La terrible herencia de la administración peñista en materia de corrupción e impunidad, representa quizá, uno de los compromisos de campaña más importantes para la entrante administración. La narrativa de Andrés Manuel fue efectiva, porque en el fondo era empática con el hartazgo popular, aquel que desea ver castigos ejemplares para quienes señalados por corrupción, han pasado de largo por la justicia. Sin embargo, las decisiones recientemente tomadas por el Legislativo, parecen alejarse de esos objetivos, y para muchos han traído una gran desilusión.
El peso de esta problemática es evidente. Según el Índice Global de Impunidad de 2017, México ocupa el lugar 66 de 69, lo que de paso nos hace unos de los países menos atractivos para invertir, pues no existe un Estado de Derecho fuerte que garantice ganancias. El costo de la corrupción es gigantesco, y no se reduce a la perdida de millones en potenciales inversiones, sino además están los recursos que destinan a combatirla, a prevenirla, y que se van en pagos de sobornos, y que se ha calculado llega a representar entre el 5% y el 10 % del PIB.
Tan sólo en las últimas semanas se reveló que de tres áreas del Ramo 23 presupuestadas en casi 6,500 millones de pesos, y cuya asignación quedó completamente a criterio de la SHCP, se terminaron gastando hasta casi 9 veces más en algunos rubros. La noticia se sumó al escándalo de los depósitos en efectivo de los casi 700 millones de pesos a empresas fantasmas, y también a la que señalaba la compra de Karime Macías, esposa de Javier Duarte, de una mansión de 7 millones de dólares en Miami, mientras las autoridades permanecen inamovibles ante las responsabilidades de ésta última en los desfalcos al erario veracruzano.
Entre los escándalos, también están los más de 50 millones de pesos, que se esfumaron del Senado en la pasada Legislatura, y que en teoría se destinarían a apoyar a los damnificados del sismo del 19 de septiembre de 2017. Quizá por ello, es que a menos de un mes de que la LXIV Legislatura tomara protesta, la posición de los diputados y senadores respecto de escándalos de corrupción, ha evidenciado una falta de atención y voluntad que no sólo da mala señales de los que se espera, sino que en los hechos comienza a desgastar la imagen de algunos legisladores que no se han mostrado con ganas de exigir respuestas a quienes están siendo señalados por desvíos y daños al erario público.
Al margen de estos sucesos, la Auditoria Superior de la Federación ha modificado su programa anual de auditorías para la fiscalización de la Cuenta Pública de 2017, de la que por cierto, habrá de entregar informe a la Cámara de Diputados, como máximo el último día hábil del próximo octubre; y en el que se está incluyendo analizar a través de una revisión forense, el sobre ejercicio del gasto en publicidad oficial por más de 17 mil millones (durante los 6 años), de los cuales 6 mil millones corresponden tan sólo a 2017.
La próxima administración tiene frente así el reto de pasar de la retórica a la gestión de compromisos. Las expectativas en general para AMLO son muy altas, y respecto de la política anticorrupción, son quizá aún mayores.
Las y los mexicanos deseamos un cambio radical y resultados contundentes. El riesgo de incumplir, de dejar impunes a corruptos y delincuentes de cuello blanco, no sólo pone en riesgo la gobernabilidad democrática, sino también la credibilidad de un gobierno del que se espera mucho.
La política anticorrupción no puede ser sólo prevenir, vigilar y castigar desde el primero de diciembre. Como en toda transformación y procesos de justicia transicional, es necesario que se lleve frente a tribunales a quienes han quebrantado la ley en el pasado. No podemos permitir un borrón y cuenta nueva, ni un barrer las escaleras selectivamente.
