/ sábado 11 de abril de 2020

Ante la falta de apoyos, capacitación

Desde el Estado, en todo el mundo, se preparan planes verdaderamente históricos para enfrentar la crisis económica que tenemos encima por efecto de la pandemia de coronavirus: apoyos masivos a desempleados y negocios, políticas fiscales y monetarias contra cíclicas, acopio de ingentes recursos, incluyendo a través de deuda.

Se trata de que familias y empresas puedan superar meses muy difíciles y que, una vez que se controle la contingencia sanitaria, la economía esté en condiciones de reactivación. Todo indica que esto no será el caso en México, donde el gobierno, lejos de asumir ese papel de rescate y respaldo, será un muro contra las medidas que deben tomarse.

El reto no es parar una recesión ya iniciada: la cuestión es mitigar y evitar que una situación que debería ser temporal se prolongue con una capacidad destructiva inédita, por la vía de la desaparición de negocios y empleos. Lo que se presentó como el plan de gobierno no cubre esa necesidad.

Se dice que se crearán 2 millones de empleos en nueve meses, cuando todo el 2019 cerró con apenas 342 mil plazas formales (la cifra más baja desde 2009), y eso con una caída de 0.1%, muy lejos del -5, -7 o -10 por ciento con que podemos acabar en 2020. Aparte, nueve de cada 10 empleos los genera sector privado.

Se señala que habrá créditos para pequeñas empresas familiares. Pero no hay ningún programa nuevo: con algunas modificaciones casi de nombre, es lo que queda de anteriores administraciones, mucho de lo cual ha sido desmantelado, como ahora lo serán cientos de fideicomisos.

Se hace hincapié en que no aumentarán los impuestos ni se crearán nuevos; pero sería absurdo que alguien pensara en ello o en subir el precio de las gasolinas en este momento. Esto no compensa la ausencia de lo que sí urge: diferimiento y facilidades tributarias para aliviar los problemas de liquidez que enfrentan empresas y trabajadores por la suspensión de actividades. Muchos negocios podrán mantener la integridad de sus nóminas en abril, tal vez mayo, pero no mucho más si no hay ingresos para pagarlas y menos aún para liquidaciones.

Se sigue confundiendo lo que es un alivio tributario con una condonación. La comparación con el Fobaproa es desafortunada: aquí se trata de apoyar a las mipymes, 99.8% de las 4.2 millones de unidades económicas, que aportan 42% del PIB y 78% de empleo. El 90% de las empresas tiene de uno a 10 empleados.

En cambio, crecen los recursos para proyectos no rentables que en lugar de generar ingresos apuntan a ser barriles sin fondo, como la refinería de Dos Bocas. Pemex dispondría de 65 mil millones de pesos extras en reducción de carga fiscal, al contrario de las empresas, que ni siquiera podrán diferir. Incluso se proclama que aumentará la producción de gasolinas, lo que incrementará las pérdidas históricas en la materia.

Se dice que el énfasis se pone en proteger a la población en pobreza, a través de los programas sociales. El problema es que estos apoyos, con fuerte carácter clientelar y cada vez menos seguimiento y rendición de cuentas, dependen de los impuestos que pagan empresas y trabajadores.

Desde el sector privado se está haciendo un esfuerzo emergente, ante la negativa de ir por un plan integral y un pacto nacional en que participen los sectores productivos y el gobierno. Hay varias acciones útiles que se pueden tomar de forma alternativa o excepcional, en cada empresa, en los clústeres y cadenas de valor, así como de forma gremial.

Es factible crear, a través de cámaras y asociaciones, programas sectoriales enfocados a preservar a todos los eslabones de los encadenamientos productivos. Generar acuerdos marco que puedan adaptarse en las relaciones de proveeduría: descuentos, cuotas, crédito a proveedores y clientes, compras por adelantado, garantías o avales sectoriales para facilitar la obtención de financiamiento para capital de trabajo.

Cada empresa debe trazar una estrategia con sus clientes para poner por delante la relación de largo plazo, compartiendo de común acuerdo los costos en el periodo extraordinario. Básicamente: flexibilidad.

Empresas y prestadores de servicios en general, como dueños de inmuebles, pueden acordar con sus contrapartes descuentos temporales, diferimientos, contratos a futuro. Se trata de distribuir los costos en la contingencia para preservar las vinculaciones, en función de la confianza y la determinación de cuidar la sociedad comercial.

En la relación con los empleados, sobre todo en el caso de las mipymes, no queda otro camino que el de la conciliación y la misma distribución de costos: reducciones y diferimientos de mutuo acuerdo en aras de cuidar no sólo las plazas, sino la supervivencia de las mismas empresas en tanto fuente de ingresos para trabajadores, empresarios y gobierno.

Finalmente, son tiempos de despertar ciudadano, con impulso de la sociedad civil organizada y del sector privado. Es fundamental que haya contrapesos que generen equilibrios, para que funcionen nuestra democracia, el Estado de derecho y las capacidades con que deberíamos contar los mexicanos a través de los recursos y facultades del Estado. Esta es tarea de todos.

