De acuerdo con datos de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), cada dos segundos una persona es forzada a huir en busca de seguridad. Existen, por lo menos, 79.8 millones de individuos alrededor del orbe que han sido obligados a desplazarse de sus hogares. Casi 26 millones de esas personas son refugiados.
Según datos de la Comisión Mexicana de Apoyo a Refugiados (Comar), la cantidad de personas en busca de cobijo que llegan a México se ha disparado en la última década, pues de 1,296 que solicitaron ser consideradas en 2013 como refugiados, el 2019 cerró con más de 70, 600 aplicaciones, y tan sólo en el primer tercio de 2020 se registró un incremento de 34% con respecto al mismo periodo del año pasado. En coordinación con el gobierno federal, ACNUR ha asistido a más de 6,700 personas refugiadas en el proceso de integrarse a ciudades del centro y norte del país. De ellas, 50% está en edad laboral y contribuye a la economía formal con 40. 6 millones de pesos al año en pago de impuestos. En 2020 sus contribuciones podrían ser de alrededor de 175 millones de pesos.
La aventura está repleta de sinsabores. El refugiado no sólo experimenta la ya de por sí traumática experiencia de dejarlo todo para encontrar mejores condiciones de vida, sino que su trayecto está caracterizado por la violencia, el prejuicio y la explotación de sociedades incapaces de aceptar la otredad del migrante. Como sucede en todas las esferas del desarrollo, el estado no puede responder plenamente a los desafíos intrínsecos al desplazamiento de personas, el cual probablemente irá al alza ante los crecientes conflictos sociopolíticos, la crisis económica y la escasez de recursos producida por el cambio climático. La participación del sector privado es crucial para resolver el problema; la ayuda a refugiados, sin embargo, rara vez es parte sustancial de los programas de responsabilidad social de las corporaciones. Por ello llama la atención el programa de ayuda a refugiados iniciado en 2017 por Mabe, empresa mexicana de productos de línea blanca, en colaboración con la ACNUR y el gobierno de Coahuila.
Pablo Moreno, director de Asuntos Corporativos de Mabe, explica que el objetivo es ofrecer plazas de trabajo a refugiados en la planta de lavadoras de Mabe en Saltillo, Coahuila, y así ayudar a integrarlos a la sociedad. Provenientes de El Salvador, Honduras, Guatemala y Haití, al momento hay alrededor de 100 personas contratadas (73% hombres, 27% mujeres). Se espera que la cifra alcance 300 a fines de 2021. La motivación del programa se encuentra impresa en el ADN de la compañía. Mabe fue fundada en 1946 por dos migrantes: el egipcio Egón Mabardi y el español Francisco Berrondo.
Hace poco menos de tres minutos empezó a leer esta columna. Alrededor de 90 personas han sido desplazadas desde entonces. La mayoría quizá nunca logre encontrar un nuevo hogar. Con una participación más activa del sector privado, las probabilidades de evadir ese destino serán mayores. Casi todos merecemos la posibilidad de comenzar de nuevo. No hay otra esperanza más que esa.
@mauroforever
Te recomendamos el podcast ⬇️
