Los valores fundamentales de Pemex están bajo amenaza. El ataque a sus sistemas informáticos no ha sido aún evaluado y si bien poco a poco han regresado a la normalidad, sí hay información financiera, contable y de producción petrolera, así como manejo de logística que está absolutamente perdida.
Con lo único que se cuenta en este momento es con el respaldo que se hizo previo al evento y lo que se tenga en la nube, que no fue afectado.
De este caso hay que tener la certeza de la cantidad de terminales que fueron afectadas, estamos hablando de hasta 15 mil máquinas que estarían comprometidas, según versiones extraoficiales, este número es tres veces mayor al reconocido.
Lo que se sabe es que no se hizo ningún pago. De hecho, no hubo nunca un contacto para hacerlo, según cuentan dentro de Pemex y no se tenía la intención de hacerlo.
El caso es que hay dos cosas que llaman la atención. La primera es que en medio del hackeo, la nómina a los más de 100 mil trabajadores se pagó sin demora, y la segunda: se hicieron pagos a distintos provedores, más aún, se permitió el acceso al sistema de facturación.
De cualquier forma continúan las secuelas derivadas del hackeo en al menos dos áreas: control de producción de petróleo crudo y ventas de las terminales de almacenamiento y distribución y la grilla es tan grande que incluso se menciona el enfrentamiento público y reconocido de parte de la titular de la Sener, Rocío Nahle, y el director de Petróleos Mexicanos, Octavio Romero Oropeza, donde la primera estaría poniéndole el pie al segundo, lo que se sumaría, ahora sí confirmado, a la intervención de la Función Pública y su titular Irma Eréndira Sandoval, que sigue buscando, algo, lo que sea, para reventar a proveedores de Pemex, vía los contratos vigentes.
No se tiene fecha para informar sobre el alcance de la información perdida y no se sabe, igualmente, si se recuperó algo.
Peor aún, hay sospechas de que es un trabajo interno que involucra a dos personajes muy importantes para el director general: Alberto Velasquez, director de Finanzas; y Marcos Herrería, director de Administración.
BUZOS:
1. El gobierno tiene en la mira al expresidente municipal de Ciudad Mante, Abelardo Osuna Cobos, y a su familia Abelardo, Adrián y Alejandra, por las empresas como Car One Monterrey, Car One Valles y Car One Americana que ganaron 192 contratos con Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto por 792.9 millones de pesos y con clientes como la Comisión Federal de Electricidad y Pemex, entre otros. Los ojos no sólo están puestos en estas firmas vinculadas con el arrendamiento de vehículos, sino con otra de la familia Osuna, llamada Transpais, la cual seguramente conoce porque se ha visto envuelta en casos como secuestro de migrantes, accidentes en la carretera y hasta acarreo de personas para mítines.
2. Manuel Bartlett, director de la CFE, puede entrar a un nuevo terreno minado en los próximos días y quedar mal parado ante el Presidente, porque en la formación de su actual equipo en CFE, específicamente en la Dirección de Distribución, podrían surgir importantes revelaciones de extorsión a empresarios. Ojo.
