La boleta para la elección del 1 de julio del próximo año está casi completa. Solo falta definir al candidato de la alianza antinatural de la derecha-izquierda (PAN-PRD).
Los aspirantes que ya tienen su fotografía son quienes ocupan los dos primeros lugares en las encuestas de intención del voto. Por el PRI se trata de un no militante, José Antonio Meade, y de Morena su fundador, ideólogo y administrador, Andrés Manuel López Obrador.
La imposición fue el método de selección en ambos partidos. Ni morenistas ni priistas tuvieron otra opción. Lo mismo ocurrirá en el Frente Ciudadano por México, aunque panistas y perredistas aún no logran ponerse de acuerdo sobre quién impondrá al candidato presidencial y quién al del gobierno de la Ciudad de México.
El metiche de Dante Delgado (que logró incluir a su partido Movimiento Ciudadano en esa alianza), ya propuso que el PAN decida al aspirante presidencial, que Miguel Ángel Mancera busque presidir el Senado y que el PRD designe al abanderado a la Ciudad de
México.
Obviamente esa disparatada idea solo agradó al cuerpo sin alma, el líder nacional del blanquiazul, Ricardo Anaya, que insiste en satisfacer sus deseos de poder a cualquier precio.
Los perredistas se opusieron a la propuesta de Dante porque ya se alinearon a los deseos presidencialistas de Mancera, luego de que los gobernadores de Michoacán, Silvano Aureoles, y de Morelos, Graco Ramírez, declinarán sus aspiraciones a favor del jefe de
Gobierno.
Meade, pese a no ser priista, ya consiguió el apoyo de la cargada de los sectores laboral, campesino y popular. En cambio, Miguel Ángel Mancera que no milita en el PRD, se envalentonó y dijo que el partido ya había elegido “quién será su candidato para la Presidencia” y ese es él mismo. Olvidó que aún no suma el respaldo de las tribus perredistas que por años han boicoteado el avance de la izquierda.
De los llamados candidatos independientes, solo podrán juntar las 866 mil firmas en los siguientes 72 días el gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez (que ya superó el 80%), y la expanista Margarita Zavala (que aún no llega ni a la mitad). Quizá haya uno más, pero es poco probable porque queda poco tiempo y ninguno supera los 200 mil apoyos.
MEADE EVADE HABLAR DE LA CORRUPCIÓN
Las propuestas de gobierno siguen siendo las ausentes en las precampañas presidenciales. Nadie se atreve a hablar de cómo solucionará el desempleo, la pobreza o la inseguridad. Mucho menos se refieren a qué harán para combatir la corrupción e impunidad en todos los niveles.
Esta semana, el periódico español El País entrevistó a Meade Kuribreña y cuando le cuestionó si investigaría casos de corrupción del actual gobierno, el exsecretario respondió: “Tenemos que movernos a un esquema donde esa pregunta no sea válida”.
Nadie entendió qué quiso decir, pero sí se comprendió que durante su campaña el exsecretario evitará referirse a los abusos cometidos por personajes priistas como Humberto Moreira, Javier Duarte, Roberto Borge y tantos otros involucrados en casos de abusos de poder.
En su último mensaje desde Palacio Nacional como titular de Hacienda, el 27 de noviembre, Meade repitió las promesas de otros candidatos del PRI a cualquier cargo de elección popular. Dijo que buscará “un país en donde las familias tengan siempre comida en la mesa, seguridad en las calles, techo, salud y educación de calidad”.
Si bien es cierto que el aspirante priista no tiene ningún caso de corrupción por el que se le investigue o esté involucrado, es necesario fijar su postura sobre los castigos que tendrán quienes sí hayan abusado de sus cargos públicos y que gozan de total impunidad. La tibieza en las propuestas de campaña ya no será bien vista por el electorado.
Los priistas afirman que si postularon a Meade fue para acercar al partido a la ciudadanía, que tratan de demostrar que los tiempos han cambiado, aunque demuestren que las prácticas y
costumbres sigan siendo las mismas.
DICEN QUE AMLO PROPONE PAÍS DE IMPUNIDAD
Un tema que causó escozor entre gobernantes, políticos, legisladores y el gabinete presidencial fue el propuesto por Andrés Manuel López Obrador en Tixtla, Guerrero, el domingo pasado para otorgar amnistía a líderes del narcotráfico, como ocurrió en Colombia e Italia en décadas pasadas.
De inmediato salieron los detractores del líder de Morena acusándolo de intentar convertir al gobierno de la República en “Estado criminal”, como dijo el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.
Los secretarios de la Defensa, Salvador Cienfuegos, y de Marina, Vidal Soberón, expresaron su rechazo a la propuesta de López Obrador porque, dijeron, sería dar marcha atrás a los resultados obtenidos por las fuerzas armadas en la lucha contra el crimen
organizado.
El vocero de Los Pinos, Eduardo Sánchez, señaló que la ley se aplica “y quienes cometen crímenes, habrán de ser castigados conforme a la ley y no exactamente al revés”.
Escandalizada por la propuesta de López Obrador, la esposa de Felipe Calderón, el presidente espurio que sacó al Ejército a las calles para realizar labores de seguridad pública y dejó más de 120 mil muertos durante su sexenio en su “guerra contra el narco”, consideró que el líder de Morena “propone un país de impunidad” porque ofrece “impunidad a corruptos y criminales”, lo mismo que dejó el panista Calderón.
Entrevistado por Alto Poder, el catedrático de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM, Carlos Duval, explicó que la amnistía significa el perdón por parte del Estado no solo a los delincuentes, sino también a las víctimas porque “es un reconocimiento al incumplimiento en su obligación constitucional de garantizar la vida de los gobernados e impartir justicia ante la comisión de algún delito”.
LA AMNISTÍA NO ES OLVIDO
Duval Rosas señaló: “Si existe la delincuencia es porque el Estado falló no solo en ofrecer una vida digna y apegada a la ley a los ciudadanos, también faltó a su obligación de aplicar la ley rápida y expedita. Si hay muertos y desaparecidos sin que exista un responsable en prisión es por la impunidad que permitió para que operaran los delincuentes. La amnistía es una disculpa para ambas partes”.
La clase política se mostró en contra de la amnistía, sin siquiera discutirla en foros especializados. Sin embargo surge otro escándalo provocado por los legisladores y que involucra al Ejército y la posibilidad que el Presidente disponga de las fuerzas armadas en labores de seguridad pública. Es la Ley de Seguridad Interior aprobada por los diputados y que esta semana debatirá el Senado.
De acuerdo con la ONU, esta iniciativa “es un proyecto preocupante” porque demuestra que “una década después de que las fuerzas armadas fueron desplegadas en labores de seguridad pública, la violencia no ha disminuido y tanto los agentes estatales como federales siguen perpetrando violaciones a derechos humanos, incluso torturas, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas…”.
El Estado solo busca acabar con la delincuencia a balazos. No le importa erradicarla de raíz, combatiendo la pobreza, la desigualdad o la corrupción que le permiten operar impunemente.
Y hasta la próxima semana, en este mismo espacio.
manuelmejidot@gmail.com
