/ sábado 11 de noviembre de 2017

Alto poder / La libertad que se permite en cárceles mexicanas

Las prisiones y el Poder Judicial mexicano tienen en el mundo una bien ganada fama de corruptelas y de retorcimientos de la justicia en injusticia y la de penales en centros vacacionales.

El sistema Penitenciario Mexicano registra 375 centros de reclusión que albergan en su totalidad 216 mil 835 personas privadas de su libertad, distribuidas en 278 cárceles estatales, 17 federales, 13 que dependen del gobierno de la Ciudad de México y 67 municipales.

Las cárceles, falsamente llamadas centros de readaptación social, no son más que guaridas momentáneas de los grandes criminales que tienen dinero para vivir como reyes en el interior de esos reclusorios y que se fugan cuando les viene en gana porque para eso tienen muy bien compradas a las autoridades de los penales.

En todo el mundo se hicieron famosos los túneles que empleó il capo di tutti capi aquí conocido como el patrón o el jefazo, Joaquín Guzmán Loera.

Hasta el Popeye, lugarteniente del terrible narco colombiano Pablo Escobar Gavidia, no tuvo ningún empacho en decir que la última evasión de el Chapo había sido una fuga de 50 millones de dólares.

Es un secreto a voces que al interior de los penales mexicanos quienes mandan son los narcos, mientras que los directores obedecen, porque para eso les embarran, y muy bien embarradas, en las manos miles de dólares americanos.

Los capos, que tienen compradas desde las más altas autoridades hasta los custodios, no necesitan solicitar visitas conyugales durante su periodo de reclusión, porque tienen de sobra las más hermosas sexoservidoras que se puedan imaginar y champán en abundancia.

 

LA FIESTA ENTRE CAPOS SIGUE EN PRISIÓN

La Corte Interamericana de los Derechos Humanos resolvió que al momento de detener a un individuo, el Estado lo introduce en “una institución total” como es la prisión, en el cual los diversos aspectos de su vida se someten a una regulación fija y se produce un alejamiento de su entorno natural y social, un control absoluto, una pérdida de intimidad, una limitación del espacio vital y, sobre todo, una radical disminución de las posibilidades de autoprotección.

En los penales mexicanos el interior de las cárceles es una fiesta permanente, en la cual los ricos capos de la droga hacen lo que quieren y tienen una legión de servidores entre los custodios incluidos en su nómina, como entre los propios reos que obedecen mucho más al capo que al director del penal.

No se priva de la libertad a los sentenciados con equis número de años, porque salen del penal cada vez que les da la gana, se divierten en lujosas residencias y viven esos días y esas noches en diversas bacanales.

De acuerdo con la Corte Interamericana la capacidad total instalada de reclusos en el país es de 212 mil 144 personas y existe una sobrepoblación relativa de cuatro mil 687 reclusos.

La Secretaría de Gobernación, como siempre dispuesta a descubrir el hilo negro, informó que en 138 penales persiste el problema de la sobrepoblación y que este constituye un factor que contribuye al

autogobierno.

La verdad es que del total de reos, se estima que hay 17% de custodios o guardias de seguridad, no obstante que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos recomienda que haya en un centro de baja seguridad, un custodio por cada 20 internos; en los de media seguridad, 10 internos por un custodio y en los de baja seguridad un interno por cada custodio.

Debido a que las autoridades mexicanas de cualquier nivel son proclives a la corrupción, resultaría inútil que se aumentara el número de guardias en las cárceles, porque todos tienen su precio y los narcos poderosos saben pagarlo con largueza.

LOS ASESINATOS ENTRE REOS QUE PARECEN NO IMPORTAR

Desde que se toleró en México el autogobierno para las cárceles, se convirtió en una de las causas que desencadenan deficiencias en los reclusorios porque permite que en sus instalaciones aumente la incidencia de violaciones a los derechos humanos.

Es tan arraigada la corrupción en los penales mexicanos, que frecuentemente llegan a enfrentamientos entre reos o contra custodios, con saldos de varios muertos en cada uno de los casos.

Por ejemplo, en el llamado Centro Preventivo de Reinserción Social Topo Chico, en Nuevo León, hacinamiento, autogobierno, inadecuada clasificación y la insuficiencia de personal, son factores determinantes para que no se consiga ninguna reinserción de delincuentes a la

sociedad.

En cambio, los recientes acontecimientos ocurridos en ese penal el 10 de febrero de 2016 dejaron como saldo 52 internos muertos por un enfrentamiento entre grupos

delincuenciales.

