romper esa inercia.

De no ser así, seguiremos estando a merced de la buena voluntad del conjunto de actores políticos, sociales y de las instituciones que aún operan de manera discrecional el manejo de los recursos públicosque reciben.

Inmersos ya en la llamada “Cuarta Transformación”, hay indicios de que el nuevo gobierno tampoco es muy proclive a abrir la información pública, en aras de la transparencia.Basta citar como ejemplo, la apresurada compra de pipas -a principios de año- para hacer frente al “robo de combustible” que se llevó a cabo a través de una “triangulación”. Para concretar esta operación, se recurrió a una Filial de Pemex, la cual dado su carácter privado no sólo no puede ser fiscalizada, sino que también la exime de cumplir con las disposiciones de la Ley de Adquisiciones de la Administración Pública.La opacidad en su máxima expresión, ya que no hay forma de acceder a los términos de los contratos firmados.

Y ni qué decir de otros casos en los que el gobierno encabezado por López Obradorestá obligado a abrir la información para despejar presuntas irregularidades. De acuerdo con información publicada en diferentes medios de comunicación se señala que el 70 por ciento de contratacioneshan sido realizadas mediante adjudicaciones directas,práctica que el propio AMLO se comprometió a erradicar en administración. Bajo este esquema quedan comprendidas la compra de medicinas, así como la impresión y reparto de los libros de texto.

Por si lo anterior fuera poco, si analizamos el mensaje del Primer o Tercer Informe de Gobierno, resulta que no hay referencia alguna a las políticas a favor delAcceso a la Información Pública, que, junto con los temas de Transparencia y Rendición de Cuentas -también ausentes en el discurso- no sólo constituyen prácticas esenciales de las democracias modernas, sino que hoy en día tambiénson un componente fundamental del Estado de Derecho y que el propio AMLO se obstina en afirmar queéste último “ya existe” como tal.

En fin, el caso es que casualmente el día de mañana, en todo el mundo se estará celebrando el “Día Internacional del Derecho de Acceso Universal a la Información”.

En nuestro caso, creo que no tenemos mucho que celebrar. Sí como hemos apuntado, el nuevo gobierno prescinde de alguna de estas prácticas, difícilmente se puede afirmar que “estamos transitando hacia una verdadera democracia".

Sin acceso a la información, sin transparencia y sin rendición de cuentas, es imposible avalar la vigencia de un régimen democrático, de derechos y de buen gobierno.

*Presidente de la Academia Mexicana de Educación.

El acceso a la información, es un derecho humano y como tal, se encuentra respaldado tanto por ordenamientos nacionales como internacionales. En términos prácticos, significa que no puede existir impedimento alguno para que la sociedad conozca -salvo las limitaciones establecidas en la ley- la información en poder de la autoridad en los distintos órdenes de gobierno.

En el caso mexicano, este tema registra avances y retrocesos. Tanto los distintos gobiernos como los nuevos sujetos obligados a garantizar el acceso a la información -partidos políticos, sindicatos, fideicomisos y fondos públicos, entre otros, que reciban o ejerzan recursos públicos- aún siguen encontrando la manera de retrasar o cumplir de manera parcial con lo que puntualmente establece la ley.

Sin embargo, no podemos dejar de reconocer que el acceso a la información, es resultado, por una parte, de la transición democrática iniciada por nuestro país a finales del siglo pasado y por la otra, de la presión derivada de los procesos de ciudadanización y avance de las tecnologías de la información que caracterizan a las sociedades contemporáneas.

Ambas tendencias convergieron en la aprobación de ordenamientos jurídicos que dieron paso a la actual Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como a la creación de instituciones como elInstituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.

Hoy en día, formalmente contamos con un entramado institucional y legal que se debe cumplir, pero que también es urgente fortalecer y seguir consolidando, mucho más cuando son evidentes las intenciones del actual gobierno por debilitar e incidir en la vida interna de los organismos autónomos.

El fortalecimiento de dicho entramado es fundamental. Por ejemplo, las sanciones por incumplimiento a la Ley van apenas desde una simple “Amonestación Pública”, hasta multas por mil quinientas veces la Unidad de Medida y Actualización como máximo. Tal parece que nos encontramos en una situación de estancamiento y, consecuentemente, debemos romper esa inercia.

De no ser así, seguiremos estando a merced de la buena voluntad del conjunto de actores políticos, sociales y de las instituciones que aún operan de manera discrecional el manejo de los recursos públicosque reciben.

Inmersos ya en la llamada “Cuarta Transformación”, hay indicios de que el nuevo gobierno tampoco es muy proclive a abrir la información pública, en aras de la transparencia.Basta citar como ejemplo, la apresurada compra de pipas -a principios de año- para hacer frente al “robo de combustible” que se llevó a cabo a través de una “triangulación”. Para concretar esta operación, se recurrió a una Filial de Pemex, la cual dado su carácter privado no sólo no puede ser fiscalizada, sino que también la exime de cumplir con las disposiciones de la Ley de Adquisiciones de la Administración Pública.La opacidad en su máxima expresión, ya que no hay forma de acceder a los términos de los contratos firmados.

Y ni qué decir de otros casos en los que el gobierno encabezado por López Obradorestá obligado a abrir la información para despejar presuntas irregularidades. De acuerdo con información publicada en diferentes medios de comunicación se señala que el 70 por ciento de contratacioneshan sido realizadas mediante adjudicaciones directas,práctica que el propio AMLO se comprometió a erradicar en administración. Bajo este esquema quedan comprendidas la compra de medicinas, así como la impresión y reparto de los libros de texto.

Por si lo anterior fuera poco, si analizamos el mensaje del Primer o Tercer Informe de Gobierno, resulta que no hay referencia alguna a las políticas a favor delAcceso a la Información Pública, que, junto con los temas de Transparencia y Rendición de Cuentas -también ausentes en el discurso- no sólo constituyen prácticas esenciales de las democracias modernas, sino que hoy en día tambiénson un componente fundamental del Estado de Derecho y que el propio AMLO se obstina en afirmar queéste último “ya existe” como tal.

En fin, el caso es que casualmente el día de mañana, en todo el mundo se estará celebrando el “Día Internacional del Derecho de Acceso Universal a la Información”.

En nuestro caso, creo que no tenemos mucho que celebrar. Sí como hemos apuntado, el nuevo gobierno prescinde de alguna de estas prácticas, difícilmente se puede afirmar que “estamos transitando hacia una verdadera democracia".

Sin acceso a la información, sin transparencia y sin rendición de cuentas, es imposible avalar la vigencia de un régimen democrático, de derechos y de buen gobierno.

*Presidente de la Academia Mexicana de Educación.

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