/ martes 3 de abril de 2018

Anaya: Promesas imposibles de cumplir

En reciente entrevista con el periodista Jorge Ramos, Ricardo Anaya aceptó haber dicho: “Cuando lleguemos a la presidencia vamos a hacer justicia y eso incluye al presidente Peña Nieto”; enseguida, a la pregunta de si va a investigar al referido presidente, Anaya responde con total incongruencia y una alta dosis de hipocresía: “Absolutamente, y te explico cómo; primero con una Fiscalía verdaderamente autónoma e independiente...” La pretensión contenida en la respuesta resulta jurídicamente aberrante ya que no puede hacer ambas cosas; si promueve una investigación invade el terreno de la Fiscalía vulnerando su autonomía; si decide encabezar una persecución penal, no solo mantendrá formalmente a la Procuraduría en el ámbito del Ejecutivo—incumpliendo el proyecto de independizarla— sino su injerencia supondría el uso faccioso del Ministerio Público.

Si de verdad vamos a tener una Fiscalía autónoma, cuya designación inclusive podría quedar al margen de la voluntad del Presidente de la República porque surgiera de la consulta a organizaciones de la sociedad civil y por una votación calificada del Senado, entonces quien pretende alcanzar la presidencia tendría que admitir que está absolutamente impedido de ofrecer persecuciones oinvestigaciones, las cuales quedarían totalmente fuera de su competencia.

Un Presidente comprometido con la autonomía absoluta de la Fiscalía tendría que renunciar plenamente a cualquier tentación de influir en las decisiones del Fiscal. Si se promete que se impulsará la total independencia del órgano investigador, lo primero que tendría que reconocer el candidato que tal cosa proponga es que no le compete, ni siquiera mediante una declaración, pretender orientar o inducir el trabajo de un Fiscal.

Anaya afirmó, sin que se lo preguntaran expresamente, que no se trata de una venganza sino simplemente de justicia; pero su posición postula una conducta exactamente igual a la que él ha criticado. Ante los planteamientos que lo vincularon a maniobras para lavar dinero con motivo de la compra y venta de un terreno en Querétaro, acusó al Ejecutivo de pretender hacer un uso político de la institución que tiene a su cargo la persecución del delito y poco después, apenas en su condición de candidato, presenta como propuesta de campaña electoral hacer una investigación de la conducta de quien sería su antecesor, lo que implica necesariamente la intención de dar un uso político al Ministerio Público, institución que teóricamente, según su propia afirmación, sería verdaderamente autónoma. Es patente la contradicción que revela el propósito de intervenir desde su eventual presidencia en la función de la que justamente se intenta separar al titular del Ejecutivo.

El segundo instrumento para ejecutar su persecución es una pretendida “comisión de la verdad” que según su dicho operaría como una instancia paralela a la Fiscalía. Eso constituye otra contradicción jurídica; en primer lugar porque si existe una Fiscalía autónoma encargada de investigar los delitos, generar una instancia que realice la misma función implica una de indebida intervención en la autonomía del órgano investigador; pero además significa una violación al orden jurídico impropia de quien pretende ser presidente. Entre las facultades del Ejecutivo no se encuentra la promoción de comisiones de la verdad. Pretender constituir una instancia con intervención extranjera con el objetivo deliberado de perseguir a su oponente político carece totalmente de fundamentación. En sus respuestas Anaya se orienta específicamente en contra de la figura del presidente Peña Nieto y anuncia su pretensión de acudir a la ONU, sin atribuciones para ello, demostrando esa inclinación a acogerse a lo extranjero, como ya lo demostró al mantener a su familia en Atlanta.

No existe en el sistema jurídico constitucional de nuestro país la figura de una “comisión de la verdad” y menos aún para que desplace al Ministerio Público como expresamente lo plantea el candidato de la coalición PAN-PRD-MC. Cuando socarronamente dice que no se trata de una venganza y que por eso recurriría a la investigación externa, en realidad está confesando su intención de emplear mecanismos ajenos al régimen jurídico que tendría que comprometerse a preservar. Esta “comisión de la verdad” recuerda un poco el planteamiento de AMLO de redactar una“constitución moral”, también al margen de las disposiciones jurídicas que rigen en el país.

