Conforme avanza el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, se confirma que la proclama del aspirante a la presidencia no era sólo un grito retador de campaña, sino un concepto que, llegado al poder, lleva a la práctica ante la pasividad de los órganos del Estado que deberían vigilar el estricto cumplimiento de la ley desde las más altas instancias de la República.
A su estilo, apoyado en la mano alzada de un contingente de militantes del partido Morena, el presidente de la República ordena la cancelación de las obras en curso con inversión millonaria del proyecto del metrobús en Gómez Palacio, Durango, que daría servicio también a una zona del estado de Coahuila hasta la ciudad de Torreón. Aprobado por los congresos de ambas entidades para los presupuestos que están en ejercicio, el proyecto de ese medio de transporte colectivo ha sido suspendido en violación flagrante del sistema federal que otorga a los estados y a los municipios soberanía para su gobierno y para la disposición de los recursos económicos de que dispone.
En el caso del metrobús de Gómez Palacio, el presidente simplemente escuchó a la alcaldesa del lugar opuesta a la obra iniciada en administraciones anteriores, a cuyos responsables considera corruptos del pasado y neoliberales. En la forma, la orden de cancelar esa obra vial en Gómez Palacio no difiere de otras que en todos los ámbitos de la administración han sido suspendidas, empezando por la del aeropuerto internacional de la Ciudad de México, cuya edificación con un treinta por ciento de avance e inversiones por más de cien mil millones de pesos ya han sido tirados a la basura. La cancelación de programas como las estancias infantiles, el cese del personal de trescientas unidades del Instituto del Seguro Social que proporcionaban servicio a la población no asegurada, la reducción de presupuestos en todos los órdenes de la administración incluyendo a los mecanismos de investigación, van conformando un panorama en el que las decisiones desde la cúpula del poder se toman en nombre de absurdos ahorros de franciscana pobreza, lo mismo que para señalar supuestos derroches y abusos del neoliberalismo y la corrupción del pasado.
El desprecio a las instituciones, bandera de las campañas de López Obrador, está presente y actuante en la administración. El presidente de la República se toma la libertad e invoca como el derecho de cualquier ciudadano a la manifestación, de descalificar a un grupo de ciudadanos que han solicitado y obtenido amparos que suspenden las obras del aeropuerto de Santa Lucía en tanto no se cumpla con los requisitos que establece la ley para comenzarlas. El juicio de amparo es, desde mediados del siglo XIX, una gran institución que garantiza al ciudadano protección contra los abusos de la autoridad. López Obrador socaba ese derecho al “amenazar” con exhibir públicamente a los peticionarios de ese recurso constitucional que el propio secretario de Comunicaciones, Javier Jiménez Espriú, reconoce en abierta contradicción con la opinión del presidente como un derecho de todo ciudadano. La descalificación, en voz del presidente, bien podría constituir un acto de obstaculización de la justicia y desde luego también un ataque abierto a las instituciones.
El desprecio y el rechazo a las instancias, los órganos y los mecanismos que conforman el Estado y le dan respaldo por parte de López Obrador, incluye a todo aquello que signifique autonomía e independencia, así se trate de organismos establecidos por la ley, como los que regulan la economía y la actividad electoral que están en vías de debilitamiento o desaparición. Al diablo las instituciones, suplantadas por el autoritarismo que pretende controlar la vida entera del país.
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