La ejecución extrajudicial de Ángel Yael, estudiante de 19 años de la Universidad de Guanajuato, perpetrada por un elemento de la Guardia Nacional pone de nuevo la discusión sobre la concepción militarista de esta Institución de seguridad pública, creada por el Presidente López Obrador.
Esta Institución, en los hechos está integrada en su mayoría por elementos del ejército y de la marina, y está dirigida desde su creación por militares, contraviniendo la Constitución. En realidad nunca se tuvo la intención de reclutar civiles a la Guardia Nacional; el número de ex policías es mínimo. De los 102,312 elementos, 62,284 es personal asignado desde la SEDENA, y de la SEMAR son 16,792; sus sueldos los pagan las fuerzas armadas. Personal civil son solo 23,236. López Obrador ha faltado a su palabra cuando se comprometió a regresar a sus cuarteles a los militares y sus críticas a Calderón y a Peña fue pura propaganda demagógica, timó a todos quienes confiaron lo haría.
La verdadera intención del Presidente siempre fue militarizar la seguridad pública, y lo reafirma con su intención de integrar la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional. Si no lo impedimos, México pasará del grupo de países que habían tenido una seguridad publica totalmente civil (75% de los países) al grupo de países que su policía es totalmente militar. México estará en el grupo junto con Corea del Norte, Nicaragua, Arabia Saudita, Irán, Siria, Yemen, Angola, Camboya, Vietnam, Kazajistán.
Mientras la tendencia mundial va en camino de desaparecer toda policía militar que conviva con la civil, aquí quien conduce el gobierno va incluso en contra del propio proceso de reformas que ha sufrido el Código de Justicia Militar que data de 1933, con reformas trascendentales en 2014 y 2016 para derogar preceptos de corte marcial.
México después de las guerras de la revolución mexicana de principios del siglo pasado, poco a poco ha ido transitando a un gobierno constitucional totalmente civil, sólo usaría al Ejército de manera discrecional y como recurso para reprimir eventos insurgentes inscritos en la disidencia política al gobierno entre los años 60s y 80s, siendo evidente la participación del ejército en el 68 y en la persecución de la guerrilla de principios de los 70s. En esta etapa conocida como la guerra sucia, desaparecieron de manera forzosa cientos de personas, y hasta el día de hoy, no se conoce su suerte o su paradero. Viene a la memoria la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado Mexicano por el caso Rosendo Radilla Pacheco desaparecido en 1974 por parte de militares quienes fueron señalados por violaciones sistemáticas y masivas a los derechos humanos. Otras sentencias de CoIDH van contra soldados por violadores de dos mujeres indígenas Inés y Valentina.
Que elementos castrenses se encarguen de la seguridad pública es un grave error. Que el Presidente usando su poder les encomiende la administración de instituciones civiles y les de obra pública directa, no es correcto. Que se acompañe por los Secretarios del ejército y de la marina a todas partes, causa suspicacia.
Es momento de reflexionar si será necesario, una decisión como la que tomó Costa Rica en 1948, cuando eliminó el Ejército de su Constitución. México es un país pacifista, la seguridad nacional debería ser vigilada por policías civiles especializadas en cada ámbito.
