Por: Catherine Prati Sousselet
Pocas semanas antes de concluir la administración de Enrique Peña Nieto, se presentó en la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) el Mapeo de Proyectos y Acciones de Cooperación Internacional de Gobiernos Subnacionales en México: un notable esfuerzo de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID), que desafortunadamente sólo “cartografió la participación de los gobiernos estatales y municipales de nuestro país en la cooperación internacional para el desarrollo (CID)”.
Una publicación significativa que se puede considerar como el primer atlas mexicano de la CID. Un punto de partida para impostergables trabajos que han de darse para transformar a la CID, hoy un mecanismo altamente disponible, en uno ampliamente aprovechado y eficiente para reducir las desigualdades que sufren múltiples comunidades mexicanas y de los países centroamericanos.
Involucrado como receptor de cooperación internacional desde los años setenta, México, al integrar la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y al ser etiquetado como país de renta media, ha ido perdiendo progresivamente, a partir de la década de los noventa, el beneficio del acceso a los fondos de Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD). Sin embargo, en la actualidad, y aunque desempeñe un papel dual en la materia, las aportaciones recibidas son significativamente muy superior a lo ofertado.
Desde hace un cuarto de siglo, la Ley sobre la Celebración de los Tratados (1992) ha permitido a las entidades locales suscribir acuerdos con sus pares en el exterior. Si los hermanamientos suelen tener un alcance limitado a los aspectos culturales, se ha esperado más de los acuerdos interinstitucionales que, por lo general, buscan atraer elementos de CID local. Aunque la SRE ha diseñado una normativa para el registro de dichos acuerdos, no existe un aparato que centralice la información relacionada con los detalles de cada proyecto, los avances de la implementación en las localidades o la medición del impacto en el Índice de Desarrollo Humano local (IDH).
Si la austeridad republicana es el nuevo eje estratégico del gasto público, sin duda el Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (INAFED), creado en 2002 en la Secretaría de Gobernación (Segob) con el fin de coordinar las relaciones entre la administración pública federal y los demás órdenes de gobierno, pudiera desempeñar un papel fundamental para la transparencia y rendición de cuentas en la materia.
En efecto, el Sistema Nacional de Información Municipal (SNIM) es un sistema de consulta en línea que concentra la información proveniente de fuentes oficiales sobre los 2 mil 448 municipios y las 16 alcaldías de la CDMX y proporciona datos a toda persona interesada en el desarrollo de los gobiernos locales. Al recibir datos de entidades locales y federales, congresos locales, así como el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el Consejo Nacional de Población (Conapo) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el INAFED se posiciona como un ente digno de colaborar con la Dirección General de Coordinación Política (DGCP) de la SRE para una CID eficiente.
Coordinadora de Posgrado y Educación Continua en la Facultad de Estudios Globales
