/ viernes 14 de febrero de 2020

Antena | Comité de Evaluación: secreto de confesión

No es la primera vez que hay cuestionamientos sobre el diseño del examen y la falta de transparencia en los resultados sobre el proceso para elegir comisionados al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), aunado a que las decisiones del Comité de Evaluación son inimpugnables y sólo dios y ellos saben su valoración, en una especie de secreto de confesión.

Lo ocurrido en la última convocatoria, que era exclusiva para mujeres, es importante señalar que no se vea como una decisión contraria a la equidad de género, sino como una queja recurrente de mujeres y hombres que han participado en estos procesos de selección, lo que conlleva a revisar cómo se puede mejorar, incluso sin necesidad de hacer cambios constitucionales.

Ahora bien, el hecho de que se haya tenido que emitir una nueva convocatoria para elegir al nuevo comisionado del IFT, tiene diversas implicaciones.

Aunque ahora sí participaran mujeres y hombres, es cuestionable que la lista de aspirantes que se vaya a enviar por el Comité de Evaluación se integre primeramente con las calificaciones aprobatorias más altas de las mujeres, seguida de las calificaciones aprobatorias más altas de los hombres.

Ello no sólo resulta desequilibrado y contrario a la igualdad de oportunidades, sino que sigue desincentivando la participación e imponiendo criterios a su antojo.

La designación del comisionado tardará al menos tres meses más, incluso se puede llevar un mayor tiempo si el proceso se vuelve a reponer o si no hay consenso en el Senado.

De acuerdo con la nueva convocatoria, el examen será hasta el 28 de marzo, por lo que quedará abril para que el Comité de Evaluación envíe la lista de seleccionados al Ejecutivo Federal y éste haga su propuesta al Senado, quien deberá hacer la designación.

En este contexto, mete ruido la referencia que hizo el Presidente de la República de que anteriormente a los comisionados los elegía la industria; cuando antes de ser órgano autónomo los designaba directamente el Presidente y ahora también, bajo un modelo de evaluación que está dejando mucho que desear.

Al retrasarse la elección de la vacante de comisionado -en carambola- se podría retardar también la elección del nuevo Presidente del IFT, que es atribución del Senado. Veremos si esperan a que esté completamente integrado el Pleno del regulador de las telecomunicaciones para que todos puedan participar por la Presidencia del órgano regulador; mientras, se designa Presidente del organismo, por norma deberá conducirlo el “decano”.

En dos semanas, concluye la “administración Contreras”, que pulverizo el pastel publicitario con las nuevas estaciones de radio, hubo retardo y negativas injustas en la prórroga de concesiones, elevó el valor de las contraprestaciones por prórrogas, no hubo un combate efectivo a los piratas, sucumbió ante la presión de otorgar concesiones sociales que tienen naturaleza comercial o religioso, y para terminar busca imponer nuevas obligaciones y cargas administrativas.

Por el bien de la autonomía del regulador, debe prevalecer la transparencia y el respeto a sus funciones e integración.

No es la primera vez que hay cuestionamientos sobre el diseño del examen y la falta de transparencia en los resultados sobre el proceso para elegir comisionados al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), aunado a que las decisiones del Comité de Evaluación son inimpugnables y sólo dios y ellos saben su valoración, en una especie de secreto de confesión.

Lo ocurrido en la última convocatoria, que era exclusiva para mujeres, es importante señalar que no se vea como una decisión contraria a la equidad de género, sino como una queja recurrente de mujeres y hombres que han participado en estos procesos de selección, lo que conlleva a revisar cómo se puede mejorar, incluso sin necesidad de hacer cambios constitucionales.

Ahora bien, el hecho de que se haya tenido que emitir una nueva convocatoria para elegir al nuevo comisionado del IFT, tiene diversas implicaciones.

Aunque ahora sí participaran mujeres y hombres, es cuestionable que la lista de aspirantes que se vaya a enviar por el Comité de Evaluación se integre primeramente con las calificaciones aprobatorias más altas de las mujeres, seguida de las calificaciones aprobatorias más altas de los hombres.

Ello no sólo resulta desequilibrado y contrario a la igualdad de oportunidades, sino que sigue desincentivando la participación e imponiendo criterios a su antojo.

La designación del comisionado tardará al menos tres meses más, incluso se puede llevar un mayor tiempo si el proceso se vuelve a reponer o si no hay consenso en el Senado.

De acuerdo con la nueva convocatoria, el examen será hasta el 28 de marzo, por lo que quedará abril para que el Comité de Evaluación envíe la lista de seleccionados al Ejecutivo Federal y éste haga su propuesta al Senado, quien deberá hacer la designación.

En este contexto, mete ruido la referencia que hizo el Presidente de la República de que anteriormente a los comisionados los elegía la industria; cuando antes de ser órgano autónomo los designaba directamente el Presidente y ahora también, bajo un modelo de evaluación que está dejando mucho que desear.

Al retrasarse la elección de la vacante de comisionado -en carambola- se podría retardar también la elección del nuevo Presidente del IFT, que es atribución del Senado. Veremos si esperan a que esté completamente integrado el Pleno del regulador de las telecomunicaciones para que todos puedan participar por la Presidencia del órgano regulador; mientras, se designa Presidente del organismo, por norma deberá conducirlo el “decano”.

En dos semanas, concluye la “administración Contreras”, que pulverizo el pastel publicitario con las nuevas estaciones de radio, hubo retardo y negativas injustas en la prórroga de concesiones, elevó el valor de las contraprestaciones por prórrogas, no hubo un combate efectivo a los piratas, sucumbió ante la presión de otorgar concesiones sociales que tienen naturaleza comercial o religioso, y para terminar busca imponer nuevas obligaciones y cargas administrativas.

Por el bien de la autonomía del regulador, debe prevalecer la transparencia y el respeto a sus funciones e integración.