Resulta lamentable que quienes intentan ocupar la Presidencia de la República desconozcan completamente el derecho en una doble dimensión: la de su ignorancia o desconocimiento y la que implica el propósito de violarlo para alcanzar sus fines particulares. Para votar responsablemente es preciso analizar las reales finalidades de los candidatos cuya función es presentar propuestas que resuelvan los problemas nacionales que a todos nos afectan, no las que satisfagan sus propios impulsos pasionales.

eduardoandrade1948@gmail.com

En reciente entrevista con el periodista Jorge Ramos, Ricardo Anaya aceptó haber dicho: “Cuando lleguemos a la presidencia vamos a hacer justicia y eso incluye al presidente Peña Nieto”; enseguida, a la pregunta de si va a investigar al referido presidente, Anaya responde con total incongruencia y una alta dosis de hipocresía: “Absolutamente, y te explico cómo; primero con una Fiscalía verdaderamente autónoma e independiente...” La pretensión contenida en la respuesta resulta jurídicamente aberrante ya que no puede hacer ambas cosas; si promueve una investigación invade el terreno de la Fiscalía vulnerando su autonomía; si decide encabezar una persecución penal, no solo mantendrá formalmente a la Procuraduría en el ámbito del Ejecutivo—incumpliendo el proyecto de independizarla— sino su injerencia supondría el uso faccioso del Ministerio Público.

Si de verdad vamos a tener una Fiscalía autónoma, cuya designación inclusive podría quedar al margen de la voluntad del Presidente de la República porque surgiera de la consulta a organizaciones de la sociedad civil y por una votación calificada del Senado, entonces quien pretende alcanzar la presidencia tendría que admitir que está absolutamente impedido de ofrecer persecuciones oinvestigaciones, las cuales quedarían totalmente fuera de su competencia.

Un Presidente comprometido con la autonomía absoluta de la Fiscalía tendría que renunciar plenamente a cualquier tentación de influir en las decisiones del Fiscal. Si se promete que se impulsará la total independencia del órgano investigador, lo primero que tendría que reconocer el candidato que tal cosa proponga es que no le compete, ni siquiera mediante una declaración, pretender orientar o inducir el trabajo de un Fiscal.

Anaya afirmó, sin que se lo preguntaran expresamente, que no se trata de una venganza sino simplemente de justicia; pero su posición postula una conducta exactamente igual a la que él ha criticado. Ante los planteamientos que lo vincularon a maniobras para lavar dinero con motivo de la compra y venta de un terreno en Querétaro, acusó al Ejecutivo de pretender hacer un uso político de la institución que tiene a su cargo la persecución del delito y poco después, apenas en su condición de candidato, presenta como propuesta de campaña electoral hacer una investigación de la conducta de quien sería su antecesor, lo que implica necesariamente la intención de dar un uso político al Ministerio Público, institución que teóricamente, según su propia afirmación, sería verdaderamente autónoma. Es patente la contradicción que revela el propósito de intervenir desde su eventual presidencia en la función de la que justamente se intenta separar al titular del Ejecutivo.

El segundo instrumento para ejecutar su persecución es una pretendida “comisión de la verdad” que según su dicho operaría como una instancia paralela a la Fiscalía. Eso constituye otra contradicción jurídica; en primer lugar porque si existe una Fiscalía autónoma encargada de investigar los delitos, generar una instancia que realice la misma función implica una de indebida intervención en la autonomía del órgano investigador; pero además significa una violación al orden jurídico impropia de quien pretende ser presidente. Entre las facultades del Ejecutivo no se encuentra la promoción de comisiones de la verdad. Pretender constituir una instancia con intervención extranjera con el objetivo deliberado de perseguir a su oponente político carece totalmente de fundamentación. En sus respuestas Anaya se orienta específicamente en contra de la figura del presidente Peña Nieto y anuncia su pretensión de acudir a la ONU, sin atribuciones para ello, demostrando esa inclinación a acogerse a lo extranjero, como ya lo demostró al mantener a su familia en Atlanta.

No existe en el sistema jurídico constitucional de nuestro país la figura de una “comisión de la verdad” y menos aún para que desplace al Ministerio Público como expresamente lo plantea el candidato de la coalición PAN-PRD-MC. Cuando socarronamente dice que no se trata de una venganza y que por eso recurriría a la investigación externa, en realidad está confesando su intención de emplear mecanismos ajenos al régimen jurídico que tendría que comprometerse a preservar. Esta “comisión de la verdad” recuerda un poco el planteamiento de AMLO de redactar una“constitución moral”, también al margen de las disposiciones jurídicas que rigen en el país.

Resulta lamentable que quienes intentan ocupar la Presidencia de la República desconozcan completamente el derecho en una doble dimensión: la de su ignorancia o desconocimiento y la que implica el propósito de violarlo para alcanzar sus fines particulares. Para votar responsablemente es preciso analizar las reales finalidades de los candidatos cuya función es presentar propuestas que resuelvan los problemas nacionales que a todos nos afectan, no las que satisfagan sus propios impulsos pasionales.

eduardoandrade1948@gmail.com