Si el agua es poca, a las empresas de los “ricardos” les toca, podría ser el título de la investigación realizada por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad en el estado de Jalisco, donde destaca que mientras que para las grandes compañías la gestión de concesiones de agua resulta un trámite sencillo --aún sin cumplir con los requisitos o con una revisión superficial de los mismos--, para la población en general, sobre todo para los jodidos, tener acceso al vital líquido es más complicado.
Lo anterior puede corroborarse en los expedientes que respaldan los permisos para extraer agua del subsuelo, señala la organización. En Jalisco, la mayor concentración en volumen de agua concesionado es para ITLC Agrícola Central que, de acuerdo con datos disponibles en el Registro Público de Derechos de Agua (Repda), tiene 24 títulos de concesión en el estado y seis en Michoacán. En Guadalajara puede extraer 10 millones 930 mil metros cúbicos al año.
ITLC Agrícola Central pertenece a Grupo Azucarero México, integrado por Ingenio Tala, Ingenio Lázaro Cárdenas, Proveedora de Alimentos México y Empresas y Servicios Organizados, y es propiedad de Juan Gallardo Thurlow, a quien el presidente Ernesto Zedillo propuso como embajador de México en Francia, pero sus detractores le “sacaron los trapitos al sol” y lo “bajaron del caballo”.
La Ley de Aguas Nacionales, en su artículo 21 bis, señala que para solicitar un título de concesión se deben presentar los documentos que acrediten la propiedad o posesión del inmueble en el que se localizará la extracción de agua. Sin embargo, como parte de la investigación realizada por Mexicanos Contra la Corrupción, se hicieron solicitudes de información sobre los expedientes de las empresas que tienen los mayores volúmenes de extracción de agua autorizados. En todos los expedientes de las concesiones de agua a nombre de ITLC en Jalisco se incluyen contratos de arrendamiento que la empresa ha celebrado con los dueños de las parcelas en donde ha construido sus pozos de extracción de agua y que se encuentran distribuidos en diversos municipios. En el caso de los terrenos que se utilizan para la siembra de caña les pagan desde 15 mil pesos anuales por hectárea, monto que representa poco más de una tercera parte del salario mínimo anual vigente en este año, que es superior a los 44 mil 900 pesos.
Y ya metidos en el tema de los trinquetes, nos informan que la compañía ASERTA, que presume ser líder en la industria de las garantías, se resiste a cubrir una fianza de 100 millones de pesos a la empresa SUCROLIQ, que adquirió hace más de un año para garantizar la compra-venta de azúcar a COPACO, comercializadora del ingenio PUGA, a pesar de que la institución ya perdió dos juicios en tribunales. Los representantes de Aserta, según los afectados, han utilizado todo tipo de marrullerías para evadir el pago de la fianza y amenazan con ampararse, y se sospechan que están coludidos con la comercializadora. Se dice también que otros acreedores de COPACO se afianzaron con ASERTA y están sufriendo el mismo calvario. Ante esta situación cualquiera podría decir que eso de que “la fianza da confianza”, es lo más falso que han escuchado.
