Esta semana, de manera reiterada el presidente Andrés Manuel López Obrador se confrontó con los constitucionalistas, al expresar su apoyo a la iniciativa para reformar el poder judicial, que aprobó el grupo parlamentario de Morena en el Senado la semana pasada y que ayer ratificó la mayoría de diputados morenistas.
El rechazo a la adecuación se centró en un artículo que ampliará por dos años la presidencia de Arturo Zaldívar en la Suprema Corte de Justicia, y es que, según la ley, el ministro debe dejar el cargo en el 2022 y de aprobarse la iniciativa terminará en 2024, justo cuando concluye el gobierno de la Cuarta Transformación.
Pero, ¿por qué la insistencia en que continúe el ministro Zaldívar?
Esto se debe a que AMLO tiene varios proyectos controvertidos que serán impugnados por aquellos que se verán afectados, por lo que requiere a un personaje cercano en la Suprema Corte y ese es Zaldívar Lelo de Larrea para que negocie las aprobaciones entre los otros ministros.
La propuesta de los legisladores más cercanos a la 4T (que evidentemente llegó desde Palacio Nacional) fue rechazada incluso por algunos de los más destacados legisladores como Porfirio Muñoz Ledo, quien publicó en redes sociales su postura al respecto:
“Es absolutamente contrario a la Constitución, ya que esta limita el periodo a 4 años y prohíbe la reelección. Resulta además un precedente peligroso. Se impone un amplio debate parlamentario sobre este asunto.”
Entrevistado por Alto Poder, el diputado Muñoz Ledo advirtió que quienes pretenden ampliar el mandato del ministro Zaldívar forman parte del movimiento pro AMLO que sólo busca la totalidad del poder, engañando al propio López Obrador.
“Es un golpe de Estado disfrazado por aquellos que buscan apoderarse totalmente del poder en el 2024. Sólo buscan imponer un régimen autoritario y desaparecer la división de poderes”, dijo Porfirio quien insistió en que se trata de un asunto totalmente inconstitucional.
AMLO Y ZALDÍVAR SE RETIRARÁN JUNTOS
Cuando un personaje como Muñoz Ledo habla de reelección, de imponer regímenes autoritarios y de inconstitucionalidad, es porque algo grave podría ocurrir y debe atenderse al llamado.
Ante el debate que generó la reforma al sistema judicial, y en respuesta a aquellos que aseguraban se trataba de un “ensayo” para la reelección presidencial, el propio AMLO tuvo que salir a aclarar el pasado martes que en septiembre de 2024 (cuando concluya su mandato), se retirará a su rancho de Chiapas.
“Yo termino mi mandato, que por cierto la gente no sabe que voy a tener dos meses menos que otros presidentes porque no voy a terminar a finales de noviembre sino a finales de septiembre, o sea dos meses menos que los otros… me voy a Palenque a escribir, eso sí, un libro que me va a llevar tiempo sobre el pensamiento conservador porque tengo que tener una ocupación”, afirmó el Primer Mandatario.
Empero, al menos cuatro días consecutivos expresó su total apoyo para que el ministro Arturo Zaldívar amplíe dos años su liderazgo en el máximo órgano judicial.
Por su parte, el abogado Juan Velázquez, se dijo confiado en el ministro Zaldívar Lelo de Larrea rechace la ampliación del encargo, por ser un asunto totalmente inconstitucional. Sin embargo, hasta el momento el “beneficiado” no se ha manifestado al respecto.
Y como era de esperarse, la oposición aprovechó este reiterado apoyo presidencial para atacar a la cada vez más cuestionada Cuarta Transformación. Incluso, Juan Carlos Romero Hicks, líder del PAN en San Lázaro, se atrevió a advertir que el país está cerca de estar en “una tiranía constitucional”.
Si bien es cierto que ampliar el mandato del ministro Zaldívar pondrá en duda el respeto a la Constitución que tanto profesa el Presidente de la República, también es una exageración asegurar que vivimos próximos una tiranía.
LAS VÍCTIMAS FUERON SILENCIADAS POR LEGISLADORES
La oposición y algunos morenistas seguramente preparan las controversias contra la ley orgánica del Poder Judicial, seguro también lo harán con la de la Fiscalía General de la República, que el jueves aprobaron los senadores.
Sobre este asunto, la diputada morenista Lorena Villavicencio afirmó desde la tribuna de San Lázaro, antes de que fuera enviada al Senado, que se trata de una reforma echa a modo para evitar su autonomía, una cualidad que ha sido exigida por organismos internacionales para evitar la discrecionalidad en la impartición de justicia.
Además, los diversos colectivos de víctimas no fueron escuchados por los legisladores ni por la FGR, esos grupos de padres, madres, hermanos y parientes que han formado células de búsqueda de sus seres queridos, que han desarrollado sus propios métodos para localizar fosas clandestinas, que han invertido dinero y ahora son ignoradas.
El dictamen aprobado crea un ordenamiento jurídico para establecer la integración, estructura, funcionamiento y atribuciones de la FGR, así como la organización, responsabilidades y función ética jurídica del Ministerio Público de la Federación, el cual se organizará en una Fiscalía General de la República como órgano público autónomo, dotado de personalidad jurídica y de patrimonio propio.
Todo eso suena como un mundo ideal, justo, igualitario, constitucional y de total respeto a las víctimas, pero lamentablemente parece que nada de eso podrá ocurrir.
Y hasta la próxima semana, en este mismo espacio.
manuelmejidot@gmail.com