El 10 de octubre de 2017, en el penal de Cadereyta una revuelta interna provocó 16 reclusos muertos y ocho con lesiones graves; en Acapulco, el 6 de julio pasado, hubo seis muertos y decenas de heridos; mientras que en Ciudad Victoria, el 6 de junio, fallecieron violentamente cuatro reclusos y tres custodios.

Las cifras del carnet rojo continúan imparables y se agravan conforme avanzan las detenciones y el hacinamiento en las cárceles de todo el país.

Guillermo Zepeda Lecuona, investigador del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, dijo que en el Sistema Penitenciario Federal, “se erogan aproximadamente 140 pesos diarios en mantener a un reo y solventar los gastos por salarios de los custodios, alimentos, medicinas, uniformes, energía eléctrica, combustibles, trabajos de mantenimiento de los inmuebles, materiales para la industria penitenciaria, labores educativas, artísticas, deportivas y

culturales”.

Zepeda Lecuona considera que al hacer comparativo el gasto por reo es mayor al que invierte la UNAM por cada alumno de bachillerato, porque la Máxima Casa de Estudio gastó 115 pesos diarios, es decir 42 mil 249 pesos anuales por cada estudiante, según su presupuesto de 2015.

Se advierten las disparidades en la medición con otros países, porque México gasta más que naciones como Chile, Colombia o El Salvador, que erogan 11, 7.48 y 4.75 dólares respectivamente.

Según Zepeda, otro de los indicadores sobre los recursos invertidos es que el personal del Sistema Penitenciario Federal representa el 8% de los servidores públicos que laboran en los subsistemas de seguridad ciudadana y justicia penal. Se trata de 444 mil 938 servidores públicos en el país, de los cuales, cinco mil 504 (12%) laboran en el Sistema Penitenciario.

El investigador Francisco Rodríguez, del Observatorio Nacional Ciudadano, ofreció un impactante dato porque aseguró que el 88% de los penales estatales y 45% de los federales no separan a sentenciados de procesados.

Al menos en 28 estados de la República, el número de presos rebasa la capacidad de sus instalaciones. En Nayarit se excede 117%; en el Estado de México, 126; en Hidalgo, 100; en Jalisco, 82 y en Durango, 58%.

Ante estas realidades que parecen no tener solución debido a la enorme corrupción que vive México, lo más saludable sería meter en prisión a los encargados de la administración de justicia y de los penales.

Y hasta la próxima semana, en este mismo espacio.

manuelmejidot@gmail.com

Las prisiones y el Poder Judicial mexicano tienen en el mundo una bien ganada fama de corruptelas y de retorcimientos de la justicia en injusticia y la de penales en centros vacacionales.

El sistema Penitenciario Mexicano registra 375 centros de reclusión que albergan en su totalidad 216 mil 835 personas privadas de su libertad, distribuidas en 278 cárceles estatales, 17 federales, 13 que dependen del gobierno de la Ciudad de México y 67 municipales.

Las cárceles, falsamente llamadas centros de readaptación social, no son más que guaridas momentáneas de los grandes criminales que tienen dinero para vivir como reyes en el interior de esos reclusorios y que se fugan cuando les viene en gana porque para eso tienen muy bien compradas a las autoridades de los penales.

En todo el mundo se hicieron famosos los túneles que empleó il capo di tutti capi aquí conocido como el patrón o el jefazo, Joaquín Guzmán Loera.

Hasta el Popeye, lugarteniente del terrible narco colombiano Pablo Escobar Gavidia, no tuvo ningún empacho en decir que la última evasión de el Chapo había sido una fuga de 50 millones de dólares.

Es un secreto a voces que al interior de los penales mexicanos quienes mandan son los narcos, mientras que los directores obedecen, porque para eso les embarran, y muy bien embarradas, en las manos miles de dólares americanos.

Los capos, que tienen compradas desde las más altas autoridades hasta los custodios, no necesitan solicitar visitas conyugales durante su periodo de reclusión, porque tienen de sobra las más hermosas sexoservidoras que se puedan imaginar y champán en abundancia.

 

LA FIESTA ENTRE CAPOS SIGUE EN PRISIÓN

La Corte Interamericana de los Derechos Humanos resolvió que al momento de detener a un individuo, el Estado lo introduce en “una institución total” como es la prisión, en el cual los diversos aspectos de su vida se someten a una regulación fija y se produce un alejamiento de su entorno natural y social, un control absoluto, una pérdida de intimidad, una limitación del espacio vital y, sobre todo, una radical disminución de las posibilidades de autoprotección.

En los penales mexicanos el interior de las cárceles es una fiesta permanente, en la cual los ricos capos de la droga hacen lo que quieren y tienen una legión de servidores entre los custodios incluidos en su nómina, como entre los propios reos que obedecen mucho más al capo que al director del penal.

