Cuestionar la actitud servil del Poder Legislativo en tiempos de Echeverría o anteriores sexenios parecía una fea historia que había quedado atrás. Hoy, tengámoslo claro, hemos regresado a esa peor época. El Presidente hace lo que quiere porque puede. MORENA es su instrumento. La oposición, ni junta, puede parar las reformas legislativas del Presidente porque las dos Cámaras del Congreso de la Unión están controladas por el movimiento de López Obrador, reafirmando su poder omnipotente y unilateral que ejerce sin ningún recato. En Senado controla 77 escaños de 128. Y en la Cámara de Diputados y Diputadas, Morena con sus partidos paleros tiene 338 de 500, pueden votar cualquier reforma constitucional porque además controla 19 de 32 congresos locales.
La preocupación por el poder que ha logrado López Obrador es legítima y desde la campaña la oposición señalaba que la personalidad del candidato de MORENA se caracterizaba por el revanchismo, su priismo nacionalista arcaico y sus ansias de poder meta constitucionales. Los avances de los últimos 30 años en materia de control electoral y político al partido hegemónico, le incomodaban. La conformación de organismos constitucionales autónomos como respuesta al control desmesurado que mantenía el presidencialismo hacia esferas como la organización y calificación electoral, vigilancia de los derechos humanos, la transparencia y derecho a la información o el control sobre materias de telecomunicaciones, regulación de electricidad, las califica como resultado de la concesión de Estado, entendiendo que el Estado es el Presidente.
Y hoy nuevamente muestra su poder como único legislador porque Morena le garantizará los votos para reformar la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria que acaba de enviar y que provocará el Congreso sea convocado por Morena en plena crisis por el Covid-19. La adición de un artículo 21 ter a esta Ley señala que cuando se presenten emergencias en el país, la Secretaría de Hacienda podrá reorientar recursos asignados en el Presupuesto de Egresos, o sea los aprobados por la Cámara, para destinarlos a mantener la ejecución de los proyectos y acciones prioritarios de la APF, -o sea los que quiera el Presidente- y fomentar la actividad económica del país, atender emergencias de salud y programas en beneficio de la sociedad. ¿Cuáles son estos programas? Lo ha repetido una y otra vez durante la pandemia: la construcción de la refinería Dos Bocas, su Tren Maya, su aeropuerto en Santa Lucía y lo que se le ocurra, por ejemplo comprar estadios de beisbol como ya lo hizo en plena crisis sanitaria, y regalar dinero a un sector de la población con fines electoreros.
Establecer que las dependencias y entidades deberán efectuar las adecuaciones necesarias para reducir sus recursos autorizados por la Cámara de Diputados, es claramente inconstitucional y atenta contra la soberanía e independencia de una de las Cámaras del Poder Legislativo porque trastoca uno de sus principios fundamentales: revisar, programar y aprobar el Presupuesto de la Nación, así como vigilar su estricto cumplimiento. Una prueba más de la pretensión autoritaria de López Obrador: desaparecer el equilibrio entre los tres Poderes de la Unión: Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Peligroso realmente. Estamos obligados a evitarlo, insisto: por el bien de la República.
Defensora de derechos humanos.
