El gobierno actual se comprometió a implementar una estrategia de pacificación en el país, y afirmó categóricamente que nadie sería torturado, desaparecido o asesinado por un cuerpo de seguridad del Estado. El propio presidente ha reiterado en diversas ocasiones que ya no se reprime al pueblo y, durante su primer informe trimestral de 2020, mencionó que el Estado mexicano ha dejado de ser el principal violador de derechos humanos y que la tortura se ha erradicado. Sin embargo, la realidad de nuestro país tiene otros datos.
Durante esta semana se reveló un video en el que, supuestamente, soldados ejecutaron a un civil herido en Tamaulipas después de un enfrentamiento con presuntos integrantes de un grupo del crimen organizado. Asimismo, a principios de esta semana, elementos de la policía de León torturaron y agredieron sexualmente a mujeres, entre ellas menores de edad, durante una manifestación en la cual, paradójicamente, exigían justicia por agresiones sexuales cometidas por la policía. A estos casos, habría que sumar la ejecución extrajudicial de Giovanni López por policías municipales en Jalisco, así como el asesinato de Oliver López, quien fue asfixiado por policías de Tijuana. En resumen, se sigue reprimiendo al pueblo, se siguen asesinando a personas inocentes y no se ha erradicado la tortura.
Los abusos cometidos por elementos de seguridad no son una historia nueva. Entre 2000 y 2018, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) registró más de 43 mil expedientes de quejas por la presunta violación de derechos humanos de todas las instituciones de seguridad y justicia a nivel federal. Como bien han referido organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos: estas prácticas han continuado durante la actual administración. Durante los primeros cinco meses de operación de la Guardia Nacional, la CNDH recibió 32 expedientes de quejas por presuntas violaciones a los derechos humanos, algunas de éstas fueron detenciones arbitrarias y tortura. También, durante el primer semestre de 2019, recibió 241 expedientes de quejas por abusos cometidos por militares.
No debería quedar ninguna duda que la violación a los derechos humanos es una práctica recurrente y sistemática en el país en la que participan elementos de seguridad de los tres niveles de gobierno, tanto de instituciones civiles como militares. Pensar que esta realidad va a cambiar de la noche a la mañana, como por arte de magia, con frases que no tienen ningún sustento, no solo es cínico, sino irresponsable e indolente.
Si el gobierno quiere erradicar esta problemática, podría empezar por mejorar la capacitación de los elementos de seguridad, ya que actualmente reciben, por ejemplo, cursos exprés de 40 horas sobre derechos humanos y uso de la fuerza, y tan solo 70 horas en armas y prácticas de tiro. También, darles equipamiento de protección y armas incapacitantes para evitar que el único recurso que puedan utilizar ante cualquier amenaza sea un arma de fuego. O bien, reforzar y utilizar a las instituciones correspondientes para investigar y, en su caso, sancionar cualquier abuso; que verdaderamente realicen su labor, no solo cuando los medios de comunicación hacen públicos los sucesos.
La demagogia es uno de los peores vicios de este gobierno. No hay, ni habrá, discursos y promesas suficientes para que ya nunca más se torturen, desaparezcan o asesinen a personas inocentes. Se necesitan acciones concretas y urgentes. Para decirlo de otra manera: se necesitan más que abrazos porque van ganando los balazos.
Consultor independiente.
@ddblanc
