El país vive una situación de emergencia. Al difícil entorno internacional que enfrenta principalmente con el hostil presidente de los Estados Unidos y la renegociación del TLC, puntal del actual modelo de desarrollo económico, se ha venido a sumar los estragos que huracanes y temblores han ocasionado a lo largo y ancho del territorio nacional.
En el primer asunto, más allá de posicionamientos voluntaristas por un lado y pragmatismos a ultranza por otro, convendría un gran debate nacional sereno e informado para iniciar los ajustes, cambios y transformaciones que debemos imprimir a nuestra economía, por que las cosas no pueden continuar como ahora o tendremos que vivir una gran rebelión social con características de guerra civil.
Ese y no otro es el gran pendiente de la Agenda Nacional. La inmensa desigualdad social que genera millones de pobres y la concentración de la riqueza en una pequeña elite - como nunca antes en nuestra historia- nos está empujando a una espiral de violencia social que se sumaría a la que desde hace una década ha bañado de sangre el país, sumergiéndolo en un clímax de inseguridad por el combate a la delincuencia.
La galvanización social generada con motivo del sismo del pasado 19 de septiembre en la cual espontáneamente emergió el espíritu solidario y la fraternidad de los mexicanos, sin desconocer que también afloró el gran rencor social contra el gobierno en particular y en contra de cualquier autoridad en lo general, debe funcionar como catalizador para consensar los cambios político- sociales que se requieren sin violencia ni enfrentamientos sangrientos.
El rencor social, la ira contenida están a flor de piel. Es obligación de todos conducirla por canales institucionales y civilizados. Los cambios económicos deben ir acompasados por transformaciones políticas al régimen de gobierno. Es quizás la hora de los gobiernos de coalición, como un primer paso a un gobierno parlamentario “a la mexicana”. Lo que es claro, es que el presidencialismo fuerte se agotó y no tiene futuro.
El otro gran tema en nuestra opinión es la reconstrucción. Es y será un proceso largo y costoso, que requiere de consensos y construcción de acuerdos, entre todos los sectores sociales. El proceso de reconstrucción no se constriñe a la ciudad de México o solo a los damnificados de los temblores del 7 y 19 de septiembre de Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Puebla, Morelos, debe necesariamente incluir a las víctimas de ciclones y lluvias torrenciales de casi la mitad del territorio nacional, desde Campeche hasta Baja California sur.
La tarea es enorme: escuelas, hospitales, caminos y carreteras, puentes, puertos y aeropuertos, edificios de todo tipo, entre ellos los de valor histórico y especialmente las viviendas de millones de compatriotas. Es ocasión perfecta para modificar las características de las casas de interés social. Los mexicanos no pueden, no deben ser condenados a vivir en habitáculos minúsculos a las afueras de las poblaciones.
La reconstrucción debe ser conducida y acordada democráticamente en un ejercicio de planeación real, no simulada y sobre todo debe hacerse sin intervención de los partidos políticos. La reconstrucción no debe ser utilizada electoralmente, por el gobierno y mucho menos por los candidatos y sus formaciones políticas.
El Presupuesto de Egresos de la Federación 2018, es la herramienta perfecta para iniciar una era de trasformación que cambie el rostro de nuestro México. Los cambios hagámoslos de manera pacífica y democrática.
