El inicio de procesos electorales en los treinta años previos es sinónimo de movilización social y deliberación pública intensa. Partidos, candidatos, ciudadanos y autoridades salen a la calle con propósitos distintos, la inundan y la hacen suya.
A más tardar el 7 de septiembre de este año debe iniciar la preparación de las elecciones federales y locales del 2021 aun con los efectos de la pandemia que hasta el martes 26 registró 5 millones 618 mil 829 contagiados y 351 mil 077 muertes en el mundo; de las cuáles, México tiene 74 560 contagios y 8 134 fallecidos. El COVID-19 hoy representa una crisis global que lamentablemente ha dejado muertes y modificado la ecuación social para atender el aislamiento y la sana distancia física como método para combatirla.
El consumo, la producción y la distribución se derrumban, los precios del petróleo cayeron por debajo de los costos de producción y las relaciones sociales fueron replanteadas hasta para la manifestación de afectos personales. En materia de elecciones, acorde con IDEA internacional, se han pospuesto comicios en al menos 50 países, Estados y territorios de todo el planeta.
México no fue la excepción. Y el entorno rumbo al 2021 es complejo. De entrada la agenda indica que lo deseable es concluir las elecciones 2020 en Coahuila e Hidalgo que se pospusieron sin fecha para retomar los trabajos en marcha y arrancar con las campañas. Veremos que determinan las autoridades sanitarias y electorales.
El panorama es más incierto si vemos que hay otros temas de relevancia que están pendientes. Uno es la conclusión de los procedimientos de constitución de nuevos partidos que, en su caso, entrarían en funciones el 1 de julio, pero la suspensión de plazos decretada por el INE en marzo postergó la revisión de requisitos de 7 organizaciones que solicitaron registro y acompañaron los documentos necesarios. En esa ruta también está la preparación de la logística electoral en coordinación con los oples, la definición de los calendarios, planes de trabajo, firma de convenios y negociación de presupuestos.
El reto está en instrumentar medidas que garanticen continuidad en las contiendas electorales en un entorno de emergencia. Hay que adaptarse a la nueva realidad anteponiendo la vida y salud de las personas, buscando mecanismos como las sesiones de la Corte, de distintos tribunales o del INE vía remota, campañas políticas quizá sin eventos masivos que concentren muchas personas y nuevos métodos para votar con garantías de certeza y confianza.
En 2021 habrá elecciones concurrentes en las 32 entidades federativas. Total: 21 368 cargos; 15 gobernadores; 1 063 diputaciones locales; 19 359 miembros de ayuntamientos; 431 cargos de cuarto nivel de gobierno (Campeche y Tlaxcala) y 500 diputaciones federales. Coincido con el INE: se trata, de nuevo, de las elecciones más complejas de la historia que implicarán un listado de más de 93.5 millones de electores y la instalación de alrededor de 168 mil casillas.
Igual sobre la mesa existe el compromiso de avanzar en el uso de la urna electrónica, herramienta que no se ha consolidado en México y que hoy podría ser la vía privilegiada para mantener comicios periódicos que sean compatibles con las indicaciones sanitarias. El modelo de casillas en donde hay filas de personas para votar no es armónico con la distancia física que hoy es necesaria. Más allá de la pandemia, el voto electrónico generaría ahorros considerables de dinero público que bien podrían destinarse a otras actividades del país y además ayudaría a recabar el voto de los residentes en el extranjero, en su modalidad por internet.
Está en puerta por primera vez, la aplicación federal de la reelección de legisladores, como ya ocurrió en el ámbito local en 2018. El 18 de marzo pasado se aprobó en la Cámara de Diputados una polémica iniciativa que implica darle viabilidad, aunque con riesgos. Por eso es un reto garantizar que no sea una simulación entre territorio que se representa y territorio por el que se compite, que las campañas de quienes se reeligen sean a su vez compatibles con la imparcialidad en el uso de recursos públicos. Ojalá el Senado la ajuste a tiempo.
Algunos medios de comunicación han dado cuenta de la promoción indebida de diversos políticos y servidores públicos que aprovechan la escasez de algunos productos sanitarios y alimenticios para regalarlos y promover ilegalmente su imagen. El INE ha sido claro y será necesario extremar cuidados para que no se generen condiciones de inequidad y de uso indebido de los recursos públicos. La agenda pendiente y de lo que sigue es densa, será necesario que instituciones, actores y sociedad, actuemos con solidaridad y con apego irrestricto a la ley.