No se priva de la libertad a los sentenciados con equis número de años, porque salen del penal cada vez que les da la gana, se divierten en lujosas residencias y viven esos días y esas noches en diversas bacanales.

De acuerdo con la Corte Interamericana la capacidad total instalada de reclusos en el país es de 212 mil 144 personas y existe una sobrepoblación relativa de cuatro mil 687 reclusos.

La Secretaría de Gobernación, como siempre dispuesta a descubrir el hilo negro, informó que en 138 penales persiste el problema de la sobrepoblación y que este constituye un factor que contribuye al

autogobierno.

La verdad es que del total de reos, se estima que hay 17% de custodios o guardias de seguridad, no obstante que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos recomienda que haya en un centro de baja seguridad, un custodio por cada 20 internos; en los de media seguridad, 10 internos por un custodio y en los de baja seguridad un interno por cada custodio.

Debido a que las autoridades mexicanas de cualquier nivel son proclives a la corrupción, resultaría inútil que se aumentara el número de guardias en las cárceles, porque todos tienen su precio y los narcos poderosos saben pagarlo con largueza.

LOS ASESINATOS ENTRE REOS QUE PARECEN NO IMPORTAR

Desde que se toleró en México el autogobierno para las cárceles, se convirtió en una de las causas que desencadenan deficiencias en los reclusorios porque permite que en sus instalaciones aumente la incidencia de violaciones a los derechos humanos.

Es tan arraigada la corrupción en los penales mexicanos, que frecuentemente llegan a enfrentamientos entre reos o contra custodios, con saldos de varios muertos en cada uno de los casos.

Por ejemplo, en el llamado Centro Preventivo de Reinserción Social Topo Chico, en Nuevo León, hacinamiento, autogobierno, inadecuada clasificación y la insuficiencia de personal, son factores determinantes para que no se consiga ninguna reinserción de delincuentes a la

sociedad.

En cambio, los recientes acontecimientos ocurridos en ese penal el 10 de febrero de 2016 dejaron como saldo 52 internos muertos por un enfrentamiento entre grupos

delincuenciales.

El 10 de octubre de 2017, en el penal de Cadereyta una revuelta interna provocó 16 reclusos muertos y ocho con lesiones graves; en Acapulco, el 6 de julio pasado, hubo seis muertos y decenas de heridos; mientras que en Ciudad Victoria, el 6 de junio, fallecieron violentamente cuatro reclusos y tres custodios.

Las cifras del carnet rojo continúan imparables y se agravan conforme avanzan las detenciones y el hacinamiento en las cárceles de todo el país.

Guillermo Zepeda Lecuona, investigador del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, dijo que en el Sistema Penitenciario Federal, “se erogan aproximadamente 140 pesos diarios en mantener a un reo y solventar los gastos por salarios de los custodios, alimentos, medicinas, uniformes, energía eléctrica, combustibles, trabajos de mantenimiento de los inmuebles, materiales para la industria penitenciaria, labores educativas, artísticas, deportivas y

culturales”.

Zepeda Lecuona considera que al hacer comparativo el gasto por reo es mayor al que invierte la UNAM por cada alumno de bachillerato, porque la Máxima Casa de Estudio gastó 115 pesos diarios, es decir 42 mil 249 pesos anuales por cada estudiante, según su presupuesto de 2015.

Se advierten las disparidades en la medición con otros países, porque México gasta más que naciones como Chile, Colombia o El Salvador, que erogan 11, 7.48 y 4.75 dólares respectivamente.

Según Zepeda, otro de los indicadores sobre los recursos invertidos es que el personal del Sistema Penitenciario Federal representa el 8% de los servidores públicos que laboran en los subsistemas de seguridad ciudadana y justicia penal. Se trata de 444 mil 938 servidores públicos en el país, de los cuales, cinco mil 504 (12%) laboran en el Sistema Penitenciario.

El investigador Francisco Rodríguez, del Observatorio Nacional Ciudadano, ofreció un impactante dato porque aseguró que el 88% de los penales estatales y 45% de los federales no separan a sentenciados de procesados.

Al menos en 28 estados de la República, el número de presos rebasa la capacidad de sus instalaciones. En Nayarit se excede 117%; en el Estado de México, 126; en Hidalgo, 100; en Jalisco, 82 y en Durango, 58%.

Ante estas realidades que parecen no tener solución debido a la enorme corrupción que vive México, lo más saludable sería meter en prisión a los encargados de la administración de justicia y de los penales.

Y hasta la próxima semana, en este mismo espacio.

manuelmejidot@gmail.com