Por: Alexandra Zenzes
A nivel global, el sector eléctrico desempeña un papel predominante en el desarrollo económico de los países. En México, el mercado de generación eléctrica se abrió a la participación de actores privados a partir de la reforma eléctrica de 2013 con el objetivo de incrementar la producción eléctrica que soporte el crecimiento económico y poblacional; sin embargo, la exclusividad de transmitir y distribuir la energía se mantiene bajo el control de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
Y con base en los datos del Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional (PRODESEN 2018-2032), se prevee que la demanda de electricidad crecerá a un ritmo medio anual de 3.1% durante los próximos 15 años.
En los últimos años, México estaba dando pasos decisivos para satisfacer la creciente demanda de energía eléctrica del país con la incorporación de nuevos jugadores para permitir con ello una mayor inversión, así como un aumento en la competencia y la eficiencia del sistema en su conjunto.
La reforma energética en el sector eléctrico estableció una plataforma institucional y regulatoria para avanzar hacia una transición energética que permita la descarbonización de la economía.
En 2015, México junto con 195 países, firmó el Acuerdo de París y lo ratificó en 2016; en él se estableció una meta no condicionada para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (gei) en 22% para el año 2030. Asimismo, estableció metas vinculantes para lograr la sustentabilidad ambiental del sector energético. La Ley de Transición Energética (LTE), publicada el 24 de diciembre de 2015, plantea requisitos para la participación mínima de energías limpias en el consumo de electricidad de 25% para 2018, 30% para 2021 y 35% para 2024.
Dados los vastos recursos naturales con los que cuenta México, las energías renovables –solar, eólica, geotérmica, biomasa e hidroeléctrica– representan una alternativa idónea para satisfacer la creciente demanda de energía. Los avances tecnológicos y costos de producción significativamente decrecientes tienen el potencial de incrementar la generación eléctrica, coadyuvar en la mitigación del cambio climático, impulsar la competitividad y el desarrollo económico sostenible y convertirse en un factor clave para reducir la dependencia de energéticos importados.
Adicionalmente, la adopción de mayores volúmenes de energía renovable tiene el potencial de reducir la pobreza energética que aún persiste en algunas regiones del país, principalmente en zonas rurales o poblaciones nuevas, y socializar la electrificación.
Pero hubo un cambio en el escenario y desde el inicio de la presente administración federal, el gobierno fue mandando señales claras de sostener una visión nacionalista en el sector energético, basada en el fortalecer la CFE como empresa productiva del Estado, en consolidar el poder de los organismos reguladores, en y desplazar al sector privado con base en el aumento de la participación del Estado en el mercado energético. Además, la CFE canceló las dos licitaciones públicas para construir proyectos de líneas de transmisión, la Secretaría de Energía canceló las subastas de electricidad a largo plazo y se dio la disputa legal entre la CFE y las empresas privadas sobre los gasoductos, en cuyo marco se modificaron los términos contractuales a largo plazo.
A pesar de que el año 2019 cerraba con mucha tensión en el sector energético por la publicación de los cambios en las reglas de mercado de los Certificados de Energía Limpia (CELs), dirgidos a reducir el valor de los mismos, también se presentó el pliego donde la CFE solicitaba a la Comisión Reguladora de Energía (CRE), cancelar los contratos de autoabastecimiento, reducir el valor de los CELs y limitar los permisos de interconexión, a fin de aumentar los costos de transmisión para las empresas privadas. Y podemos seguir enlistando más acciones, lo que nos permite afirmar que en los primeros seis meses de 2020 continúan las presiones sobre el sector.
La CRE envió una propuesta a la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (CONAMER) para eliminar los contratos de autoabastecimiento y cogeneración. El Centro Nacional de Control de Energía (CENACE) publicó el ACUERDO para garantizar la eficiencia, calidad, confiabilidad, continuidad y seguridad del Sistema Eléctrico Nacional, con motivo del reconocimiento de la pandemia COVID-19, con tres acciones muy concretas: 1) la suspensión, a partir del 3 de mayo y por tiempo indefinido, de la autorización para llevar a cabo pruebas pre-operativas y para la realización de pruebas pre-operativas de centrales eléctricas eólicas y fotovoltaicas en proceso de operación comercial; 2) el cambio de criterios para el despacho de centrales eléctricas en algunas regiones; y 3) revisar la viabilidad de las solicitudes de licencia para salidas programadas.
Claramente vemos la visión nacionalista para limitar la generación e inversión de electricidad privada, impulsar la participación de la CFE en el mercado y debilitar las facultades de la CRE y del CENACE. Esto se resume en la consideración de que no es prioritario contar con un mercado eléctrico eficiente y más limpio.
Pero llegó el momento de poner un alto a esta política de no impulsar la transición energética y el pasado 24 de junio se concedió a Greenpeace y al Centro Mexicano de Derecho Ambiental la suspensión definitiva contra el acuerdo y la política de generación de energía eléctrica, mostrando las contradicciones que existen entre la contaminación resultante de generar electricidad sustentada en la quema de combustóleo y por consiguiente en frenar la transición hacia fuentes renovables y garantizar con ello los derechos humanos a la salud y a un medio ambiente sano. Con ello se vuelve a poner en el centro de la discusión el fomento al uso de las energía renovables en la producción eléctrica a fin de garantizar la sustentabilidad.
Dicho fallo legal se traduce en una victoria para las generaciones presentes y futuras; ojalá que la SENER y la CFE hagan un viraje de timón y vuelvan a considerar la transición energética como una prioridad del sector.
Ambientalista
