Por: ALMENDRA ORTIZ DE ZÁRATE y REBECA OLASCOAGA
Desde hace varias décadas, México ha sido escenario de movimientos migratorios provenientes de Centroamérica, que, debido al volumen, frecuencia y cobertura mediática, despertaron el interés público a partir de 2018. Desde entonces, alrededor de seis caravanas migrantes han ingresado al país con el objetivo de llegar a Estados Unidos. Estas olas migratorias presentan grandes desafíos a la política nacional y por ello se considera tanto un asunto de seguridad nacional como de derechos humanos, que conlleva a la redefinición del papel que desempeña México en la dinámica migratoria regional.
En un contexto de grandes retos, al país se le presentan tres posibilidades de acción: mantener una política conciliadora pero firme frente las exigencias estadounidenses; crear una política de compromiso y cooperación con los gobiernos de Guatemala, El Salvador y Honduras; o mantener una política enfocada hacia los problemas internos, para evitar la crítica de la opinión pública y de la sociedad mexicana. El gobierno mexicano ha hecho lo siguiente: por un lado, se logró evitar la imposición arancelaria de Donald Trump a través de la negociación y la adquisición de compromisos para frenar las migraciones masivas. La Guardia Nacional se ha dado a la tarea de desincentivar las migraciones mediante el patrullaje en el municipio de Suchiate y Tapachula, donde se han encontrado migrantes de nacionalidades no sólo de Centroamérica, sino de todas las regiones del mundo, incluido Bangladesh. Por otro lado, se ha establecido comunicación con los presidentes de los países del Triángulo del Norte, así como con el G20 y la Unión Europea para implementar medidas de cooperación en el tema migratorio.
Las reacciones por parte de la sociedad mexicana han sido ambivalentes. Resaltan desde quienes señalan la ilegalidad de los cruces migratorios y la necesidad de frenarlos drásticamente, hasta quienes sienten empatía por las precarias circunstancias en las que viajan las personas que buscan mejorar sus condiciones de vida y apuntan hacia un trato más digno.
Es urgente lograr una migración más ordenada; se requiere del fortalecimiento de los programas de asilo y recepción de migrantes y, al mismo tiempo, México necesita mantener su compromiso en la protección de los Derechos Humanos de los migrantes. La atención de las causas que conducen a la migración en la dimensión actual, deben atenderse mediante estrategias que impulsen el desarrollo y la prosperidad de los países expulsores, mediante el reconocimiento de que los problemas regionales son también problemas locales. La migración es un fenómeno complejo y no hay soluciones fáciles e inmediatas. Se espera que el Plan de Desarrollo Integral permita mitigar las causas que conducen a la migración en Centroamérica y que la inversión que la comunidad internacional está aportando, logre el crecimiento suficiente para que la migración regional deje de ser una condición forzosa para salir de los círculos de pobreza en esas sociedades.
*Coordinadora Académica de la Licenciatura en Relaciones Internacionales
**Egresada de la Licenciatura en Relaciones Internacionales
