Mientras las calles se llenan con reclamos de víctimas y sus familiares exigiendo justicia a cada uno de sus casos, la noche del 15 de septiembre el Presidente Andrés Manuel López Obrador se enfrentó a la soledad de un Zócalo que ha llenado varias ocasiones con miles de personas.
Al día siguiente, AMLO contó con la compañía de más de 600 elementos del Ejército y parte de su gabinete, pero sólo de aquellos autorizados para presenciar el tradicional desfile.
En estos seis meses de aislamiento social por la pandemia de coronavirus, el tabasqueño ha sentido la ausencia del pueblo, esa masa conformada por los más vulnerables que lo apoyan desde los inicios en su natal Macuspana. Aunque ha sido perseguido y en algunos actos públicos la gente se las ha ingeniado para estar cerca de él, sin importarle la sana distancia, AMLO ha sido prudente y mantenido su sana distancia.
Empero, el Presidente de la República redujo enormemente el número de personas con quienes tiene contacto y eso situación se ha visto reflejada en su apariencia cansada, agotada. A manera de consuelo, sus tradicionales conferencias mañaneras ante unos cuantos reporteros cada día son más largas, la de ayer viernes rompió récord al durar casi tres horas.
El rostro del Presidente de la República mostró un semblante sonriente la mañana del 17 de septiembre, cuando anunció que poco antes de vencer el plazo para el sorteo alusivo al avión presidencial, cientos de mexicanos decidieron salir a la calle a comprar un cachito de 500 pesos para la rifa, impulsados por la ilusión de ganarse 20 millones de pesos, pero también como símbolo de respaldo a sus decisiones.
Aunque el resultado de la rifa es sumamente cuestionable, porque del 78 por ciento de boletos vendidos la mayoría los adquirieron funcionarios, sindicatos, organizaciones gubernamentales y adláteres presidenciales (de esos que nunca faltan), es de reconocerse el buen destino que tuvieron esos recursos.
ENTRE EL SILENCIO Y EL RECLAMO POPULAR
Mientras todo eso ocurría en Palacio Nacional, a unos metros de distancia, en la calle de República de Cuba número 60, un grupo de mujeres agredidas, madres de víctimas y pro derechos de género, denuncian la inactividad de la justicia en sus estados, por lo que se atrincheraron en la sede de la Comisión Nacional de Derechos Humanos desde el 8 de septiembre.
Ellas han exigido ser recibidas por la autoridad federal responsable y consiguieron ser escuchadas por segunda ocasión en este mes por Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación quien poco podrá hacer porque, como les advirtió, son asuntos relacionados con delitos del fuero común, no federal.
A las víctimas de personas desaparecidas, abusadas o asesinadas, sin importar si son hombres o mujeres, poco les importa quién esté encargado de impartir justicia, sólo quieren ver a los responsables en la cárcel, pagando la atrocidad que cometieron.
Lamentablemente, la Cuarta Transformación poco o nada ha podido hacer para frenar el baño de sangre y las bandas delictivas que se apoderaron de las regiones más vulnerables, donde reclutan a jóvenes a quienes, lamentablemente, poco les interesa morir de hambre o de un balazo.
Parte del pueblo violentado ha decidido manifestarse en las plazas, las calles, frente a las oficinas de gobierno donde debieron velar por su seguridad pero que, ante la incapacidad y la corrupción que impera en gran parte de la estructura gubernamental, fueron incapaces de hacerlo.
Esos reclamos, pareciera que el Presidente de la República no los escucha, porque en sus prolongadas conferencias evita hablar de ellos y sólo se limita a decir que la cifra va a la baja y a descalificar a quienes toman instalaciones como las de la CNDH o pintan bardas y destruyen monumentos históricos.
Esos comentarios y evasivas alejaron a un gran número de organizaciones que en campaña lo apoyaron porque les prometió que habría justicia pronta y expedita. Van casi dos años de gobierno y esa promesa aún no llega para las víctimas.
POR UN PAÍS SIN FIFÍS NI CHAIROS
En medio de este escenario, más de 600 “intelectuales” exquisitos, periodistas opositores al cambio, a quienes constantemente el Primer Mandatario ha señalado como sus adversarios, difundieron un comunicado en el que advierten:
“La libertad de expresión está bajo asedio en México. Con ello, está amenazada la democracia. El presidente López Obrador utiliza un discurso permanente de estigmatización y difamación contra los que él llama sus adversarios.”
Es cierto que utilizar términos como “fifís” o “adversarios” dividen a una sociedad, que de por sí ya estaba resentida entre los beneficiados y los perjudicados, pero es innegable que muchos se niegan a renunciar a sus beneficios que considera legítimos.
Empero, si se calla al presidente de la República entonces se correrá el riesgo de que los ciudadanos dejen de denunciar los delitos que son víctimas, que no pidan información oficial basados en el derecho a la transparencia y tantos otros logros que poco a poco ha obtenido la ciudadanía organizada, como el recolectar más de 200 firmas para que los expresidentes sean enjuiciados.
Este impedimento a callar al Presidente de la República lo estableció el Juzgado Décimo Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, quien le negó una suspensión al dueño de Altos Hornos de México, Alonso Ancira Elizondo (acusado de vender a un sobreprecio la planta Agro Nitrogenados), quien promovió un amparo solicitando al Presidente de la República se abstuviera de emitir cualquier pronunciamiento, manifestación o declaración pública hacia su persona.
Ayer AMLO respondió que su intención no es confrontar, pero sí demostrar los abusos cometidos durante las pasadas administraciones. Sabe que tiene poco tiempo para cumplir toda esa montaña de promesas que lo acompañan, mientras el pueblo se resguarda en sus casas para no contagiarse de covid.
Y hasta la próxima semana, en este mismo espacio.
manuelmejidot@gmail.com
