Por: Belem Barrera
El 27 de enero, fue asesinada M., junto a su madre. M. era una niña de 9 años, que estudiaba en la escuela primaria Gabriela Mistral. Su madre, de 36 años, se dedicaba al comercio. Ambas vivían en Escape de Lagunillas, en Chietla, Puebla. En esa zona fue donde las encontraron. Las dos fueron asesinadas a balazos. Las investigaciones de la Fiscalía de Justicia de Puebla revelaron que la niña recibió 13 impactos de bala, algunos de ellos en las manos, lo que indica que trató de defenderse de los proyectiles. También tenía huellas de abuso sexual.
Su caso no es el único: diariamente se cometen atrocidades en México. Sin embargo, aunque estos eventos estén contemplados de alguna manera en las estadísticas oficiales, no existe en nuestro país un seguimiento sistemático de las “atrocidades”. Por ello, Causa en Común decidió hacer un estudio sobre las atrocidades cometidas en el país, con base en notas periodísticas.[1] Entre enero y junio de 2020 detectó, al menos, 1,272 notas periodísticas sobre eventos que pueden catalogarse como “atrocidades”, 2,124 “atrocidades” y 2,802 víctimas.
El estudio muestra información relevante. Primero, es necesario ir más allá de las cifras de incidencia delictiva y observar las historias para rescatar nuestra capacidad para conmovernos ante el dolor y crueldad.
Segundo, las atrocidades son cometidas por todas las personas, no meramente por el crimen organizado. Estos actos son perpetrados por mexicanos contra mexicanos, independientemente de lo que consideramos como “estructuras delictivas”. Se trata de violencia criminal, sí, pero es también violencia familiar, violencia comunitaria y violencia social.
Tercero, aunque las atrocidades se registran en todo el país, el número y tipo varía en cada entidad federativa. Se detectaron más “atrocidades” en Guanajuato, Michoacán, Jalisco, Chihuahua y Guerrero (cada uno con más de 140) y menos en Querétaro, Baja California Sur, Campeche y Yucatán (cada uno con menos de tres). Los estados registraron diferentes tipos de atrocidades. Por ejemplo, Guanajuato tuvo el mayor número de registros de masacres; de asesinato de niñas, niños y adolescentes; y de descuartizamientos. Jalisco concentró los casos de fosas o desintegración de cuerpos. Baja California registró el mayor número de calcinamientos. Michoacán reportó el mayor número de casos de tortura.
A raíz de dichos hallazgos, Causa en Común propone lo siguiente. Se requieren políticas nacionales para elevar y homologar capacidades y procedimientos policiales y ministeriales, pero igualmente son indispensables enfoques sociológicos para generar políticas locales de seguridad, de prevención y sociales, que respondan a las realidades de cada región del país.
Aunados a los enfoques policiales y sociológicos, deben sumarse enfoques psicológicos. Por ello, contrario al desmantelamiento de estructuras y programas del sector salud, deben éstas fortalecerse e incluir, de manera prioritaria, la atención psicológica especializada.
Por último, pero no menos importante, es la responsabilidad que todos tenemos para construir la seguridad que queremos. Cada uno de nosotros debe exigir a los gobiernos locales y al federal, al menos: a) la resolución de casos que han agraviado a la comunidad; y b) reformas de cuerpos policiales y de fiscalías para incrementar sueldos y prestaciones, mejorar la capacitación, y proveer equipos e infraestructuras.
Reforma institucional, enfoques sociológicos, atención psicológica, y exigencia ciudadana. Causa en Común considera que estas son algunas de las claves de una auténtica estrategia para enfrentar las violencias que asolan a nuestro país. Ojalá los gobiernos federal y locales sepan escuchar, porque ya no hay tiempo.
[1] Para conocer más detalles del estudio, véase: Causa en Común, Galería del horror:
Atrocidades registradas en medios periodísticos durante el primer semestre de 2020, (Ciudad de México, Causa en Común, 2020), https://bit.ly/3grNqFU
