Desde la primera edición de mi Teoría General del Estado en 1987 cuando la corriente neoliberal empezaba a dominar el mundo, yo señalaba reservas en torno a ella; las que amplié en la tercera edición publicada recientemente por Oxford University Press. Mis consideraciones teóricas estuvieron acompañadas de acciones políticas. Como Senador me opuse a la apertura del sector eléctrico y tuve una activa intervención en el campo opositor a que se modificara la condición estratégica de Pemex.
De ahí mi coincidencia con la pretensión gubernamental de acotar la aplicación de las recetas dictadas por el neoliberalismo, mediante las medidas dirigidas a contener la apertura del sector energético a la inversión privada para fortalecer a PEMEX y a la CFE, y la iniciativa que pondría un tope a las comisiones que cobran las Afores. Ambos posicionamientos me parecen plenamente justificados tanto a la luz de la lógica política como de la económica. Respecto de la primera, es incontrovertible que desde la oposición y como candidato en campaña AMLO se opuso decididamente a la reforma energética y en general a la política neoliberal, por lo que las medidas que comentamos pueden considerarse plenamente avaladas por la decisión democrática que lo llevó al triunfo.
En cuanto a la economía, es evidente que los beneficios obtenidos por las empresas productivas del Estado son mucho más útiles para el país si las reciben y aplican dichas empresas, que si las reciben accionistas privados especialmente si estos son extranjeros. Además, conviene evitar la dependencia de combustibles importados.
El gobierno, pues, no está haciendo sino aplicar las medidas para las cuales tiene un mandato, y ello no implica violación ninguna al orden jurídico. La apertura constitucional del sector energético permite la participación privada, pero no la hace obligatoria. El Estado tiene el derecho de asegurar para sus empresas la mayor parte del mercado. Por razones de conveniencia es comprensible que no se alteren las asignaciones o contratos vigentes con particulares pero, en caso extremo, una reforma constitucional que vuelva al sistema de exclusividad del Estado en la explotación de hidrocarburos podría ser aplicable, como el propio titular del ejecutivo lo expuso recientemente.
En cuanto a la imposición de límites a lo que cobran las Afores por concepto de comisión, es claro que responde a un interés de evitar la excesiva sangría que para los ahorros de los trabajadores significan esos pagos. La adopción del sistema de cuentas individuales en el ámbito de las pensiones fue una de las más insistentes recomendaciones de los impulsores de la política neoliberal en el mundo. Se privatizó esta actividad en la que el Estado jugaba un papel fundamental, para transferirla a instituciones financieras que ni siquiera garantizan adecuadamente un retiro digno como ya se ha visto en Chile, que fue el modelo que se siguió como digno de ser imitado y ahora está en pleno colapso.
Revertir el sistema de cuentas individuales que reporta enormes utilidades a las instituciones que las manejan, aunque parecería lo más sensato, plantea enormes dificultades en un mundo donde el capital financiero tiene un poder prácticamente omnímodo. Ni siquiera una medida que podría resultar más justa, como sería vincular el monto de la comisión cobrada a los rendimientos obtenidos en las cuentas, parece viable en este momento. En consecuencia, si no es factible políticamente modificar de raíz este sistema, los cambios que se están introduciendo para mejorarlo deben incluir la limitación del monto de las comisiones, a partir de una comparación con otros países que demuestra un exceso en lo que se extrae como beneficio de los ahorros que hace el trabajador para el retiro.
Quienes están en contra de la nueva política afirman que es contraria a la libre competencia como si esta de verdad hubiera resultado en una disminución del monto de las comisiones. Además, ese alegato constituye un auténtico sofisma puesto que no están los trabajadores en libertad de decidir si desean o no ahorrar para el retiro. Esta es una obligación legalmente impuesta de manera que no hay un mercado perfecto en el que las personas puedan decidir si adquieren o no el servicio, puesto que este es forzoso.
Cuando el Estado fija las condiciones en las que habrá de generarse un mercado cerrado, del cual no puede salir el consumidor, no estamos en presencia de una verdadera libertad. Si el trabajador pudiera decidir su pertenencia o no al sistema en el que “compiten” las empresas privadas, sí podría hablarse de un verdadero libre mercado pero como vemos, el ahorrador queda sometido a las opciones que le son impuestas que, por cierto, podrían buscar clientes reduciendo las comisiones por abajo del tope. Aun así, el ahorrador cautivo solo puede escoger quién se apoderará de parte del fruto de su trabajo; lo justo es que, por lo menos, haya un límite a lo que le quitan.
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