/ miércoles 18 de septiembre de 2019

Amnistía y reconciliación

Este 15 de septiembre, fecha simbólica, el presiden- te Andrés Manuel López Obrador envió a la Cámara de Diputados, su iniciativa de Ley de Amnistía.

Esta propuesta inicia un debate sobre presos políticos y otorgamiento de indultos a personas que ya han sido encontrados culpables. Los pactos de amnistía son una herramienta de instauración de paz que ha sido empleada por diversas naciones como final simbólico de enfrentamientos sociales violentos. No podemos

dejar de resaltar que implica un paso adelante en la lucha por la defensa de los derechos humanos. Esta propuesta señala en su exposición de motivos que busca, también, beneficiar a personas privadas de la libertad de tres grupos sociales vulnerables: mujeres, jóvenes e indígenas.

De acuerdo con el INEGI (Características de la población privada de la libertad en México de 2018) las mujeres representan el 5% del total de la población privada de la libertad. No obstante, en comparación con los hombres, existe una mayor proporción de mujeres reclusas que no han recibido sentencia, diferencia que se amplía en los centros federales.

La fuente citada señala que el 5.5% del total de la población penitenciaria es hablante de alguna len- gua indígena. Otro sector vulnerable que es muy probable que cuando fueron indiciados no hayan ejercido plenamente su derecho a la debida defensa, toda vez que no fueron pro- cesados en su lengua, ni con una defensoría calificada o traductor.

La Iniciativa reconoce que ya he expresado en otras ocasiones: la gran mayoría de mujeres recluidas por delitos contra la salud fueron forzadas a transportar drogas bajo amenaza o influencia de su cónyuge, pareja sentimental, amenazadas con hacerle daño a sus hijos, algunas de ellas también se han declarado culpables bajo tortura, lo cual ha sido denunciado por muchas de nosotras y ONG ́s. Ojalá esta posible Ley logre brindarles justicia.

En el caso de la interrupción del embarazo, el actual Código Nacional de Procedimientos Penales lo clasifica como delito no grave, pero aquellas mujeres cuya situación socio-económica no les ha permitido pagar fianza, han sido privadas de su libertad, lo cual constituye una clara discriminación por motivos económicos incluso entre grupos de mujeres. Habrá que acompañar esta medida con la necesaria reforma al marco legal y a la impartición de justicia en sí misma, así como políticas públicas que haga posible su reinserción social. Este tipo de Iniciativa pone sobre la mesa el tema de que en las cárceles deben estar los verdaderos delincuentes, que hoy siguen libres (violadores, secuestradores, tratantes, etc.) para poner castigos ejemplares no a la pobreza, sino a la vileza, a la maldad y a la delincuencia organizada.

Este 15 de septiembre, fecha simbólica, el presiden- te Andrés Manuel López Obrador envió a la Cámara de Diputados, su iniciativa de Ley de Amnistía.

Esta propuesta inicia un debate sobre presos políticos y otorgamiento de indultos a personas que ya han sido encontrados culpables. Los pactos de amnistía son una herramienta de instauración de paz que ha sido empleada por diversas naciones como final simbólico de enfrentamientos sociales violentos. No podemos

dejar de resaltar que implica un paso adelante en la lucha por la defensa de los derechos humanos. Esta propuesta señala en su exposición de motivos que busca, también, beneficiar a personas privadas de la libertad de tres grupos sociales vulnerables: mujeres, jóvenes e indígenas.

De acuerdo con el INEGI (Características de la población privada de la libertad en México de 2018) las mujeres representan el 5% del total de la población privada de la libertad. No obstante, en comparación con los hombres, existe una mayor proporción de mujeres reclusas que no han recibido sentencia, diferencia que se amplía en los centros federales.

La fuente citada señala que el 5.5% del total de la población penitenciaria es hablante de alguna len- gua indígena. Otro sector vulnerable que es muy probable que cuando fueron indiciados no hayan ejercido plenamente su derecho a la debida defensa, toda vez que no fueron pro- cesados en su lengua, ni con una defensoría calificada o traductor.

La Iniciativa reconoce que ya he expresado en otras ocasiones: la gran mayoría de mujeres recluidas por delitos contra la salud fueron forzadas a transportar drogas bajo amenaza o influencia de su cónyuge, pareja sentimental, amenazadas con hacerle daño a sus hijos, algunas de ellas también se han declarado culpables bajo tortura, lo cual ha sido denunciado por muchas de nosotras y ONG ́s. Ojalá esta posible Ley logre brindarles justicia.

En el caso de la interrupción del embarazo, el actual Código Nacional de Procedimientos Penales lo clasifica como delito no grave, pero aquellas mujeres cuya situación socio-económica no les ha permitido pagar fianza, han sido privadas de su libertad, lo cual constituye una clara discriminación por motivos económicos incluso entre grupos de mujeres. Habrá que acompañar esta medida con la necesaria reforma al marco legal y a la impartición de justicia en sí misma, así como políticas públicas que haga posible su reinserción social. Este tipo de Iniciativa pone sobre la mesa el tema de que en las cárceles deben estar los verdaderos delincuentes, que hoy siguen libres (violadores, secuestradores, tratantes, etc.) para poner castigos ejemplares no a la pobreza, sino a la vileza, a la maldad y a la delincuencia organizada.

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