La semana pasada visitaron las oficinas centrales de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) los presidentes del PAN, Marko Cortés, del PRI, Alejandro Moreno y del PRD, Jesús Zambrano para hacer cuatro denuncias puntuales.
La primera denuncia sobre la intervención del crimen organizado en las elecciones pasadas y que dicha intrusión fue pactada o al menos consentida por el gobierno federal. Las candidatas y candidatos asesinados y amenazados, los resultados que no respondieron a tendencia alguna y varias declaraciones hechas por el presidente López Obrador, evidencian que es un problema presente y creciente que se debe atender.
La segunda denuncia sobre el uso faccioso de las instituciones de procuración de justicia que ha quedado evidenciado con el caso de Ricardo Anaya, pero no es el único. Los casos y acusaciones contra Ildefonso Guajardo, Luis Videgaray e incluso el de Rosario Robles demuestran que cuando se trata de venganzas no existe el debido proceso. Además, el atropello a la división de poderes es más que evidente en el intento de prolongar la presidencia de la Suprema Corte, que fue analizado con mucha seriedad a pesar de ser un claro intento de romper la ley y trasgredir al Poder Judicial.
La tercera denuncia es contra el hostigamiento permanente del Ejecutivo Federal al Instituto Nacional Electoral y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Desde los ataques y amenazas personales que se han hecho a los consejeros Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama, y hasta la constante amenaza de una reforma para quitarle presupuesto, atribuciones y renovar a los consejeros. Desde las ruedas de prensa matutinas salen las amenazas y propuestas, cuando las reformas políticas y/o electorales no deben provenir del Poder y cuando todos los ataques (y desmantelamiento) a los contrapesos y órganos constitucionales autónomos vienen precisamente Poder Ejecutivo
La cuarta denuncia es contra el constante ataque que se hace desde la presidencia de la República a la libertad de expresión, y específicamente contra algunos medios y comunicadores. Ningún otro presidente había hecho de sus posibilidades de comunicación un auténtico paredón para definir qué es verdad y qué no lo es, mientras sustenta sus dichos en “otros datos” que sólo él conoce. Además, esa visión parcial ya evolucionó a ser una sección específica de sus conferencias en la que supuestamente desenmascaran mentiras, pero en realidad sólo evidencian a quienes no están doblegados por el poder.
Cuando un gobierno le teme a su ciudadanía e instituciones democráticas, es un gobierno enfermo. Cuando desde el poder se rompe la ley y se atenta contra la democracia y contra los equilibrios, es importante evidenciarlo más allá de las fronteras, donde no puede cooptar medios o instituciones. Cuando, además -como pasó- ante la denuncia, el denunciado responde con una amenaza directa, lo único que hace es comprobar la veracidad de lo denunciado.
México necesita auténticos demócratas que respeten y promuevan las libertades y los derechos; no pretextos, no amenazas y menos “otros datos”.
@JulioCastilloL
