Las libertades fundamentales siempre están en riesgo, por ello ha sido necesario plasmarlas en una Constitución y dar garantías institucionales para su protección, no obstante, existe siempre la tentación de algunas autoridades de restringir tales libertades, la razón es sencilla: les estorban para los aviesos fines que persiguen, sean meramente personales, económicos o políticos.
Dentro de estos derechos fundamentales se encuentra el derecho a comunicarse libremente, sin ser espiado, es lo que se conoce como la inviolabilidad de las comunicaciones privadas, se trata de resguardar la privacidad e intimidad de las personas, de tal manera que ninguna autoridad tiene porque saber con quién o lo que platicas, ni saber en dónde te encuentras o qué haces.
Esto se torna relevante por las recientes acusaciones de que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) estuvo realizando espionaje en perjuicio de diferentes personas, particularmente, opositores políticos e incluso a personajes afines al régimen de la 4T, esto es de lo más delicado por las implicaciones políticas y jurídicas que implican, entre las que destacan: un uso faccioso e ilegítimo de las instituciones, además de que las pruebas recabadas pueden carecer de valor probatorio legal pero pueden tener un alto valor mediático para desprestigiar a los oponentes.
La Fiscalía ha negado tales prácticas y refiere que son imputaciones falsas en el contexto de la ratificación de la titular de esa institución. Lo curioso del caso es que las otras partes involucradas (operador y jueces) no han salido a decir nada.
Sólo después del presunto espionaje en que ha incurrido la FGJCDMX, afloraron los datos y cifras sobre cómo las autoridades han ejercido estas atribuciones y como los operadores de telecomunicaciones se resignan a entregar la información que piden ante el temor de ser multados, trascendió que en 2017 América Móvil recibió 57,677 solicitudes de autoridades para entregar información de sus clientes o bien que ATT entre 2017 y 2018 recibió 26,082 peticiones de la autoridad y por haber retrasado la entrega de información en 9 casos fue multado por el Instituto Federal de Telecomunicaciones con 4 millones de pesos, aunque se pretendía una multa de 432 millones de pesos.
Con motivo de lo anterior, siempre será necesario estar atento a cuando las autoridades quieren acrecentar estas atribuciones, así como verificar el uso que le dan a facultades tan sensibles con alta intromisión en la privacidad e intimidad de las personas; propuestas como los padrones de usuarios, las cédulas de identidad y los controles biométricos en regímenes autoritarios es la peor combinación posible.
Por lo pronto será necesario que se aclare y haya absoluta transparencia en la información que han compartido los operadores de telecomunicaciones en cumplimiento de sus obligaciones de colaboración con la justicia. Aunque, “después de ahogado el niño, tapado el pozo”, un partido de oposición ya presentó una iniciativa para acotar tales facultades.
