Por: Ma. de los Ángeles Huerta del Río
El pasado jueves, en la Cámara de Diputados, votamos a favor de la reforma laboral. Un hecho histórico que con seguridad cambiará de fondo las relaciones sociales en materia de trabajo. Morena está cumpliendo lo que prometió; hemos construido los consensos necesarios, respetando a las demás fuerzas políticas. Nos negamos a utilizar de forma arbitraria, o peor aún, autoritaria, la mayoría conquistada en las urnas. En lugar de eso, hacemos ejercicios de parlamento abierto e intentamos un diálogo inteligente con todas las fuerzas de la sociedad. Es así como esta reforma fue votada a favor por 417 diputados de todas las bancadas.
Así, el principal cambio que veremos es en las relaciones laborales —eso es lo que se está cristalizando—. Es decir, lo que sólo un gobierno legítimo puede lograr: estamos dando una dimensión moral y ética a los compromisos adquiridos internacionalmente y que administraciones pasadas no se atrevieron o no quisieron refrendar en la legislación nacional. Con esta reglamentación aprobada veremos una efectiva libertad sindical. Ya no más sindicatos blancos o charros que sólo sirven a los caprichos del líder y de los patrones, sin considerar las necesidades y opiniones de los trabajadores. El voto personal, libre, directo y secreto de los trabajadores abre las puertas para que, ahora sí, veamos un impulso real en el desarrollo de las empresas y del país, en un entorno armónico y de progreso.
La reforma da elementos para acabar con la extorsión y el soborno. Se termina la extorsión de los sindicatos hacia los patrones y trabajadores, y el soborno por parte de los patrones a los dirigentes sindicales. A partir de ahora, para que el patrón negocie un contrato colectivo, primero el sindicato deberá contar con la constancia de representatividad.
En la parte que le toca al gobierno, también hubo reformas bajo la premisa de que justicia que tarda no es justicia. Para ello, se sustituyen las Juntas de Conciliación y Arbitraje por Tribunales laborales adscritos al Poder Judicial. Así, se logra la plena autonomía y especialización técnica, pero también se hace obligatoria la conciliación previa con órganos competentes denominados Centros de Conciliación y Arbitraje. Los conflictos que paralizaban —hasta por dos o tres años— los juicios laborales, ahora tendrán un máximo de 45 días para ser solucionados. Lograremos que con estos órganos especializados se llegue a acuerdos que beneficien tanto a trabajadores como al sector patronal.
Esto es, que los trabajadores ya no inviertan tiempo, energía y estabilidad en un conflicto, y que los patrones dejen de estar en zozobra porque un conflicto pueda provocar que desaparezca la fuente de trabajo. Se acortan así los periodos procedimentales y se eliminan formalidades que acartonaban el proceso y no aportaban para la búsqueda de la justicia. Dos ejemplos: primero, la confesional ahora busca que los juzgadores pregunten libremente para entender el conflicto. Segundo, ante la muy conocida práctica de que los patrones alargaban la conciliación extrajudicial hasta que se prescribiera el derecho de los trabajadores para exhibir una demanda, tenemos que ahora la prescripción para la presentación de la demanda se interrumpe con la solicitud de conciliación.
Aun con todos estos beneficios, hay que decirlo, falta por hacer. En Morena siempre hemos considerado que la ley es perfectible. Reformamos donde hay consenso y seguiremos trabajando en los demás puntos. Hay un camino largo que andar todavía en éste y otros temas. El rezago es todavía considerable, pero estamos avanzando.
Diputada Federal del Grupo Parlamentario de Morena
