Nuestro presidente virtualmente electo AMLO desplegó a lo largo de su muy prolongada campaña política una estrategia que le resultó sumamente exitosa: seleccionó unas pocas ideas, a menudo simplistas, para repetirlas incansablemente hasta lograr que penetraran. En ello demostró una especial sensibilidad porque de alguna manera reflejaban, expresaban y acendraban sentimientos de descontento popular, que le resultaron de enorme rentabilidad para identificarse con el creciente mundo de descontentos e indignados.
Estratégicamente eludió AMLO el comprometerse con ideas que no fueran populares, como sería el caso de la legalización regulada de la producción y venta de drogas como la mariguana. Por ello quizá pueda resultar sorprendente el que su anunciada secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero haya declarado que se presentará una iniciativa para legalizar el consumo lúdico de la mariguana y otra para establecer zonas de producción de amapola para uso medicinal.
Se trata de un cambio de perspectiva de suma importancia. AMLO, una vez triunfador, ha decidido sorprender, rompiendo con su tradicional estrategia y arriesgándose a impulsar una iniciativa que no es popular, que enfrenta considerable oposición. Sin embargo, estamos ante una posición vanguardista que se está adelantando al futuro. Tengamos en cuenta que la ya muy prolongada política prohibicionista ha revelado ser un completo y rotundo fracaso en cuanto a la contención del consumo de drogas y en general a la contención de la inseguridad y la delincuencia.
A pesar de que los gobiernos han gastado decenas de miles de millones de pesos en aumento constante, la delincuencia no ha parado de crecer. Sólo un ejemplo aportado por Amparo Casar: El gasto en seguridad se triplicó entre 2006 y 2014, pero los delitos de todo tipo se incrementaron, de más de 315 mil a más de 377 mil al año. Resulta claro que es urgente cambiar de estrategia para detener el empeoramiento de nuestros elevados niveles de inseguridad y delincuencia.
Está muy claro que el fortalecimiento de las bandas criminales ha reposado esencialmente en las gigantescas ganancias que les brinda el tráfico de drogas. Esas desmesuradas ganancias han sido de enorme utilidad para corromper en un inicio a los aparatos policíacos para después ir penetrando en el ámbito judicial y en los poderes ejecutivos municipales y hasta estatales.
Se trata de enormes cantidades que combinadas con graves amenazas, que los cárteles de la droga están interesados en demostrar que serán estrictamente cumplidas, les han garantizado un poder fuera de serie. A partir de ese poder y contando con el disimulo o la protección de autoridades gubernamentales, han podido extender con cierta seguridad sus actividades hacia sectores en donde el afectado ya no es quien consiente en perjudicarse a sí mismo con el consumo de drogas, sino que se incurre en delitos más graves como el secuestro y la extorsión.
Por ello y por otras varias razones más, resulta plausible la sorpresa de que el próximo gobierno analiza con seriedad la posibilidad de incorporarse a las corrientes modernizadoras como las de los Países Bajos, Uruguay, Canadá y los 9 estados y Washington DC de EUA, donde la producción y venta para el consumo lúdico está legalizado.
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