Empresario

Desde el Estado, en todo el mundo, se preparan planes verdaderamente históricos para enfrentar la crisis económica que tenemos encima por efecto de la pandemia de coronavirus: apoyos masivos a desempleados y negocios, políticas fiscales y monetarias contra cíclicas, acopio de ingentes recursos, incluyendo a través de deuda.

Se trata de que familias y empresas puedan superar meses muy difíciles y que, una vez que se controle la contingencia sanitaria, la economía esté en condiciones de reactivación. Todo indica que esto no será el caso en México, donde el gobierno, lejos de asumir ese papel de rescate y respaldo, será un muro contra las medidas que deben tomarse.

El reto no es parar una recesión ya iniciada: la cuestión es mitigar y evitar que una situación que debería ser temporal se prolongue con una capacidad destructiva inédita, por la vía de la desaparición de negocios y empleos. Lo que se presentó como el plan de gobierno no cubre esa necesidad.

Se dice que se crearán 2 millones de empleos en nueve meses, cuando todo el 2019 cerró con apenas 342 mil plazas formales (la cifra más baja desde 2009), y eso con una caída de 0.1%, muy lejos del -5, -7 o -10 por ciento con que podemos acabar en 2020. Aparte, nueve de cada 10 empleos los genera sector privado.

Se señala que habrá créditos para pequeñas empresas familiares. Pero no hay ningún programa nuevo: con algunas modificaciones casi de nombre, es lo que queda de anteriores administraciones, mucho de lo cual ha sido desmantelado, como ahora lo serán cientos de fideicomisos.

Se hace hincapié en que no aumentarán los impuestos ni se crearán nuevos; pero sería absurdo que alguien pensara en ello o en subir el precio de las gasolinas en este momento. Esto no compensa la ausencia de lo que sí urge: diferimiento y facilidades tributarias para aliviar los problemas de liquidez que enfrentan empresas y trabajadores por la suspensión de actividades. Muchos negocios podrán mantener la integridad de sus nóminas en abril, tal vez mayo, pero no mucho más si no hay ingresos para pagarlas y menos aún para liquidaciones.

Se sigue confundiendo lo que es un alivio tributario con una condonación. La comparación con el Fobaproa es desafortunada: aquí se trata de apoyar a las mipymes, 99.8% de las 4.2 millones de unidades económicas, que aportan 42% del PIB y 78% de empleo. El 90% de las empresas tiene de uno a 10 empleados.

En cambio, crecen los recursos para proyectos no rentables que en lugar de generar ingresos apuntan a ser barriles sin fondo, como la refinería de Dos Bocas. Pemex dispondría de 65 mil millones de pesos extras en reducción de carga fiscal, al contrario de las empresas, que ni siquiera podrán diferir. Incluso se proclama que aumentará la producción de gasolinas, lo que incrementará las pérdidas históricas en la materia.

Se dice que el énfasis se pone en proteger a la población en pobreza, a través de los programas sociales. El problema es que estos apoyos, con fuerte carácter clientelar y cada vez menos seguimiento y rendición de cuentas, dependen de los impuestos que pagan empresas y trabajadores.

Desde el sector privado se está haciendo un esfuerzo emergente, ante la negativa de ir por un plan integral y un pacto nacional en que participen los sectores productivos y el gobierno. Hay varias acciones útiles que se pueden tomar de forma alternativa o excepcional, en cada empresa, en los clústeres y cadenas de valor, así como de forma gremial.

Es factible crear, a través de cámaras y asociaciones, programas sectoriales enfocados a preservar a todos los eslabones de los encadenamientos productivos. Generar acuerdos marco que puedan adaptarse en las relaciones de proveeduría: descuentos, cuotas, crédito a proveedores y clientes, compras por adelantado, garantías o avales sectoriales para facilitar la obtención de financiamiento para capital de trabajo.

Cada empresa debe trazar una estrategia con sus clientes para poner por delante la relación de largo plazo, compartiendo de común acuerdo los costos en el periodo extraordinario. Básicamente: flexibilidad.

Empresas y prestadores de servicios en general, como dueños de inmuebles, pueden acordar con sus contrapartes descuentos temporales, diferimientos, contratos a futuro. Se trata de distribuir los costos en la contingencia para preservar las vinculaciones, en función de la confianza y la determinación de cuidar la sociedad comercial.

En la relación con los empleados, sobre todo en el caso de las mipymes, no queda otro camino que el de la conciliación y la misma distribución de costos: reducciones y diferimientos de mutuo acuerdo en aras de cuidar no sólo las plazas, sino la supervivencia de las mismas empresas en tanto fuente de ingresos para trabajadores, empresarios y gobierno.

Finalmente, son tiempos de despertar ciudadano, con impulso de la sociedad civil organizada y del sector privado. Es fundamental que haya contrapesos que generen equilibrios, para que funcionen nuestra democracia, el Estado de derecho y las capacidades con que deberíamos contar los mexicanos a través de los recursos y facultades del Estado. Esta es tarea de todos.

Empresario