Por: Javier Orozco
En estos días hemos observado dos hechos que muestran la forma de actuar de tres órganos del Estado, que han mostrado actitudes que se contraponen: por un lado, el Poder Legislativo coadyuva al sector de telecomunicaciones y radiodifusión, y por otro, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), muestran poca claridad en sus decisiones y un trato inequitativo.
La comparecencia del presidente del IFT ante la Cámara de Diputados revivió los diversos cuestionamientos que se dieron por la fusión Disney-Fox, lo que muestra que las cosas no quedaron claras, pues en caso contrario, nadie hubiera cuestionado.
Se evidencia la importancia de los contrapesos entre los distintos poderes, incluso con los órganos autónomos, que no tienen por qué escapar de los controles estatales.
Fueron tres puntos los que quedaron en el tintero, a pesar de las explicaciones del titular del IFT: la irregularidad en la aprobación de la fusión, al autorizar a un administrador que trabajó en la empresa Disney, cuando debería ser independiente; renació el conflicto de intereses de servidores públicos del IFT adscritos a la Unidad de Competencia, y la asignación de un contrato a un despacho en el que labora un excomisionado. Tiene la palabra la nueva contralora interna.
En ese mismo camino, uno de los mayores costos que enfrentan las ramas de telecomunicaciones y radiodifusión es el pago por el uso del espectro radioeléctrico, ya sea por los montos que deben pagarse como contraprestación (aprovechamiento fiscal) por el otorgamiento o prórroga de las concesiones, así como la realización de pagos anuales (derechos) en términos de la Ley Federal de Derechos, es lo que se debe pagar por usar la infraestructura cuyo dueño es el Estado.
Ante tal carga fiscal, llama la atención el trascendido del secretario de Comunicaciones y Transportes, durante el foro Mobile 360, en el sentido de que sería conveniente aligerar tal carga en el sector telecomunicaciones para fomentar la conectividad, lo que contrasta con lo dicho por el Presidente, y no sólo eso, se está olvidando a la radio y televisión, que al igual que las telecomunicaciones, requieren condiciones de viabilidad económica para su desarrollo.
Las políticas públicas deben ser generales e incluyentes, de tal manera que haya certeza y confianza de que existe un trato de igualdad; por ello, el anuncio de revisar el pago de derechos anuales por el espectro radioeléctrico para que las redes puedan expandirse, debería también de considerar al sector de radiodifusión; recordemos que son sectores que están sujetos a una regulación convergente y bajo un mismo órgano regulador: donde existan las mismas razones se deben profesar los mismos tratos. No olvidemos que la radiodifusión es gratuita y de un sólo golpe paga su contraprestación. En telecomunicaciones es anual y cobra por sus servicios.
El actual gobierno debe considerar que la radio y TV tienden a ser dispositivos “multiplataforma”, por lo que la sensibilidad para reducir los montos de derechos del espectro debiese ser equitativa.
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