Una de los capitales sociales más importantes de Andrés Manuel López Obrador ha sido sin duda, el derivado del programa social que brindó una pensión a los adultos mayores. Dicho programa que posteriormente sería implementado en prácticamente en todo el país, mira hoy hacia nueva etapa en la que se pretenden duplicarse esos apoyos. Sin embargo, la realidad que prevalece para este grupo poblacional, está marcada por la pobreza y la dependencia, por lo que no sólo es urgente atenderlos, sino además poner en perspectiva el hecho de que la pirámide poblacional se invierte cada vez más de manera más contundente, y los estragos de no hacer algo a tiempo serán mayores.
Datos de la Organización Internacional del Trabajo advierten que en Méxicocasi el 31% de los adultos mayores de 65 años viven en la pobreza. Por si esto fuera poco, 1 de cada 2 personas de la tercera edad no tiene acceso a una pensión ni recibe un salario en el país. Por lo que únicamente 18.8% de las personas de la tercera edad cuenta con una pensión; mientras que apenas el 1.8% tiene una pensión y un salario, y 1 de cada 4 adultos mayores, debe trabajar para recibir un salario, que en la mayoría de los casos se sitúa apenas entre los 2 y 3 salarios mínimos.
La proporción de pobreza entre este grupo para México, es mayor por mucho a la que se da en otros países de la región como Colombia y Brasil, donde la población mayor de 65 años en pobreza es de 21.3 y 2.6 por ciento.
Hace poco más de un mes, la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS) y la Asociación Mexicana de Administradoras de Fondos para el Retiro (Amafore), señalaron que de no buscar una reforma a fondo en el sistema de pensiones del país, en 32 años México tendrá más de 10 millones de personas de 65 años y más en condición de pobreza, es decir, 154% más respecto a los 3.9 millones reportados en 2016.
Este temible horizonte, corresponde al hecho de que la probabilidad que hoy tiene la población joven de llegar a los 65 años o más en 2050 en situación de vulnerabilidad rondaentre 40 y 60%. Esos mismos cálculos, reflejan la altísima probabilidad de pertenecer a los 10.5 millones de personas que demandarán una pensión no contributiva, a los 6.3 millones que no tendrán pensión alguna, y a los 10 millones que vivirán de manera casi segura en condición de pobreza, aunado al hecho de que habrán otros 5.6 millones que además de vivir en pobreza tendrán una enfermedad crónico-degenerativa que consumirá sus ingresos.
Aunque se ha comprobado en el pasado que el capitalismo no está enteramente peleado con los sistemas de bienestar social, lo cierto es que los esquemas de pensiones han sido los más castigados por este modelo económicos en los últimos años.
Desde la ampliación de la edad de jubilación, en prácticamente el 73% de los países que implementan esta economía, hasta la reducción de los servicios sociales que recibe este grupos social, después de la crisis mundial de 2008, el panorama para convertirse en adulto mayor en las próxima décadas resulta desesperanzador, por lo que la demanda por políticas públicas es inminente.
El modelo liberal, pugna por hacer de la vejez el negocio del futuro, uno que abre mercado a farmacéuticas, servicios médicos y de atención privados, que ante el aumento de la demanda, puedan ampliar sus ganancias, limitando el derecho a una vejez plena a quien tenga la capacidad de costearla.
En México, sin embargo, hay un detalle, este sector de la población tiene menos dinero, y menos manera de producir ingresos por sí sólo, pues cada vez son más frecuentes las enfermedades crónicas o catastróficas. La apuesta por un generar un estado de bienestar en el que las personas de la tercera edad sean una prioridad, no es un disparate, sino una realidad que debe ser atendida antes de que sea demasiado tarde. Nuestros adultos mayores, más que un reconocimiento, se les deben garantizar sus derechos humanos.
