La Constitución Política se volvió ese libro abandonado por viejo, obsoleto, manoseado, incomprensible, con tachones y anotaciones al por mayor, al cual todos citan pero ya nadie compre, justo como ocurre con Don Quijote de la Mancha.
Resulta comprensible que el México del siglo XXI nada tenga que ver con esa nación revolucionaria, cuando fue redactada la Carta Magna de 1917, empero debe señalarse que cada una de las modificaciones jamás se hizo para atender una necesidad que ayudara al desarrollo del país. Cada cambio tuvo la intención de responder a los intereses del grupo en el poder.
Así pueden encontrarse desde reformas para defender la soberanía de la nación, otras para “calmar” el clamor popular y algunas más sirvieron para rematar los bienes nacionales a amigos y familiares del Presidente en turno.
La Constitución de Estados Unidos, país que está lejos de ser un ejemplo de democracia y buen gobierno, tiene 27 enmiendas desde su promulgación en 1787, quizá la más antigua que sigue vigentes.
En cambio la Carta Magna mexicana, vigente 130 años después de la estadounidense, acumula 738 reformas en sus 136 artículos, por eso es un texto resarcido, lejano a la esencia de los constitucionalistas que la redactaron para impulsar la conformación de un territorio igualitario, de desarrollo y oportunidades.
Según la página de la Cámara de Diputados, el artículo 73 es el más reformado, con un total de 84 cambios. Pero, ¿a qué se refiere ese apartado? A las facultades del Congreso, o sea que los legisladores adecúan la Constitución a su antojo, sin que nadie les ponga un alto.
Le sigue el artículo 123, con 27 adecuaciones, el cual aborda el derecho de los mexicanos al trabajo, por lo que es justificable cualquier cambio que responde a las necesidades del empleado, por ejemplo ahora que la pandemia convirtió las casas en oficinas, los riesgos, las necesidades, los derechos y las obligaciones no son las mismas que cuando se acudía a una oficina o se realiza la actividad en la calle.
EL MANOTAZO EN PALACIO NACIONAL
Todo esto viene a cuento, porque el miércoles pasado el presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió:
– Yo estoy seguro que (la actual Ley de la Industria Eléctrica) no es inconstitucional, pero si lo determinan jueces, magistrados y ministros, que es inconstitucional y no puede proceder, enviaría una iniciativa de reforma a la Constitución porque no puedo ser cómplice del robo, del atraco, no puedo aceptar que particulares dañen la hacienda pública y afecten la economía popular, sobre todo la de los más pobres.
Pero días antes, el lunes de esta misma semana para ser precisos, el Presidente de la República dio muestra de intromisión en las facultades de otros niveles de gobierno, cuando envió una carta al ministro Arturo Zaldívar, presidente de la Suprema Corte de Justicia, para que ordenara al Poder Judicial de la Federación, que él también encabeza, al juez que concedió los primeros amparos contra la Ley de la Industria Eléctrica.
El fallo del juez, que detuvo la ley eléctrica el mismo día que entró en vigor, fue lo que más molestó a AMLO, pues él asegura que su iniciativa es la más adecuada para este momento, sin embargo organismos internacionales como el Consejo Global de Energía Eólica o la Coalición Irena aseguran que ni promueve energía limpias, ni procura al medio ambiente y tampoco estimula la inversión.
Tanto la carta al ministro Zaldívar Lelo Delarrea, como la advertencia que lanzó López Obrador desde Palacio Nacional durante la conferencia matutina, fueron interpretadas como una afronta a los impartidores de justicia y una intromisión entre poderes.
La cuarta transformación que impulsa el político tabasqueño requiere de cambios no sólo a la Constitución, también para todas las leyes secundarias y alternas, porque fueron las que permitieron los abusos, excesos, retroceso, marginación, pobreza, ignorancia e impunidad. Lo inadecuado es la amenaza y la intromisión entre poderes.
EPN EL PRESIDENTE QUE CONCREÓ MÁS REFORMAS
Si comparamos los cambios constitucionales promovidos por los presidentes mexicanos, quien se lleva el primer lugar es Enrique Peña Nieto (2012-2014), con 147 reformas; le siguen el panista Felipe Calderón (2006-2012), con 110; Ernesto Zedillo (1994-2000), con 77; Miguel de la Madrid (1982-1988), con 66; Carlos Salinas (1988-1994), con 55 (pero cambió los artículos de mayor relevancia); y Vicente Fox (2000-2006) con 31.
El constitucionalista Diego Valadés, del Institutito de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, aseguró en entrevista para esta columna que el problema de todas las reformas, adecuaciones, derogaciones y cambios a la Carta Magna es que se ha engrosado tres veces más su contenido a lo pretendido por quienes la redactaron.
Según un video de la Presidencia, el texto original tenía 21 mil palabras cuando fue promulgado; empero, el texto actual cuenta con 65 mil 447. Para el final del sexenio de Calderón el texto tenía 54 mil 815 y Peña Nieto agregó 10 mil 632.
Ante todas estas adecuaciones, el catedrático de la Máxima Casa de Estudios recomendó reescribir la Constitución Política, porque en la actualidad es un remedo deshilvanado, que permite resquicios para que delincuentes y abogados abusivos, logren evadirla en cualquier momento.
En una entrevista radiofónica, el ministro Zaldívar dijo que está garantizada la división de poderes, “si el poder judicial estuviere sometido al ejecutivo, sería absurdo que el Presidente tuviera que salir públicamente a expresar su desacuerdo”, aclaró el titular del máximo órgano judicial.
Cuando algo no funciona, lo mejor es adecuarlo y no estar enmendando ni defendiendo lo inservible. Si se requiere una nueva Constitución, pues que se convoque a un grupo que responda a las necesidades del país y de los mexicanos, y dejar de legislar al calor del momento y los intereses.
Y hasta la próxima semana, en este mismo espacio.
manuelmejidot@gmail.com
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